Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato para prohibir toda conducta discriminatoria que tenga por objeto o efecto condicionar, limitar o restringir las oportunidades de permanencia o ascenso al empleo por razones de embarazo, maternidad y lactancia.
De igual manera, impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas por su orientación sexual o identidad de género a los establecimientos públicos. También se agrega como integrante del Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato a la persona titular de la Secretaría de Derechos Humanos.
La morenista Plásida Calzada Velázquez fue la autora de la propuesta y destacó que la ley guanajuatense queda homologada en ese tema con la federal. La panista Noemí Márquez Márquez también aplaudió la medida y enfatizó en que combate la discriminación por maternidad.
Aprueban Minuta en materia de ratificación de grados superior de la Guardia Nacional
También el Pleno aprobó el dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional.
El panista Juan Carlos Romero Hicks y la morenista hablaron a favor de la propuesta y el voto fue unánime.
Otros temas
En la sesión avalaron el dictamen correspondiente a la renuncia del ciudadano Francisco Antonio Alejandro Rocha Pedraza al cargo de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, con efectos a partir del 01 de diciembre del año en curso.
Entre otros temas de acuerdo unánime, exhortaron a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Senado de la República para que, en el marco constitucional de autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención, continúen fortaleciendo las acciones necesarias, a fin de colaborar para que, por razones humanitarias, se detenga el genocidio en Gaza y se pueda resolver el conflicto por medio de procedimientos diplomáticos no violentos. El morenista David Martínez Mendizábal habló a favor de la propuesta y fue votada por unanimidad.
En esa misma línea de coincidencias, el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a los 46 ayuntamientos y al Sistema Estatal de Salud del Estado de Guanajuato para que promuevan la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, a fin de proteger la salud de las y los ciudadanos y apoyar al mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propician el desarrollo satisfactorio de la vida. El tema fue promovido por el morenista Antonio Chaurand Sorzano, respaldado por su correligionario Ernesto Millán Soberanes, quien aprovechó para cargar contra el municipio panista de Silao como ejemplo de mal servicio de limpia. El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad.
Piden fortalecer la prestación del servicio de hemodiálisis en favor de pacientes con insuficiencia renal
En lo que ya no hubo unanimidad fue en el exhorto a la Secretaría de Salud Federal, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que cumplan con la obligación de proporcionar a sus derechohabientes, que así lo requieran la prestación del servicio de hemodiálisis, y al amparo del Decreto por el que se desincorporan por fusión el Centro y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad con el IMSS-BIENESTAR, adopten las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para garantizar la prestación del servicio de hemodiálisis para todas las personas que así lo requieran y no sean derechohabientes del IMSS o ISSSTE; asimismo, a la Secretaria de salud del gobierno del estado para los mismos efectos.
La propuesta inicial era menos ruda hacia las entidades federales. El morenista Antonio Chaurand Sorzano comentó que era inadmisible ética y humanamente que en la entidad una persona tenga que empeñar su patrimonio llegando a pagar desde 50 mil hasta 100 mil pesos para promover un juicio de amparo para recibir un tratamiento de hemodiálisis. Informó que en solo un año y medio se han promovido 643 juicios de amparo contra la omisión del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato de otorgar el tratamiento de hemodiálisis, luchando contra un sistema que les da la espalda. Recordó que estados como Aguascalientes ofrecen el servicio de hemodiálisis de manera directa, con un presupuesto similar de 45 millones de pesos, y lo hacen sin que un solo juez tenga que ordenarlo.
Le respaldó Ernesto Millán Soberanes, quien pidió no dejar de lado la problemática de la contaminación del agua por arsénico que se vive en Guanajuato, debido a que una de las principales enfermedades que causa dicho elemento es la insuficiencia renal, donde la contaminación cada vez se extiende a más municipios de la entidad.
La panista Angélica Casillas Martínez se sumó a la argumentación a favor y subrayó que, si bien los sistemas de salud, como el IMSS y el ISSSTE, tienen la obligación de prestar los servicios médicos, hoy se constata que no están cumpliendo con ella. En ese sentido, refirió que más del 30% de afiliados al IMSS no se atiende en esa institución; y en el caso del ISSSTE, la cifra llega a 44%.
Al final presentó una modificación a la propuesta que ponga en el centro a la persona y que tenga una visión universal de cumplimiento del derecho y presentó una versión más ruda hacia el sistema de salud federal, lo que hizo brincar a Chaurand Sorzano y Millán Soberanes y tuvieron un debate con la panista. El argumento morenista es que el gobierno de Guanajuato rechazó la federalización de su sistema de salud y por eso tenía problemas en ese rubro. La panista Susana Bermúdez Cano manifestó que la propuesta debe estar dirigida para que la atención la reciban todas y todos los guanajuatenses y con eso se aceptó el cambió y se votó por mayoría panista.
La Generación Z en asuntos generales
El panista Juan Carlos Romero Hicks llevó a tribuna el tema de la pasada marcha de la Generación Z: el gobierno no puede minimizar, descalificar ni ocultar la protesta, que la movilización la encabezó una generación que representa cerca de 30 millones de personas. Subrayó que hacía mucho tiempo que el país no vivía ese tiempo de movimientos por descontento.
El morenista Antonio Chaurand Sorzano le respondió más tarde y cuestionó si verdaderamente eran los jóvenes los que estaban protestando, cuando por primera vez se les voltea a ver y se les está devolviendo el futuro; que la marcha no fue apartidista y que para ello bastaba ver quién los estaba liderando.
La aguerrida Susana Bermúdez Cano y su compañero Aldo Iván Márquez Becerra respondieron. Ella remarcó que el gobierno se preocupa más por twitteros y reprime la crítica y los vea como adversarios; mientras que Márquez Becerra indicó que la generación salió a pedir seguridad en el país, que no se está entendiendo lo que pide la población.
David Martínez Mendizábal, apasionado defensor a ultranza de tooooodo lo que haga la 4T, argumentó que era falso que no se viera la realidad a partir de premisas ideológicas y mensajes construidos. Puntualizó que un hecho como el ocurrido el sábado se podía ver desde diferentes puntos de vista, pero que antes sí había censura, represión y enlistó diversos acontecimientos.
Así fue una sesión con coincidencias y confrontaciones.
