Un Juez Federal confirmó que tras admitir las pruebas presentadas por parte de la defensa de Elba Esther Gordillo para que se revocara el auto de formal prisión, el representante social dio cumplimiento de lo ordenado por un tribunal federal, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en el Distrito Federal, por lo que resolvió dictar el auto de formal prisión en contra de la ex líder magisterial, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal calificada,delito que no permite la libertad bajo fianza.
La resolución del Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Sur, Rubén Darío Nogueras, se da 24 horas después de que el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, a cargo de la magistrada Graciela Santés Magaña, ordenara a al impartidor de justicia aceptar las pruebas ofrecidas por la defensa y reponer el procedimiento para dictar el auto de formal prisión.
En este sentido, el juez de la causa dio a conocer que cumplió “con todos los actos ejecutivos necesarios para lograr el desahogo de las pruebas ofertadas por la defensa de Elba Esther Gordillo Morales en la etapa de preinstrucción, tal como lo ordenó el tribunal de alzada”.
Aclaró que esto no modificó su determinación inicial de dictar el auto de formal prisión, por considerar que la Procuraduría General de la República presentó elementos de prueba suficientes para abrir el proceso penal contra la ex secretaría general del PRI, por lo que a las 17 horas con 34 minutos de este martes ratificó su resolución inicial en la que se considera a la maestra como probable responsable en delito de defraudación fiscal calificada por un monto de 2 millones 199 mil pesos.
Las pruebas de la defensa que habían sido rechazadas, de acuerdo con el abogado Marco Antonio del Toro, son un peritaje contable por el cual se pretendía acreditar que la maestro no tuvo ingresos superiores a los que declaró en el ejercicio fiscal del 2008 y el interrogatorio a cinco funcionarios de la propia PGR y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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