Irapuato, Guanajuato.- A casi cuatro años de la muerte de su hijo, la señora Norma Lucía Rangel Sánchez volvió a alzar la voz para exigir justicia por el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel, joven estudiante de la Universidad de Guanajuato que presuntamente fue abatido por elementos de la Guardia Nacional en abril de 2022.
La madre de Ángel Yael informó que el juicio oral contra dos elementos de la Guardia Nacional comenzará el martes 17 de marzo de 2026 en la ciudad de Guanajuato capital.
Los representantes legales de la familia hicieron un llamado a la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y ciudadanía en general a mantenerse atentos al desarrollo de las audiencias, con el objetivo de que el proceso judicial se lleve a cabo con transparencia y conforme a la ley.
La madre del joven reiteró su petición de justicia y pidió que el caso no quede impune.
“Vengo a pedir justicia por mi hijo y a que me apoyen a seguirla pidiendo. Esta desgracia no debe repetirse jamás en ninguna familia de Irapuato ni de México”
Durante un pronunciamiento dirigido a medios de comunicación y a la sociedad, la madre del joven recordó que el 27 de abril de 2022 elementos de la corporación federal accionaron armas de fuego contra estudiantes del campus Irapuato–Salamanca que viajaban en un vehículo, entre ellos su hijo, quien cursaba la licenciatura en Ingeniería en Agronomía.
“Dentro de este acontecimiento, mi hijo Ángel Yael Ignacio Rangel pierde la vida”, expresó.
De acuerdo con su testimonio, los disparos también pusieron en riesgo la vida de otros tres estudiantes que se encontraban en el mismo automóvil. Señaló que en ese momento varios de los jóvenes aún no cumplían los 20 años y aseguró que no existía motivo para el uso de la fuerza.
“No existió motivo, no hubo razón. Los estudiantes no le hacían daño a nadie”, afirmó.
La madre del joven describió el impacto que el hecho ha tenido en su familia desde entonces. Señaló que la muerte de su hijo provocó la ruptura del núcleo familiar y cambió por completo su vida cotidiana.
“Desde el 27 de abril del 2022 la vida de una familia completa no vuelve a reunirse como normalmente lo hacíamos. Les puedo decir que mi familia no volvió a ser la misma; ese núcleo se destruyó”, dijo.
Recordó a Ángel Yael como un joven dedicado a sus estudios, con aspiraciones de convertirse en profesionista y apoyar a su familia.
“Era mi hijo mayor, único hermano de mi hija, fuerte, guerrero, con muchas ganas de crecer y ser alguien importante en la vida”, expresó.
Abogados señalaron irregularidades judiciales, además cuestionan privilegios para acusado de la Guardia Nacional
A casi cuatro años del asesinato del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel, la familia y sus representantes legales denunciaron que el proceso judicial ha enfrentado múltiples obstáculos, retrasos y decisiones judiciales que consideran sesgadas, lo que ha prolongado la búsqueda de justicia por el caso ocurrido el 27 de abril de 2022.
Hay que recordar que el joven, alumno de la Universidad de Guanajuato, murió tras disparos realizados presuntamente por elementos de la Guardia Nacional cuando él y otros estudiantes viajaban en una camioneta cerca del campus Irapuato-Salamanca.
La defensa de la familia afirmó que el proceso se ha extendido mucho más de lo que establece la Constitución, que señala que un proceso penal debería resolverse en un plazo aproximado de un año.
Según los abogados, una de las principales causas de la demora fueron decisiones judiciales tomadas en las primeras audiencias del caso.
Inicialmente, un juez dictó no vinculación a proceso, lo que obligó a la familia a impugnar la decisión. Posteriormente, en una segunda audiencia se dictó una vinculación, pero por delitos distintos a los que consideraban correctos.
La defensa sostuvo que el caso debía investigarse como homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, lo cual finalmente fue reconocido tras diversas impugnaciones legales que se resolvieron meses después.
“Hubo decisiones iniciales en las cuales se marginaban delitos que desde nuestra óptica sí se habían cometido”, explicó uno de los abogados del caso.
Estas resoluciones, sumadas a recursos legales y procesos de amparo, provocaron que el caso avanzara lentamente. Incluso un amparo promovido por la familia para intentar involucrar institucionalmente a la Guardia Nacional como posible responsable solidaria del actuar de sus elementos tardó casi un año en resolverse.
Los representantes legales reconocieron que en su momento detectaron sesgos en decisiones judiciales que, señalaron, dificultaron que el caso avanzara conforme a su planteamiento.
“En su momento los encontramos”, señalaron al referirse a decisiones de jueces que, aseguran, limitaron la acusación en las primeras etapas del proceso.
No obstante, manifestaron confianza en que el juicio oral sea llevado por un juez federal distinto que no ha intervenido previamente en el caso.
Otro de los aspectos que ha generado inconformidad es la situación jurídica de los acusados.
De acuerdo con los abogados, uno de los elementos de la Guardia Nacional permanece en prisión preventiva en una cárcel militar en Zapopan, Jalisco, mientras que el segundo acusado —señalado únicamente por tentativa de homicidio— se encuentra en libertad con medidas restrictivas.
La decisión de enviar al principal acusado a una prisión militar fue tomada por el juez tras una solicitud de la defensa, argumentando razones de seguridad debido a que se trata de un elemento de la corporación federal.
La familia del estudiante se opuso a esta medida al considerar que el delito se cometió contra civiles y fuera del ámbito castrense.
“Fue enviado a una prisión militar por solicitud de la defensa y atendido por el juez, aunque nosotros manifestamos nuestra inconformidad”, explicaron.
Para concluir los abogados señalaron que, en caso de que se dicte una sentencia condenatoria, lo procedente sería que el acusado cumpla la pena en un penal ordinario del sistema federal, ya que dejaría de tratarse de una medida cautelar.
