Victoria, Guanajuato.- Personas integrantes de comunidades de pueblos organizados demandaron que los trabajos legislativos trasciendan la labor de escritorio y se construyan desde el territorio, recorriendo las comunidades y garantizando una verdadera consulta previa, libre e informada.
Lo anterior fue expresado al iniciar la etapa de consulta a personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para analizar el primer bloque de iniciativas de reforma a diversos ordenamientos, con la finalidad de garantizar su participación efectiva, inclusiva y significativa en los procesos de toma de decisiones que impactan directamente en su vida y en el ejercicio de sus derechos.
El objetivo central de la consulta es escuchar sus opiniones, observaciones y propuestas sobre las iniciativas en análisis en esta LXVI Legislatura para integrarlas en el proceso de dictaminación. Este primer bloque agrupa 48 iniciativas orientadas a promover un lenguaje claro e incluyente, asegurar la disponibilidad de información en lenguas indígenas y formatos accesibles, y arraigar una perspectiva intercultural en servicios públicos, procuración de justicia, educación, salud y cultura, contemplando además medidas de protección contra la discriminación y salvaguarda del patrimonio cultural.
Lenguaje incluyente
Se analizaron 48 iniciativas de reforma para incorporar de manera transversal referencias expresas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas: accesibilidad, lenguaje claro, formatos de lectura fácil, lenguas indígenas, enfoque intercultural y acciones afirmativas en favor de estos pueblos y comunidades.
Las personas consultadas enfatizaron la necesidad de que los trabajos legislativos trasciendan la labor de escritorio y se construyan desde el territorio, recorriendo las comunidades y garantizando una verdadera consulta previa, libre e informada; señalaron la importancia de actualizar conceptos jurídicos fundamentales, como sustituir el enfoque asistencialista de “protección” por el reconocimiento pleno de derechos y autonomías, garantizando el respeto a los sistemas normativos internos, los sitios sagrados y la jurisdicción de las autoridades tradicionales; y se cuestionó la congruencia institucional frente a la falta de asignación directa de presupuestos y la omisión de vincular los planes estatales de desarrollo con las necesidades reales de los pueblos originarios.
Comentaron que se debe revisar la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Guanajuato, por la necesidad de adecuar los títulos, el catálogo de comunidades y los mecanismos de coordinación horizontal; se planteó además la urgencia de establecer un artículo transitorio que obligue al Poder Ejecutivo estatal a transferir de forma directa y sin intermediarios las asignaciones económicas correspondientes a partir del ejercicio fiscal 2027; e hicieron un llamado a las y los legisladores para mantener una coordinación permanente y evitar que las disposiciones normativas vulneren la autonomía financiera y organizativa de las comunidades.
Participación política
En este apartado se analizaron 2 diferentes iniciativas; la primera, para reformar la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, con el objeto de que el Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos se integre por cuando menos una persona que sea indígena o afro; y segunda, para modificar la Ley para el Gobierno y la Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, a fin de fortalecer la autonomía de las comunidades indígenas y facilitar a la población el acceso a documentos de carácter administrativo.
Los asistentes comentaron que debería haber al menos una persona indígena en la integración del Consejo de la PRODHEG, que sea un órgano consultivo clave para la generación de políticas públicas, toda vez que la presencia demográfica en la entidad es de más de 300,000 personas indígenas y no se repita la exclusión en la toma de decisiones; y surgieron dudas sobre la eficacia real de contar con un solo voto frente a los demás integrantes, proponiendo que en asuntos que afecten directamente a las comunidades se amplíe la participación de forma específica.
También, respaldaron que las autoridades comunitarias indígenas, ya sean delegados, delegadas u otras denominaciones tradicionales, tengan validez legal para emitir constancias de residencia, identidad, pertenencia, propiedad, posesión e ingresos, facilitando trámites ante dependencias como la CFE o el SATEG; manifestaron estar de acuerdo con la realización de modificaciones precisas para garantizar que el registro de las autoridades sea un acto declarativo y de coordinación, basado en sus sistemas normativos internos y no en convocatorias municipales, y que sus constancias tengan plena validez sin requerir la autorización del ayuntamiento.
Políticas públicas e interculturalidad
Finalmente, se preguntó acerca de 2 diferentes iniciativas; primera, para hacer cambios en la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, para que la información que capte el Instituto pueda desagregarse, entre otras categorías, por pertenencia étnica o afrodescendiente; y segunda, iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la finalidad de armonizar el marco normativo local con la Ley General de Aguas e incorporar la perspectiva de interculturalidad en las políticas de gestión y gobernanza del agua.
Las personas de pueblos y comunidades indígenas externaron que debería de haber acercamientos con las comunidades y pueblos tradicionales para conocer su cosmovisión y normas; dijeron que aun cuando la atención médica o cirugías puedan ser gratuitas, la compra de medicamentos suele correr por cuenta de las familias; propusieron incluir el reconocimiento, respeto y apoyo a los curanderos, hueseros, parteras y médicos tradicionales, así como evaluar la validez de sus registros ante instancias civiles.
Expusieron las problemáticas graves en comunidades como Cuesta de Peñones, Barbosa, Xoconostle y El Salto, donde el acceso al agua es limitado a pocas horas a la semana, llega con sedimentos o presenta altos niveles de contaminación; y solicitaron el respeto a los manantiales, pozos artesanales y norias ancestrales de las comunidades, diferenciándolos de las normativas federales de explotación de aguas profundas.
Concluyeron, mencionando que las autoridades estatales deberían estar obligadas a recorrer los territorios para informar a las comunidades sobre sus derechos humanos y autonomía; que se evite que las leyes queden solo en el papel y logrando que las comunidades reciban herramientas efectivas para su desarrollo cultural; y señalaron con preocupación la pérdida del saber ancestral debido a la comercialización y al desuso de prácticas tradicionales, por lo que se exhortó a impulsar iniciativas para rescatar este conocimiento comunitario.
José Antonio Mendoza López, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, comentó que la Procuraduría se encuentra a la orden y al servicio de todas las personas asistentes, manifestando su convencimiento de que estos ejercicios traerán buenos resultados.
Saraí Núñez Cerón, subsecretaria para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, destacó la importancia de presenciar este ejercicio de más de tres horas, reconociendo el valor de las opiniones de las comunidades, llenas de sabiduría, conocimiento y de las vivencias del día a día.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez, Susana Bermúdez Cano y Yesenia Rojas Cervantes; así como el diputado Roberto Carlos Terán Ramos.
Además, asistieron personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; personal de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; asesores de grupos parlamentarios; y personal de las diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
