Guanajuato, Guanajuato.- El grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado a que informe sobre las diligencias y actos de investigación que realizó dentro de la carpeta correspondiente a los hechos denunciados relacionados con el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado.
También presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato con el objeto de fortalecer la autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cerrar espacios de impunidad y cuidar el patrimonio del pueblo.
Respecto a la primera propuesta, el morenista David Martínez Mendizábal solicitó que se remita la fundamentación y motivación que sustentó la determinación de no ejercicio de la acción penal, así como las razones puntuales por las cuales consideró que los hechos denunciados no constituyen delito.
Martínez Mendizábal recordó que su fracción parlamentaria presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por hechos considerados como constitutivos de irregularidades graves al interior del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) y se respaldó con información documental que revelan la aprobación de una modificación salarial en favor de quienes integran el Pleno de ese instituto, al margen de los procedimientos, controles y algunas restricciones normativas que están claramente previstas en la legislación estatal aplicable.
En la denuncia, dijo Martínez Mendizábal, se evidenció que la retabulación salarial se sometió al Pleno del IACIP presuntamente sin un dictamen técnico que la sustentara, sin un análisis jurídico que acreditara la competencia real para adoptar la decisión, sin evaluación de desempeño y sin que interviniera el Comité de Estructuración Salarial.
Agregó que la situación se agravó toda vez que las personas comisionadas que participaron y votaron esa retabulación son al mismo tiempo quienes se beneficiaron directamente, situación que genera una especie de conflicto de interés evidente. Además de que, subrayó, la situación también va acompañada de que los últimos días, se dio a conocer que la Fiscalía General determinó el no ejercicio de la acción penal, señalando que el hecho no constituye delito.
Finalmente, señaló que cuando se involucran recursos públicos y posibles conflictos de interés, esas obligaciones tienen un peso todavía mayor que no se puede evadir.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
Buscan fortalecer la autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
Respecto a la segunda propuesta, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo manifestó que la premisa era simple: si la institución que debe investigar la corrupción no es verdaderamente independiente, la ley se queda en papel.
Comentó que la corrupción constituye una amenaza para la estabilidad y la seguridad de las sociedades, socava la democracia y el Estado de derecho, compromete el desarrollo sostenible y deteriora la confianza en las instituciones.
Mencionó que algunas entidades federativas han avanzado más allá de los mandatos generales del Sistema Nacional Anticorrupción y han impulsado reformas propias para fortalecer la autonomía y eficacia de sus fiscalías anticorrupción, casos como Yucatán y Chihuahua que, dijo, ilustran cómo los estados pueden innovar en sus ordenamientos constitucionales para reforzar los contrapesos y la rendición de cuentas.
En el caso de Guanajuato, subrayó, poco se ha avanzado en ese rubro, por lo que el combate a la corrupción ha dejado mucho que desear y esto se ve reflejado en el sentimiento general de las y los guanajuatenses.
En la entidad, expuso, aproximadamente 11 de cada 100 habitantes fueron víctimas de corrupción al realizar personalmente trámites, pagos, solicitudes de servicios y otros trámites ante servidores públicos, lo que no sólo evidencia que la corrupción no es un hecho aislado sino un patrón recurrente en la interacción cotidiana con el Estado.
Adicionalmente, habló de otros casos documentados por periodistas que presuntamente configuran actos de corrupción y que, a la fecha, no registran judicializaciones públicas por parte de la Fiscalía Anticorrupción como la llamada “Casa Azul” en Texas, el FIDESSEG, GTO Leasing Services y el rancho de la actual gobernadora.
Resaltó que la nula eficacia de la Fiscalía Anticorrupción se confirma con lo estimado en el estudio de las Fiscalías Anticorrupción de los Estados realizado por la Iniciativa de Transparencia Anticorrupción y Digitalización y el Tec de Monterrey en donde se observa que en Guanajuato la Fiscalía Anticorrupción tiene un nivel medio-alto de autonomía (9 de 12), pero con tres vacíos clave: no hay duración determinada del mandato de la persona titular, la fiscalía no ejerce de forma directa su presupuesto y no se acredita que al menos 70 % del personal cuente con licenciatura, eso, sin contar que no se establece una clara autonomía.
Finalmente, argumentó que se propone un mecanismo de designación autónomo y libre de injerencias del Fiscal General o del Poder Ejecutivo, mediante el cual la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción será nombrada por el Congreso del Estado, previa terna integrada por un Panel de Especialistas con participación de academia y sociedad civil.
Se añade la exigencia de mayoría calificada para su nombramiento, a fin de garantizar consensos y no cuotas partidistas; así como un periodo fijo de siete años sin posibilidad de reelección, y un régimen de incompatibilidades que cierre la puerta giratoria con cargos partidistas, dependencias gubernamentales y contratistas vinculados al poder público.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
