Sonora.- A través de una denuncia anónima fue descubierta una red de tráfico de menores encabezada presuntamente por un ex funcionarios del DIF de Sonora.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sonora consignó a 16 personas por su probable participación en la comisión de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, así como por la sustracción y tráfico de menores.
Se giraron órdenes de aprehensión en contra del ex subprocurador de la Defensa del Menor y encargado de la Línea Protege, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, y otra en contra del abogado de la Unión Ganadera de Sonora, José Manuel Hernández López.
Carlos Navarro Sugich, procurador del estado, informó que se identificaron a nueve menores registrados de manera irregular ante el Registro Civil de Sonora, cuyos padres pagaron montos que oscilan entre los 80 mil hasta los 150 mil pesos y otros 15 mil pesos por el aviso de nacimiento.
El 18 de marzo pasado se recibió una denuncia anónima sobre las irregularidades en el proceso de adopción de los niños, y fue hasta ayer cuando se giraron las órdenes de aprehensión en contra de dos de los presuntos involucrados.
De acuerdo con las investigaciones, desde el 2012 los implicados encontraron la manera de obtener un beneficio económico a cambio de entregar a niños a personas que tenían el deseo de adoptar un menor y los presentaron ante el Registro Civil como hijos biológicos.
A los padres adoptivos involucrados también se les seguirá proceso penal, advirtió el fiscal sonorense.
Vladimir Arzate Carbajal, de 30 años, tiene cargos por incumplimiento de un deber legal con una condena que puede alcanzar de uno a seis años de prisión e inhabilitación, por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres puede alcanzar una pena de seis meses a seis años de cárcel y por sustracción y tráfico de menores de 15 a 40 años de prisión.
En las listas de acuerdos en los juzgados de Distrito federales en Hermosillo, consta que Vladimir Arzate Carbajal promovió un amparo con fecha 15 de mayo en contra del Agente del Ministerio Público especializado en Querellas y fue concedido.
