Guanajuato, Guanajuato.- La bancada morenista solicitó en la sesión del pleno del Congreso del Estado se inicie proceso de remoción del fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste. También pide que cambie el formato de su comparecencia.
La propuesta de remoción fue solicitada por Carlos Abraham Ramos Sotomayor, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que inicie el proceso de remoción del fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste.
El legislador dijo que durante el primer año de la actual administración del fiscal general, la institución ha incurrido en un conjunto de fallas graves, reiteradas y documentadas que demuestran el incumplimiento sistemático de dichos principios rectores en contra de víctimas en la entidad y de la protección de sus datos. Si se continúa en la opacidad y en la falta de resultados contundentes; las violaciones a derechos humanos desde la Fiscalía General del Estado continuarán perpetuándose, concluyó.
Su compañera Hades Aguilar, quien en la pasada comparecencia cuestionó airadamente al fiscal, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que tiene como objeto de fortalecer los elementos que debe contener el informe anual del Fiscal General del Estado, a fin de garantizar una rendición de cuentas más completa, transparente y orientada a resultados.
La diputada enumeró los yerros que ha presentado la gestión del fiscal y enfatizó que la iniciativa no busca únicamente agregar datos estadísticos, sino obligar a la Fiscalía a rendir cuentas de manera sustantiva, con información verificable que permita al Congreso del Estado y a la ciudadanía exigir resultados reales en la procuración de justicia.
Ambas propuestas fueron turnadas a comisiones.
Aprueban reformas para fortalecer la promoción de la salud mental con enfoque interseccional y perspectiva de género.
El Pleno de la 66 Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato para que, en la promoción de la salud mental, las autoridades fomentarán y apoyarán la difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, con perspectiva intercultural, pertinencia lingüística, perspectiva de género y enfoque interseccional.
El dictamen fue presentado por el morenista Chaurand Sorzano y tuvo el respaldo de la panista Ana María Esquivel Arrona.
Avalan cambios en la normativa penal para introducir el interés superior de la niñez.
En la misma sesión, el pleno aprobó reformas al Código Penal estatal para establecer que en caso de delitos cometidos en contra de menores de dieciocho años de edad, siempre se procurará el interés superior de la niñez que debe prevalecer en toda la aplicación de la Ley.
La priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia habló contra el dictamen e indicó que se trata de una reforma innecesaria, técnicamente incorrecta y contraria a la sistemática del Código Penal estatal.
Remarcó que votar en contra del dictamen no significaba estar en contra de la protección de la niñez guanajuatense, que se está defendiendo la coherencia de la citada norma, evitar duplicidades normativas y preservar un marco jurídico, lo que también protege a niñas, niños y adolescentes, porque garantiza que las autoridades operen con reglas claras, precisas y aplicables.
Finalmente, enfatizó que afirmar que la reforma fortalece la protección de la niñez resulta incorrecto y lo que producía era duplicidad normativa y posibles problemas interpretativos, al insertar en el Código Penal disposiciones que corresponden a otros ordenamientos especializados.
El panista Rolando Fortino Alcántar Rojas habló a favor de la propuesta y dijo no estar de acuerdo con los argumentos sobre una presunta duplicidad normativa al señalar que la ley sustantiva penal no puede ser ajena a los principios constitucionales y convencionales, además de que citó algunos ejemplos de los códigos penales de Nuevo León, Zacatecas, Jalisco y el Distrito Federal, los cuales ya contemplan principios de sede constitucional para orientar las decisiones de los operadores jurídicos.
Le reviraron el priista Alejandro Arias Ávila y la morenista Maribel Aguilar González, y subieron al quite panista Susana Bermúdez Cano y Karol Jared González Márquez.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos azules.
Exhorto sobre tarifas de buses
El pleno exhortó a algunos ayuntamientos para que en el ámbito de sus atribuciones, y en el caso que se propongan incrementos a las tarifas del servicio de transporte público en las modalidades de urbano y suburbano, lo analicen con plena objetividad, auxiliándose de una comisión mixta tarifaria, tomando en consideración los datos relativos a la demanda atendida, los análisis de la oferta, la estimación de los costos, el equipamiento tecnológico, los planes de mejora, la infraestructura a desarrollar, la utilidad razonable para el prestador, así como las características y las variables sociales y económicas de cada municipio.
Los municipios exhortados son: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Doctor Mora, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria.
La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco habló a favor de la propuesta, al igual que su compañero Rodrigo González Zaragoza. El dictamen fue aprobado por unanimidad.
En asuntos generales, la morenista María Eugenia García Oliveros abordó la situación que se vive en la entidad en el contexto de violencia, y lo que consideró inoperancia y fallas en la Fiscalía General como los errores que cometió en la entrega de cuerpos. Agregó que la justicia no debe ser un privilegio, que no se trataba de un tema político sino de humanidad, dignidad y responsabilidad pública, porque Guanajuato merecía vivir en paz y las víctimas merecen justicia.
La diputada Maribel Aguilar González apuntó que estaban frente a un momento que valía la pena subrayar porque pocas veces se veía a todas las fuerzas públicas coincidir en una misma causa, y en este caso eran los derechos de las mujeres para construir igualdad sustantiva. En ese sentido, se refirió a la iniciativa presentada este día para reformar más de 70 ordenamientos para la erradicación de las violencias y el reconocimiento pleno del derecho de las mujeres.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano presentó un punto de acuerdo para declarar el 25 de marzo de cada año como el “Día Estatal de la Vida”, sustentando la propuesta en una visión humanista donde la dignidad de la persona es el eje rector de la acción pública, además de que se reafirma el compromiso del Estado con la tutela jurídica y el desarrollo pleno del ser humano en todas sus etapas.
