Guanajuato, Guanajuato.- La diputada morenista Hades Berenice Aguilar Castillo sigue el campaña: a nivel municipal, para dar raspones a su correligionario César Prieto; a nivel estatal, su guerra permanente contra el fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste. Ahora propuso punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que, por conducto del Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, y en coordinación con las autoridades federales y municipales competentes, instale y mantenga permanentemente las mesas de seguridad para la Construcción de la Paz en Salamanca, en cumplimiento del acuerdo de enero de 2026, para coordinar, implementar y evaluar una estrategia integral de construcción de paz.
Quiere que Vázquez Alatriste participe permanentemente en las mesas de seguridad para la Construcción de la Paz en Salamanca, coadyuve en su instalación y continuidad y dé seguimiento a los acuerdos que en ellas se adopten, en cumplimiento del citado compromiso.
Aguilar destacó que esos mecanismos buscan generar coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para analizar la incidencia delictiva y establecer acciones conjuntas en materia de seguridad y construcción de paz.
Señaló que Salamanca registró 98 víctimas de homicidio doloso entre enero y junio de 2026, cifra que, de acuerdo con los datos expuestos en la propuesta, representa 12.42 por ciento del total registrado en Guanajuato durante ese periodo.
En enero de este año, dijo, luego de los hechos violentos ocurridos en Loma de Flores, se llevó a cabo una mesa de seguridad para la Construcción de la Paz con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, en la cual se acordó mantener de manera permanente este mecanismo de coordinación.
Sin embargo, indicó que posteriormente no existe la participación de titulares o representantes de la Secretaría de Seguridad y Paz y de la Fiscalía General del Estado en dichas mesas, pese al compromiso establecido para darles continuidad.
Finalmente, enfatizó la importancia de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno como una herramienta para prevenir y atender la violencia, así como para generar estrategias conjuntas que permitan mejorar las condiciones de seguridad en Salamanca.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
También pide auditoría a IDEA GTO
Además del anterior, Aguilar Castillo, propuso un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Honestidad para que, por conducto de la autoridad investigadora competente y en coordinación con el Órgano Interno de Control del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato, inicie de oficio una investigación integral sobre los presuntos actos de corrupción y conflicto de interés relacionados con Juan Antonio Reus Montaño, y de encontrarse indicios o hallazgos que lo confirmen, presente las denuncias penales correspondientes.
De igual manera, se pide adicionar una auditoría integral financiera, de cumplimiento y de desempeño al Programa General de Fiscalización 2026 de la Auditoría Superior del Estado al citado Instituto al cien por ciento de los contratos, convenios, apoyos, subsidios, transferencias y demás instrumentos celebrados u otorgados al Sistema de Innovación Tecnológica y Emprendimiento del Estado de Guanajuato, A.C, al Parque de Innovación Agrobioteg, S.C., a WhatYou Com, S. de R.L. de C.V. y a cualquier otra persona moral en la que Luis Manuel Villegas Elizarraraz o Roberto Hernández Couste hayan participado como socios, accionistas, representantes, administradores, apoderados o beneficiarios, siempre que haya recibido recursos del Instituto durante el periodo auditado; por los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, así como de manera concomitante el ejercicio fiscal 2026
Indicó que el exhorto surge a partir de diversos señalamientos públicos y de una denuncia ciudadana acompañada de documentación que, a su consideración, plantea la necesidad de investigar posibles conflictos de interés relacionados con el director general de IDEA GTO, Juan Antonio Reus Montaño, así como la asignación de recursos a personas morales vinculadas con antiguos socios comerciales.
Refirió que la información presentada identifica convenios, contratos y apoyos otorgados entre 2021 y 2024 a organizaciones representadas por personas con quienes el funcionario mantuvo relaciones empresariales en el pasado, por un monto superior a 17.9 millones de pesos, situación que, afirmó, amerita una revisión para determinar si existió algún conflicto de interés o intervención indebida en la asignación de dichos recursos.
Finalmente, Aguilar Castillo precisó que los hechos expuestos no constituyen, por sí mismos, una acreditación de responsabilidades administrativas o penales; sin embargo, sostuvo que existen elementos suficientes para justificar una investigación por parte de las autoridades competentes y, en su caso, la presentación de las denuncias que correspondan.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
