Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de enriquecer la iniciativa para crear una nueva Ley de Economía Circular para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, se llevó a cabo el segundo Foro de Consulta Legislativa, un espacio de diálogo en el que representantes de los sectores público, privado, académico y social aportaron propuestas para construir un marco normativo viable, que responda a las necesidades y condiciones de las distintas regiones de la entidad.
Impulsado por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, este ejercicio de parlamento abierto busca escuchar a los sectores involucrados, conocer sus experiencias e identificar las condiciones económicas, ambientales y operativas que deben considerarse para que la legislación en materia de economía circular sea aplicable y efectiva en Guanajuato.
Sergio Antonio Silva Muñoz, director de Proyectos Estratégicos de la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato, agradeció la iniciativa de las personas diputadas de contar con una ley en la que se encuentra la entidad un poco desfasada.
Afirmó que se requiere obtener diferentes perspectivas no solo desde la academia sino desde diferentes puntos de vista de quienes lo han vivido en la práctica. Añadió que en medio ambiente existen diversos tipos de incertidumbre y se van descubriendo conforme se dan los avances.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la panista María Isabel Ortiz Mantilla, enfatizó que se busca que la ley estatal no sea una réplica de la federal, porque la realidad que vive Guanajuato es distinta y particular; lo mismo, la realidad que vive cada rincón de la entidad, lo que requiere una atención puntual.
Apuntó que se quiere apostar por un mejor aprovechamiento de los recursos, por reducir la generación de residuos que tiene el Estado y por promover que las materias primas permanezcan durante el mayor tiempo posible en los procesos. Es decir, cambiar el enfoque, dejar de ver esa economía lineal donde se extrae, se usa y se tira, dejando una serie de pasivos ambientales muy complejos de manejar.
En la entidad, comentó, se generan 35 mil toneladas diarias de residuos, por lo que se debe cambiar el enfoque y aprovechar los recursos, lo mismo en el caso del agua. Remarcó que se requiere un proceso de articulación, compartir la responsabilidad entre todos los actores y sectores para actualizar la legislación y dar una respuesta que genere una política estatal de economía circular con instrumentos propios, con responsabilidades definidas y con mecanismos de coordinación entre todos los órdenes de gobierno y coordinación entre los diferentes sectores.
Ortiz Mantilla precisó que la iniciativa contempla un programa estatal, programas municipales de economía circular, mecanismos para promover la innovación, la capacitación, el impulso a la recuperación de materiales, el fortalecimiento de cadenas de valor y la colaboración entre todas y todos.
Se requieren instrumentos de fomento, información para orientar las decisiones y evaluar los avances que se den, así como un modelo de gradualidad y de cómo se transforman los modelos de consumo, agregó.
La diputada mencionó que ya se contaba con una ley en la materia de 2024, pero que se enfocaba en el reciclaje y que la economía circular es mucho más que eso: es un cambio de modelo desde el diseño del producto. No se plantea ninguna nueva carga fiscal y se busca una transición sistémica, prever desde el origen cómo se van a aprovechar los recursos, señaló.
Las mesas
Como parte del foro se desarrollaron tres mesas de análisis. La primera abordó el eje “Gobernanza, Gradualidad y Competencias”, relacionado con el objeto de la ley, el Sistema Estatal, el Consejo Consultivo y las atribuciones de las autoridades.
En el diálogo se tocaron aspectos como los trámites o cargas actuales que se deben evitar entre el municipio y el estado, cómo asegurar que las cámaras empresariales, industrias y universidades tengan voz real dentro del Consejo Consultivo, y los plazos o etapas graduales que necesita su sector para adaptarse a estas nuevas reglas sin frenar su operación.
El segundo eje, “Instrumentos de Fomento, Cadenas de Valor y Compras Públicas”, centró el análisis en la viabilidad económica de las acciones de economía circular, los planes de manejo, los mecanismos de fomento, las compras públicas circulares, la valorización de residuos y la inclusión de las personas recicladoras de base.
En esa mesa se abordaron temas como el apoyo o estímulo fiscal, administrativo o financiero que convencería a las empresas locales de adoptar planes de economía circular y los criterios o facilidades que deben tener las PYMES locales para venderle productos circulares o reciclados al gobierno.
El último, denominado “Sistema de Información, Evaluaciones y Distintivos”, tocó aspectos relacionados con el Sistema Estatal de Información, las evaluaciones voluntarias, los distintivos y los mecanismos de inspección.
Entre los temas de análisis se incluyeron el valor o ventaja comercial que debe dar un Distintivo de Economía Circular para que las empresas deseen obtenerlo voluntariamente; las garantías o candados de confidencialidad que requiere la industria para compartir su información de procesos y residuos sin temor a revelar secretos industriales; y cómo pueden las autoridades en la materia brindar primero asesoría y acompañamiento antes de aplicar esquemas de inspección o sanción.
El diputado morenista David Martínez Mendizábal manifestó que en términos de medio ambiente no hay diferencias y destacó algunos temas como la carga de los municipios, la desigualdad regional, que hay corresponsabilidades verticales y horizontales, que los problemas medioambientales son de concurrencia territorial y geográfica y se deben repensar de esa manera.
Apuntó que la tarea, como personas legisladoras, es convertir los problemas en productos legislativos que generen soluciones.
En el foro estuvieron presentes también el secretario de ayuntamiento de San Luis de la Paz, José Francisco Mendoza; el director de Desarrollo Económico de Abasolo, José Luis Vaca Pérez; así como funcionarias y funcionarios estatales y municipales, representantes de cámaras empresariales, personas investigadoras, académicas e integrantes de diversos sectores de la sociedad.
