Guanajuato. – El primer Foro de Consulta sobre las Iniciativas de Modificaciones a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, organizado por la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, mostró visiones académicas y un panorama sobre la problemática que afecta a transportistas.
Faltaron dos aspectos complementarios: la revisión de modelos urbanos en su dimensión social y jurídica y el considerar que varias localidades constituyen zonas metropolitanas integradas en su economía, cultura y movilidad.
El panorama
El corredor industrial del estado de Guanajuato concentra 4 de los más de seis millones de habitantes de la entidad; tiene cuatro áreas metropolitanas: León-Silao-Rincón, con 2.2 pobladores; Irapuato-Salamanca con unos 900 mil y la zona Celaya-Laja, con unos 800 mil; y, aunque lo integra un solo municipio, Guanajuato, con 200 mil.
Al norte y sur se ubican ciudades o zonas metropolitanas con entre 150 mil y 200 mil habitantes, entre los que sobresalen San Miguel De Allende, Dolores Hidalgo y el conjunto Uriangato-Moroleón-Yuriria.
Municipios como Guanajuato, Romita y Abasolo complementan un circuito de movilidad.
Son localidades con diferentes condiciones de desarrollo. En materia de movilidad, León tiene un Sistema Integrado de Transporte (SIT) y una red de ciclovías que en su momento fueron ejemplo nacional, pero que ya han sido rebasados por otras ciudades.
Las propuestas de ley
Actualmente son analizadas cinco propuestas de ley relacionadas con la movilidad. Las iniciativas que están en análisis son la armonización de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; la segunda persigue prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en el trasporte público con perspectiva de género. Tres iniciativas más proponen obras de infraestructura vial que prioricen a las personas peatonas, vehículos no motorizados y transporte público; introducir el concepto de servicio de transporte integrado como una de las prácticas de planeación conjunta y gobernanza territorial; e integrar apartados sobre instrumentos financieros, de planeación y participación ciudadana relativa a la movilidad.
Voz de expertos
Ernesto Ramírez García, cofundador de la organización URBE, presentó el marco normativo actual e instó a las y los legisladores a hacer los ajustes necesarios. Explicó las bases de un modelo sistémico en torno a la movilidad, que parte de los riesgos de errores humanos. Planteó que debe cambiar el modelo de desarrollo urbano para que las personas que habitan una ciudad puedan tener a su alcance bienes y servicios sin desplazarse más allá de su zona de residencia.
Su compañero Chistopher Monzalvo, expuso cuáles son los medios de transporte de la población guanajuatense y mencionó que el medio de transporte más utilizado es el transporte público, pero que el vehículo particular es el que recibe la mayor inversión para infraestructura.
Benjamín Millán, de la organización Planeta B, expuso los efectos del cambio climático, cómo se amplía por el uso de vehículos motorizados y la necesidad de construir ciudades resilientes que favorezcan a la movilidad para mitigar los impactos de este fenómeno.
Finalmente, Nélida Viña, integrante de la Red de Ciclistas Urbanxs Independientes de León, señaló la importancia de trasladarse en vehículos no motorizados y hacerlo en un ambiente de seguridad para las personas.
Sobre el contexto de modelo urbano sólo hicieron abordajes generales. No profundizaron en concepciones de urbanismo.
Los transportistas
Transportistas de distintos municipios tuvieron voz en un segundo foro:
Daniel Villaseñor Moreno, representante de los transportistas de León, explicó las ventajas del sistema de transporte público en ese municipio. Pero pidió que se proteja a los empresarios transportistas respecto a la competencia desleal derivada de los servicios de movilidad suburbana e interburbana.
Juan Manuel Lerma Rico, representante de los Transportistas Urbanos de Guanajuato, propuso que se integre al nuevo consejo de movilidad a un representante del gremio de los concesionarios del transporte público. Pidió como incluir a representantes del gremio en el Observatorio Ciudadano.
Juan Armando Gómez Trejo, representante de taxistas en el estado, planteó están viviendo una crisis debido a taxis irregulares y de plataformas digitales. No existe una aplicación de la ley que apoya la creación de nuevos ordenamientos, indicó.
Rodolfo Muñoz, empresario de transporte de personal en Irapuato. Dijo que ya no hay otorgamiento de concesiones en el municipio, pues éstas fueron repartidas previamente.
César Zacanini, de la Red de Ciclistas Urbanxs Independientes de León, planteó que las personas concesionarias rindan cuentas sobre las acciones que aplican con dinero público.
Además de representantes de ayuntamientos, empresarios transportistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, durante los foros estuvieron presentes las diputadas Dessire Ángel Rocha y Yulma Rocha Aguilar; así como los diputados Martín López Camacho, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, Bricio Balderas Álvarez y Rolando Fortino Alcántar Rojas.
