Guanajuato, Guanajuato.- Por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado exhortó a los ayuntamientos de Comonfort, Purísima del Rincón, Coroneo, Jaral del Progreso, Tarandacuao, Yuriria, Cortazar, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salvatierra y Santiago Maravatío para que regulen la prestación de los servicios de seguridad privada conforme a lao establecido en la Ley de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato.
La priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia habló a favor del dictamen correspondiente, en el que indicó que la propuesta representa un paso necesario para fortalecer las capacidades municipales en una de las materias más sensibles para la ciudadanía: la seguridad pública y su coordinación con la seguridad privada.
El dictamen reconoce que la seguridad es una función pública esencial, donde los municipios tienen responsabilidades directas que no pueden ser sustituidas ni delegadas sin un marco normativo adecuado.
Comentó que la seguridad privada no es un fenómeno marginal ni nuevo y que su crecimiento responde a transformaciones sociales y económicas que han hecho indispensable su participación como actividad auxiliar de la seguridad pública, siempre bajo control, regulación y supervisión del estado.
Explicó que once ayuntamientos carecen de disposiciones reglamentarias que les permitan ejercer plenamente sus facultades de verificación, supervisión e inspección sobre las empresas de seguridad privada, lo que genera un vacío normativo que abre la puerta a la irregularidad, a la falta de control y, en consecuencia, a riesgos para la ciudadanía:
“La seguridad privada no puede, bajo ninguna circunstancia, asumir funciones exclusivas de la autoridad. Por ello, requiere supervisión estricta, reglas claras y coordinación efectiva para garantizar que su actuación respete los derechos humanos, prevenga abusos y se conduzca conforme a la ley”.
Votar a favor se permite fortalecer el sistema estatal de seguridad; cerrar espacios a la irregularidad; brindar certeza jurídica a empresas, trabajadores y usuarios de seguridad privada; y, sobre todo, proteger a las familias guanajuatenses, concluyó.
Exhortan a los tres órdenes de gobierno a oficializar el uso de lenguas indígenas en señalética y espacios públicos
El Congreso del Estado de Guanajuato exhortó, por unanimidad de votos, a instituciones de los tres órdenes de gobierno a que fortalezcan para que coloquen señalética -en lugares públicos- escrita en lenguas chichimeca jonaz y otomí, y sus variantes lingüísticas.
La recomendación va dirigida al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y a las secretarías de Cultura y de Educación del Gobierno Federal; a las secretarías de Cultura, de Derechos Humanos y de Educación del estado de Guanajuato; y a los 46 ayuntamientos, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias vinculadas con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, fortalezcan y continúen de manera coordinada y permanente impulsando la inclusión visible y sistemática de las lenguas mencionadas en la señalética de instalaciones culturales y educativas, oficinas gubernamentales, con letreros de bienvenida; así como el desarrollo de acciones para la preservación, revitalización y protección del patrimonio lingüístico del Estado.
La morenista Plásida Calzada Velázquez manifestó que la propuesta promueve la inclusión visible y sistemática de lenguas originarias como el chichimeca jonaz y el otomí en señalética pública, junto con acciones coordinadas para preservar, revitalizar y proteger el patrimonio lingüístico, que tiene relación con la reforma constitucional de 2001 y la Ley General de Derechos Lingüísticos que reconocen estas lenguas como nacionales, con uso garantizado en todos los ámbitos.
Hizo un llamado a implementar políticas públicas integrales y verificables entre los tres niveles de gobierno para impactar la vida cultural, educativa y social de las comunidades hablantes, invitando a votar a favor del dictamen como muestra del compromiso legislativo con los pueblos y comunidades indígenas guanajuatenses.
El panista Jesús Hernández Hernández refirió que la lengua materna no sólo debe verse como el primer idioma de comunicación, sino como la raíz de la identidad cultural que porta una cosmovisión única, estructurando el pensamiento, la percepción del mundo y las relaciones humanas, de modo que su desaparición extingue universos completos de mitos, saberes ancestrales y perspectivas enriquecedoras para la humanidad.
Comentó que el dictamen establece corresponsabilidad entre gobiernos para impulsar la inclusión sistemática de estas lenguas, perfeccionando el marco normativo y priorizando su salvaguarda como pilar del patrimonio pluricultural guanajuatense, por lo que invitó a sus homólogos a votar a favor para fortalecer el porvenir de lenguas, tradiciones y diversidad de Guanajuato.
Llaman a reforzar la protección de las lenguas indígenas y promover su difusión
Por su parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y al Fondo de Cultura Económica para que, en el marco de la política lingüística nacional y mediante coordinación interinstitucional, refuercen la protección, difusión, uso, desarrollo y aprendizaje de las lenguas indígenas a través de la educación intercultural bilingüe, con el fin de fomentar perspectivas culturales diversas, fortalecer el orgullo identitario, desarrollar competencias comunicativas orales y escritas en las lenguas maternas del país.
También piden promover la publicación y difusión de obras editoriales sobre lenguas indígenas nacionales, así como respecto de la realidad multicultural de la nación, mediante acciones como la generación de contenidos pedagógicos, la formación de intérpretes, la publicación y distribución de obras literarias y recursos digitales en lenguas originarias, y el fomento y publicación de obras de escritoras y escritores indígenas; contribuyendo así al rescate de saberes ancestrales, la preservación de la lengua y la garantía plena de los derechos culturales, lingüísticos y pluriculturales de los pueblos y comunidades indígenas de México.
La propuesta fue leída por Roberto Carlos Terán Ramos comentó que la lengua constituye un conjunto de formas y modos de concebir el mundo, de pensar, de hablar y de expresarse, en estrecha asociación con las culturas.
Explicó el lenguaje es un instrumento de comunicación y la expresión de una cosmovisión única y profunda: en México, más de 7.3 millones de personas pertenecen a una comunidad indígena, lo que representa el 6.1% de la población nacional; mientras que Guanajuato registra en el Padrón de Comunidades Indígenas a más de 67 mil 240 personas distribuidas en los municipios de San Luis de la Paz, Comonfort, Tierra Blanca y Victoria, entre otros.
Terán Ramos mencionó que no basta con el reconocimiento legal de las lenguas indígenas, pues se requiere la creación y distribución efectiva de libros, recursos digitales y literatura en lenguas maternas que garanticen una alfabetización real, digna y culturalmente pertinente.
Habló sobre el desafío lingüístico del enfoque intercultural en el sistema educativo nacional que consiste precisamente en lograr un trato equitativo y respetuoso para las lenguas indígenas en todas las aulas y escuelas del país, superando barreras mediante materiales accesibles y pedagogías inclusivas.
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, subrayó el diputado, es imperativo reconocer que las lenguas indígenas constituyen parte integrante y esencial del patrimonio cultural del Estado, al representar una de las principales expresiones de su composición pluricultural y plurilingüe.
Finalmente argumentó que no solo es proteger el uso oral de las lenguas indígenas en las escuelas, sino fomentar activamente el surgimiento de escritoras y escritores indígenas mediante talleres de creación literaria y concursos escolares en lenguas maternas, así como publicar y difundir su producción a través de materiales didácticos, plataformas digitales bilingües y bibliotecas escolares, porque estas acciones pedagógicas representan una de las formas más efectivas de preservar la lengua, conservar su vitalidad generacional en el aula y enriquecer la cultura nacional desde un enfoque educativo inclusivo e intercultural.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.
