Por Ben Segram
Tengo una persona querida en un anexo. Afortunadamente a salvo, al menos por ahora. A salvo de la violencia homicida, no de la droga, que como una sombra acecha siempre a quien alguna vez la ha consumido. A la entrada del sitio donde está internado, un letrero señala, entre otras cosas, que ahí se trata a la gente con “…pleno respeto a los derechos humanos…”.
Nada más falso. La similitud con una cárcel es evidente, pues los internos, en primer lugar, y con honrosas excepciones, no están allí por voluntad propia. La más de las veces fueron sus familiares quienes los condujeron a ese lugar, como un acto desesperado por ayudarles a salir del infierno de la droga; en otras, solo para quitarse un problema de encima.
No abundaremos en el ataque que costó la vida a más de 26 personas en Arandas, Irapuato, tercero del año en ese municipio, pues la dimensión trágica de ese hecho es tan grande que sobrepasa cualquier descripción. Queremos referirnos a las condiciones en que funcionan estos sitios donde supuestamente se brinda atención a los adictos.
Hay anexos para todos los niveles sociales, donde el costo por terapia crece en proporción al poder adquisitivo, pero ninguno es barato. En el establecimiento de referencia, se cobran 650 pesos por semana, pero hay otros donde el tratamiento por cuatro meses cuesta más de 40 mil pesos. Los familiares de cada interno deben entregar además, cada siete días, un paquete de papel de rollo, detergente y jabón de baño.
¿Qué se da a cambio? En ese caso particular, la comida consiste, no en una sopa, sino -cito textualmente- en “agua con verduras”. A mañana, tarde y noche. Ocasionalmente, frijoles. La única posibilidad de variar ese menú es durante la visita familiar. Entonces, quienes tienen la suerte de tener gente que se preocupe por ellos, pueden alimentarse con algo distinto.
El alojamiento es único, así que todos comparten el mismo espacio. En el caso a que me refiero, el anexo es sólo para personas de sexo masculino; muy cerca, hay otro para mujeres. Duermen sobre colchones individuales viejos, rotos, colocados en el suelo. Con huellas de sangre, orines u otros desechos dejados por usuarios anteriores.
Como ya se dijo, las semejanzas con una prisión son muchas. Hay uno o varios encargados del orden, que suelen auxiliarse de internos dignos de confianza para reprimir las manifestaciones de indisciplina. Reprimir es la palabra correcta. En el lugar ya mencionado, los rebeldes –quien intenta escapar, quien se resiste a que le inyecten “vitaminas”, los bravucones, los que protestan- son atados a alguna reja para ser golpeados casi a placer por los celosos custodios.
Gran parte de las “terapias” consiste en testimonios de los mismos internos. Las historias suelen ser tan desgarradoras, que dudosamente alientan la recuperación y sí, en cambio, propician la depresión. También se dan pláticas religiosas y lecturas bíblicas. El dogma como tratamiento de un problema de salud. Como en las escuelas, existe una tiendita donde quien tenga dinero puede adquirir golosinas, refrescos, café. Si de momento no hay efectivo, no importa: la cuenta se carga a la familia.
¿Tabla de salvación?
Así y todo, el anexo es casi como un hogar para muchos. Prácticamente todos los internos han sufrido violencia -física, psicológica, sexual- desde muy pequeños. Han padecido violaciones, dormido durante años en las calles y padecido hambre. Cuentan que han tenido que buscar comida entre la basura. Y, una vez presas de la droga, han robado para comprar la dosis de cada día. Las mujeres, madres adolescentes varias de ellas, no son la excepción.
Entonces, esos lugares son como remansos de paz para sus agitadas y agrietadas vidas, pese al maltrato y a las escasas raciones. Y revelan el trasfondo de la vida en los cinturones de pobreza, donde la violencia cotidiana, la falta de educación y de oportunidades se ceban con los más jóvenes, pues muchos son menores de 30 años. El porcentaje de la generación millenial que no encuentra futuro.
Hace unas décadas, ya se consumía droga, pero a pequeña escala, casi siempre marihuana. El cristal y otras sustancias híper adictivas son de presencia relativamente reciente. De acuerdo con el Inegi, para 2019 el número de adictos a las anfetaminas en México creció 775% en 18 años, al pasar de 1.2 a 10.5 personas por cada 100 mil habitantes. En 2016, nuestro país se ubicaba en la posición 15 del ranking de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
No es claro a que se deba este aumento, pero se sabe que un porcentaje importante se originó en la sobreoferta surgida a raíz de la fracasada “lucha antinarco” emprendida por Felipe Calderón en 2006, cuando los cárteles, ante la mayor vigilancia en la frontera con Estados Unidos, voltearon sus ojos al mercado interno, a las colonias y comunidades marginadas.
Eso daría lugar al gran negocio de los anexos. Aunque existen centros de rehabilitación institucionales, la gran demanda ha propiciado la apertura de numerosos espacios privados, sin regulación ni vigilancia. No parece existir supervisión gubernamental. Se carece de información sobre los especialistas con que debieran contar –psicólogos, médicos, nutriólogos, etc.- y los organismos de derechos humanos, de por sí ineficientes, brillan por su ausencia.
Los únicos beneficios reales de los internos parecen ser contar con un sitio donde dormir y algo que comer, así sean verduras en agua. Porque el cobro sí es inflexible: una vez pactado el acuerdo con los familiares, el interno sólo puede ser liberado anticipadamente si se paga de forma íntegra el plazo acordado. No es la salud del afectado lo que determina la decisión, sino el interés pecuniario de los administradores.
En conclusión, cuando el gobierno otorga autorización para el funcionamiento de esos sitios, ¿exige que cumplan ciertas condiciones mínimas de atención, higiene y seguridad? ¿Realiza tareas de supervisión regulares? Evidentemente, no. La mayoría ni permiso tienen, según revelan algunos medios a raíz de la masacre irapuatense.
Sin duda, algo huele muy mal en los anexos.
