Tras ocho horas de discusión en el Congreso de Quintana Roo, en una sesión constantemente pausada y con recesos, un pequeño grupo de diputados abandonó la discusión de las Comisiones Unidas sobre la despenalización del aborto dejando sin quorum la sesión y saboteando la posibilidad de avance de los derechos de las mujeres y los compromisos asumidos con las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense, que mantienen un plantón en el recinto legislativo desde el 25 de noviembre.
En estos compromisos, las Comisiones Unidas acordaron como fecha límite el 24 de febrero para dictaminar las iniciativas sobre el aborto y llevar la votación al Pleno del Congreso. Las diputadas Aurora Pool y Kira Iris San, del PAN, Reyna Durán, independiente, y Carlos Hernández Blanco, del PRI, optaron por abandonar la sesión, lo que impidió que se votara y analizara el dictamen para despenalizar el aborto en la entidad, por lo que la Mesa Directiva se vio obligada a marcar un receso de la sesión, la cual sigue sin fecha definida para retomar la discusión.
El reconocimiento y la garantía de los derechos y libertades de las mujeres no pueden estar a la merced de las tácticas dilatorias de un pequeño grupo de diputados, pues de esta decisión dependen la salud, la vida y el bienestar de miles de mujeres y sus familias.
Hacemos un llamado al Congreso de Quintana Roo a cumplir con su obligación legislativa, terminar el proceso de dictaminación de las iniciativas de ley para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación y pasar la votación al Pleno del Congreso, a más tardar la próxima semana.
LA SALUD REPRODUCTIVA EN QUINTANA ROO
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 58% de la población total de Quintana Roo son mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años), donde según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018 (ENADID) la cobertura anticonceptiva en este grupo de mujeres casadas es solo de 71.7%, inferior al promedio nacional (73.1%).
Al mismo tiempo, persisten embarazos en menores de 20 años. El Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), reportó que en 2019 hubo 28,187 nacimientos, de los cuales casi 16% (4,495) corresponden a mujeres menores de 20 años, entre los que se encuentran 158 nacimientos en niñas de 9 a 14 años.
En cuanto a las muertes por aborto, entre 2002 y 2019, se registraron en Quintana Roo 17 defunciones por esta causa. En la población adolescente se registraron 5 de estas muertes en 2019, es decir, 29% del total de muertes por aborto, lo que supera el promedio nacional (10%) en este grupo etario. Este porcentaje final aumentó 6% frente al 23% de 2017.
LA NECESIDAD DE DESPENALIZAR EL ABORTO
El aborto inducido es, en gran medida, la respuesta a la necesidad insatisfecha de anticoncepción, la falta de educación sexual integral, a las fallas anticonceptivas, la falta de acceso a servicios de planificación familiar y a la violencia sexual. Una mujer que está convencida que no puede continuar su embarazo, lo interrumpirá sea o no sea legal; no obstante, si recurre a métodos clandestinos tiene mayores posibilidades de tener una complicación o emergencia obstétricas, cuya atención requieren personal especializado e intervenciones de urgencia que no se resuelven en servicios de primer nivel.
Instancias como la Suprema Corte de Justicia reconocen que habilitar el acceso a servicios de aborto permiten garantizar los derechos de salud y vida. “La discusión sobre el aborto no puede verse como un debate entre quienes están a favor de la vida o en contra de ella; estar a favor de la vida es respetar la dignidad y la libertad de las mujeres”, dijo el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar en 2019. La OMS estima que 13% de las muertes maternas a nivel global son derivadas de la práctica insegura del aborto y calcula que en el mundo se practican cerca de 19 millones de abortos inseguros o peligrosos y 97% de ellos se realizan en países en vías de desarrollo. La criminalización del aborto no reduce su incidencia y, en cambio, aumenta el riesgo de muerte y de complicaciones para las mujeres.
Instamos a que el Congreso de Quintana Roo escuche y atienda las iniciativas basándose en:
a) Los acuerdos y tratados internacionales que reconocen que el aborto seguro está vinculado con varios derechos humanos como: el derecho a la salud; el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido a la esclavitud, ni torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo; a la libertad de pensamiento y religión.
b) La evidencia internacional que demuestra que, cuando se despenaliza el aborto, el número de interrupciones disminuye, pero también se reducen el número de urgencias obstétricas y de muertes maternas por procedimientos inseguros.
c) La evidencia científica internacional que demuestra que es posible proveer procedimientos de aborto seguro cuando se realiza con personal capacitado, información suficiente, insumos correctos y tecnología adecuada. Procedimientos que pueden realizarse de forma ambulatoria, no requieren hospitales, quirófanos o de infraestructura especial, se pueden atender en diversos puntos de atención como son los centros de salud en el primer nivel de atención. También pueden ser brindados por médicos no especialistas, como médicos generales, con el entrenamiento adecuado necesario.
