Guanajuato, Gto.- Lo que se había aprobado en comisiones se refrendó en el pleno del Congreso del Estado: las y los diputados instruyeron a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que incluya en el Programa General de Fiscalización 2025 una auditoría financiera y de cumplimiento normativo y de reglas de operación respecto a las operaciones realizadas por el Fideicomiso Fondos Guanajuato de Financiamiento.
Eso incluye los préstamos otorgados en el ejercicio 2024, así como la razonabilidad de los saldos en cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2024, así como sobre las transacciones no fiscalizadas en ejercicios anteriores, considerando las cuentas contables en las que se tenga un riesgo identificado.
La propuesta tiene su origen en un punto de acuerdo de obvia resolución presentado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y aprobado por unanimidad por el Pleno.
Solicitan auditoría financiera integral en Celaya
La morenista Martha Edith Moreno Valencia y su correligionario Antonio Chaurand Sorzano presentaron un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Juan Víctor Fonseca López, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral en los siguientes términos:
I. El sujeto de fiscalización será el municipio de Celaya;
II. Se tratará de una auditoría financiera integral que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías previas;
III. La planeación de la auditoría debe considerar la verificación de las faltas graves y no graves de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato;
IV. Para la fiscalización de la materia de auditoría resultante, la revisión deberá incluir, al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos;
V. El periodo auditado abarcará los ejercicios fiscales de 2022, 2023 y concomitante 2024.
Moreno Valencia señaló que las y los celayenses hemos sido testigos de diversas anomalías en el manejo de los recursos públicos, situación que no solo influye en la gestión pública, sino que también impacta en la calidad de vida de los ciudadanos, al desviarse recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud, educación y sobre todo en seguridad.
La legisladora informó sobre el hallazgo de 27 patrullas y dos automóviles abandonados en un almacén cercano al C4, así como de dos camionetas blindadas dejadas en un taller mecánico, mismas que no fueron reportadas durante el proceso de entrega-recepción y que se encontraron más de 100 vehículos en mal estado, que no recibían el mantenimiento adecuado, a pesar de que se les asignaban recursos para ello.
Finalmente, Moreno Valencia indicó que es necesaria la colaboración de las instancias correspondientes para iniciar este proceso de auditoría lo antes posible, asegurando que los resultados den certeza del destino de los recursos capitales y financieros cuyo paradero se desconoce actualmente y se tomen las medidas necesarias para sancionar cualquier irregularidad detectada.
Para hablar a favor de la obvia resolución hicieron uso de la tribuna los diputados Antonio Chaurand Sorzano y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.
Chaurand Sorzano manifestó que las autoridades deben ser reflejo de integridad compromiso y eficiencia en la gestión de los recursos. Apuntó que en Celaya la población externa el sentimiento de prácticas opacas en el manejo de los recursos públicos, lo que socava la credibilidad institucional.
Manifestó que esta auditoría no era solo una medida de control, sino un acto de justicia social. Precisó que lo mencionado era un patrón preocupante en la administración de los recursos públicos, y ese mal manejo evitaba su uso en materia de salud, educación y otros aspectos esenciales.
Por su parte, Ramos Sotomayor recordó que los recursos públicos son de la gente, por lo que invitó a sus homólogos a votar a favor de la propuesta de punto de acuerdo para ser congruentes con el decir y el actuar.
Finalmente, dijo que pedía que se respete el derecho de todas y todos los guanajuatenses de saber en qué se gastan los recursos públicos.
La obvia resolución no fue aprobada, por lo que el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
En el apartado de asuntos generales, diputado Rodrigo González Zaragoza hizo uso de la tribuna para hablar sobre la gobernabilidad y se refirió al tema de San José Iturbide donde el alcalde no se pone de acuerdo con el cuerpo edilicio. Además, abordó la propuesta que hizo el presidente municipal sobre la revocación de mandato.
