Guanajuato, Gto.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) se lanzó contra el gobierno federal:
Formuló un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), precise y transparente cuáles son las causas de fuerza mayor por las que se cancelaron las licitaciones destinadas al mantenimiento y conservación de las carreteras y se reservaron los recursos del Programa Presupuestario K-032 “Reconstrucción y Conservación de Carreteras” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, informando a qué rubros programáticos fueron reasignados dichos recursos.
También presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional, dé cumplimiento a los acuerdos celebrados con el sector autotransportista y garantice la seguridad pública, combatan el delito, mantengan el orden y prevengan la comisión del delito en las carreteras y puentes de jurisdicción federal así como los medios de transporte que operen en ellos y de sus servicios auxiliares, previstos en la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal.
Aldo Márquez Becerra sustentó ambas propuestas. En la primera encomienda señaló que en febrero de 2024 se hizo público, por órdenes de la SHCP, el programa de mantenimiento y conservación de las carreteras federales se cancelaba para el presente año 2024, pero la dependencia reservó, “por causas de fuerza mayor”, 11 mil millones de pesos que fueron autorizados por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. El recurso será reasignado a otros gastos y rubros del gobierno federal, sin darse a conocer su nuevo destino.
La cancelación de ese programa, dijo, implica que los 42 mil kilómetros de vías libres de peaje, de carreteras federales queden sin las obras de señalización, reencarpetado, bacheo, barras de protección, deshierbe, limpieza de cunetas y alcantarillado, barras de protección y revisión de puentes, mantenimiento que sin duda alguna es de vital importancia a fin de garantizar el derecho humano a la movilidad y seguridad vial.
Añadió que el impacto económico de la cancelación de las licitaciones, estimada en 171 millones de pesos, sin contar que el mal estado de la red carretera incrementa los costos del transporte, reduce la eficacia logística, afecta la seguridad vial, disminuye la atracción de inversiones, entre otras cosas.
Es indispensable precisar y transparentar las causas de fuerza mayor que obligaron a llevar a cabo las citadas licitaciones y el destino de los recursos previamente asignados para ello, indicó.
Solicitan se atienda problemática de seguridad en carreteras federales.
La seguridad para las carreteras federales fue demandada a la Guardia Nacional y que la Fiscalía General de la República integre las carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio de los conductores del autotransporte federal y por el delito de robo previsto en los artículos 376 Ter y 376 Quáter del Código Penal Federal, asimismo se judicialicen las mismas y una vez seguido el procedimiento penal en sus etapas se obtenga sentencia condenatoria en contra de los responsables de dichos delitos, a fin de que a las víctimas les sea garantizada la reparación integral del daño.
Márquez Becerra comentó que la Federación Mexicoamericana de Transportistas convocó a un paro nacional motivado por la inseguridad de la que son víctimas en las carreteras y autopistas del país tanto sus agremiados como cualquier persona que se dedica al autotransporte, donde se exigía aumentar la presencia de la Guardia Nacional en la carreteras y autopistas; modernizar el sistema de justicia para que los delincuentes sean castigados con mayor severidad; y se brinde apoyo a las familias de los transportistas.
El congresista refirió que los estados en los cuales se presenta mayor incidencia delictiva del robo al autotransporte en las carreteras federales son el Estado de México y Puebla, pero que el listado también abarca a Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tlaxcala, donde se reportaron un total de 12 mil 740 delitos de ese tipo en dicho periodo el año pasado.
Finalmente, externó que el problema de inseguridad, los homicidios, los secuestros y las extorsiones de las que son víctimas los autotransportistas son productos de la omisión con que se han conducido las autoridades federales en materia de inspección, seguridad, verificación, vigilancia, prevención del delito y combate a la delincuencia.
Los dos puntos de acuerdo fueron turnados a sus correspondientes comisiones.
