Guanajuato, Gto.- La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura acordó girar un oficio a la rectora general de la Universidad de Guanajuato (UG), Claudia Susana Gómez López, para que precise si se archivó la carpeta de investigación originada de la denuncia en contra varios estudiantes que participaron en las manifestaciones contra su proceso de la designación.
De esta manera dieron seguimiento a las cuatro propuestas de punto de acuerdo relativas a las manifestaciones, mismas que buscan exhortar a diversas autoridades para evitar la criminalización de las protestas.
Durante el proceso de designación de persona titular de llevar los destinos de la universidad, realizada en octubre de 2023, hubo una serie de protestas que terminaron con la toma de las oficinas de la rectoría general. Derivado de lo anterior, un grupo de siete estudiantes fue demandado penalmente por presuntos daños ocasionados a instalaciones y obras de arte.
El mayor daño supuestamente hecho por los estudiantes es a un cuadro denominado “Patrocinio de San Miguel Arcángel”, del pintor guanajuatense criollo Miguel Antonio Martínez de Pocasangre. Es una obra que muestra al arcángel Miguel que sostiene a la Virgen de Guadalupe.
De este artista del siglo XVIII existen varias obras, pero ésta tiene un valor especial por tener su firma. Martínez de Pocasangre fue autodidacta y se dio a conocer alrededor de 1759. Su obra mantiene el estilo del siglo XVII y sus cuadros fueron adquiridos por la Compañía de Jesús para finalmente quedar como parte del patrimonio pictórico de la UG. Su valor con todo y bastidor es de 9 millones 860 mil pesos.
Es una de las obras afectadas. Cuando los estudiantes entregaron las instalaciones de la rectoría general, Claudia Susana Gómez López prometió que no habría represalias, pero el área jurídica de la universidad determinó que por cuestiones jurídicas era necesario presentar la denuncia por daños al patrimonio.
La rectora optó por dar parte a la Fiscalía y ésta determinó iniciar por oficio la denuncia contra los estudiantes y catalogó a los daños como “delito de alto impacto” debido al monto de lo afectado.
Como parte de los acuerdos con los estudiantes para liberar los espacios tomados se estableció que no iban a tomar represalias contra el grupo inconforme. Finalmente, sí las hubo, pero la rectora determinó que iba a retirar los cargos. La universidad no ha informado si ya lo hizo.
La morenista Irma Leticia González Sánchez precisó que volver a solicitar información es una forma de dilatar el exhorto por lo que sugirió que se hiciera el dictamen en sentido positivo. La respuesta fue que en el mismo sentido que en otros debates: habrá que saber primero si ya se desistió la denuncia o si sigue vigente. La propuesta fue rechazada con votos de la mayoría panista.
En los trabajos del día participaron las diputadas María de la Luz Hernández Martínez, Lilia Margarita Rionda Salas e Irma Leticia González Sánchez; así como el diputado Armando Rangel Hernández.
