Guanajuato, Guanajuato
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado de Guanajuato, señala que ninguna situación de emergencia económica en el país, justifica la iniciativa del Presidente de la República para modificar y reorientar sin la aprobación del Poder Legislativo el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria pretende la reorientación de los recursos asignados en el presupuesto de egresos a criterio del Ejecutivo y sin la aprobación del Legislativo, poniendo en serio riesgo la división de poderes y violando la Constitución.
A consideración de las y los diputados del PRI, dicha iniciativa fomenta la discrecionalidad del gasto y deja nugatoria la facultad de la Cámara de Diputados en la definición del gasto público.
Este grupo parlamentario ha estado en contra del manejo discrecional o electorero del gasto público, pues está convencido de que el presupuesto debe reflejar el sano equilibrio democrático a través de los controles constitucionales.
El GPPRI está a favor de procedimientos transparentes, ciertos, bien informados, aplicables y obligatorios a todos los poderes y a cada uno de los organismos públicos autónomos.
De aprobarse dicha iniciativa, el Grupo Parlamentario del PRI advierte que traería consigo graves riesgos y consecuencias políticas, sociales, financieras y administrativas, generaría tensiones y desconfianzas.
En consecuencia, es aberrante y dictatorial que el Ejecutivo federal pretenda el manejo discrecional del presupuesto.
Cabe hacer mención, que ya están establecidos los marcos normativos para su aplicación en el caso de presentarse contingencias.
Por otro parte, en esta misma iniciativa el Ejecutivo pretende quitar el fondo metropolitano que es detonador de desarrollo local en los Estados y sus municipios, dicho fondo cuenta con reglas de operación claras, y sus recursos destinados a programas y proyectos de infraestructura serían destinados a otorgamientos de créditos, poniendo en riesgo la cobertura constitucional del derecho a los servicios básicos, de infraestructura vial, movilidad urbana, espacios públicos entre otros.
En suma, este grupo parlamentario rechaza el intento autoritario del presidente López de quitar facultades constitucionales a la Cámara de Diputados.
