Irapuato, Guanajuato.- La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), integrada por empresas como Meta, X, TikTok, Google, Amazon, Mercado Libre, Didi, Rappi, Airbnb, Expedia, Discord y otras de alcance internacional, así como la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), que agrupa a más de 500 compañías del ecosistema de comercio electrónico en México, manifestaron su preocupación por la propuesta de reforma a la Ley de Hacienda de Guanajuato incluida en la discusión del Paquete Económico estatal.
La iniciativa plantea modificar el artículo 37-A, fracción III, para elevar de 1% a 2.5% el impuesto cedular aplicado a actividades empresariales realizadas mediante plataformas digitales.
Ambas asociaciones subrayaron que, si bien reconocen la importancia de fortalecer las finanzas públicas del estado, cualquier ajuste fiscal debe considerar los efectos económicos y sociales sobre la economía digital.
Alertaron que el aumento podría afectar directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que utilizan plataformas tecnológicas para vender productos o servicios, un sector que ha encontrado en el comercio electrónico una vía para crecer, profesionalizarse y reducir costos operativos.
México se mantiene como el país con mayor crecimiento en ventas online de retail a nivel global, por lo que —advirtieron— una carga tributaria de esta magnitud podría desincentivar un sector clave para la competitividad
Las organizaciones señalaron que un incremento en el impuesto podría reducir la rentabilidad de los pequeños negocios y emprendedores, empujándolos nuevamente hacia la informalidad. Esto contravendría los esfuerzos nacionales y estatales por promover la digitalización, la bancarización y la formalización económica, pilares fundamentales para el desarrollo del comercio digital.
Otro de los puntos señalados en el posicionamiento es el riesgo de una disminución en la generación de empleos. De acuerdo con datos de las asociaciones, cada persona que comercializa u ofrece servicios por medio de plataformas genera en promedio seis empleos directos e indirectos, por lo que un aumento en la carga fiscal podría llevar a recortes o reducción de jornadas laborales.
Ante este panorama, ALAI y AMVO solicitaron que, previo a aprobar la reforma, se abra un espacio de diálogo con el Poder Legislativo de Guanajuato para escuchar a todos los sectores involucrados.
Si bien reiteraron su respaldo a los esfuerzos de recaudación del Estado, insistieron en que estos deben implementarse bajo criterios claros, equilibrados y orientados a fomentar la formalidad, evitando frenar la competitividad digital.
Las asociaciones concluyeron que una discusión abierta permitirá avanzar hacia mecanismos fiscales que fortalezcan la economía estatal sin limitar las oportunidades de crecimiento que miles de guanajuatenses han encontrado en las plataformas tecnológicas.
