Guanajuato, Guanajuato.- En voz del diputado Rodrigo González Zaragoza, el grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Acámbaro para que no se apruebe ningún incremento tarifario de servicio de autobuses sin que previamente se realicen estudios técnicos, económicos y sociales que permitan valorar con objetividad las afectaciones para la ciudadanía.
También pide la Contraloría Municipal de Acámbaro para que inicie los procedimientos correspondientes para sancionar a las personas responsables de haber anunciado o promovido el aumento al pasaje sin apego a la legalidad vigente.
González Zaragoza comentó que el aumento en la tarifa del transporte público en diversos municipios de Guanajuato ha generado inquietud en la ciudadanía, pues afecta directamente la economía doméstica de millones de usuarios que dependen diariamente de este servicio esencial.
Añadió que cuando el costo del transporte aumenta, las familias destinan una mayor proporción de su presupuesto a movilizarse, lo cual puede provocar recortes en otros rubros esenciales y que cuando el aumento tarifario no viene acompañado de mejoras verificables en la calidad, seguridad, accesibilidad y cobertura del servicio, se erosiona la confianza ciudadana en las autoridades.
Habló de los hechos registrados en Acámbaro que iniciaron el año pasado cuando los concesionarios del transporte público urbano y suburbano solicitaron formalmente al Ayuntamiento la revisión de la tarifa, argumentando que el incremento en los costos del diésel, refacciones y mantenimiento hacía insostenible la tarifa vigente. Sin embargo, el 4 de febrero de 2026, los concesionarios decidieron aplicar de manera unilateral un aumento de 1 peso al pasaje, elevando la tarifa a 11 pesos, sin que existiera acuerdo de Cabildo ni dictamen técnico aprobado por la autoridad municipal competente.
Finalmente, manifestó que autoridades municipales iniciaron la imposición de infracciones a concesionarios que cobraban la tarifa no autorizada, y fue hasta el 13 de febrero de 2026 que se informó que los concesionarios mantenían el cobro de la nueva tarifa pese a la falta de autorización formal.
La propuesta se remitió para su estudio y dictamen a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial.
Plantea MC subsidiar el transporte público para mejorar su calidad
Guanajuato, Guanajuato.- El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato y a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios en materia de presentación del servicio de transporte público. Propone derogar la disposición constitucional de que los municipios otorguen las concesiones y crear un fondo para subsidiar el servicio.
Rodrigo González Zaragoza planteó la propuesta y comentó que la prestación del servicio de transporte público, en cualquiera de sus modalidades, es motivo de inconformidades en varias ciudades del país, y que una de las principales controversias, que se presenta de forma cíclica, gira en torno al incremento constante de las tarifas.
Indicó que uno de los puntos de partida para tomar decisiones respecto a las tarifas de transporte público debe ser el reconocer que, tratándose de un servicio básico, el transporte público es un derecho humano, por lo que los ejercicios de determinación de las tarifas de transporte público deben atender al criterio de accesibilidad económica o asequibilidad de los derechos sociales, cuya implicación es, en términos simples, que los costos para acceder al servicio estén al alcance de todas las personas.
Habló sobre la regulación de la tarifa y mencionó que esa no es sólo un precio, sino un instrumento de política pública que articula los costos reales de operación con la capacidad económica de las personas usuarias.
Añadió que distinguir entre tarifa técnica, utilidad razonable, tarifa social y subsidio permite identificar cuándo el costo del servicio debe ser compensado mediante aportaciones públicas para garantizar accesibilidad sin comprometer la sostenibilidad del propio sistema, y dijo que en ese contexto el subsidio estatal no se entiende como una concesión discrecional, sino como una consecuencia lógica del reconocimiento de la movilidad como derecho humano.
De igual manera, comentó que la existencia de instrumentos financieros orientados a compensar incrementos necesarios, sostener la operación y proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad permite equilibrar la viabilidad operativa con justicia social, evitando que el ajuste del sistema recaiga de manera directa e inmediata en la economía de las personas usuarias.
Guanajuato es la única entidad que centra constitucionalmente el servicio como atribución primordial municipal, mientras que en el resto del país el transporte se concibe como una responsabilidad del gobierno estatal en coordinación con los municipios, resaltó.
Por lo anterior, propuso derogar de la Constitución Política local la atribución rígida que asigna de manera expresa a los ayuntamientos la prestación del transporte público urbano y suburbano en ruta fija; y armonizar la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios para incorporar de manera expresa al Ejecutivo del Estado como actor concurrente en la prestación, regulación, planeación y financiamiento del transporte público urbano y suburbano.
Además, plantea la creación del Fondo de Subsidio para el Transporte Público Urbano y Suburbano, como un instrumento financiero estatal cuyo objeto es garantizar la accesibilidad económica del servicio, y establecer que la tarifa debe construirse a partir de una metodología objetiva que articule la tarifa técnica, la demanda estimada, la utilidad razonable, la tarifa social y el subsidio.
La parte correspondiente a la Constitución Política local se turnó a la Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales; mientras que lo relativo a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios se remitió a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial para su estudio y dictamen.
