Aprueba el Congreso cambios al proceso de elección judicial

Se elimina la intervención del Supremo Tribunal de Justicia como instancia de revisión de las resoluciones estatales

Guanajuato, Guanajuato.- Por unanimidad en la mayoría de los casos, las bancadas que integran el Congreso del Estado aprobaron una serie de reformas, tanto a la Constitución Política del Estado como a diversas leyes.

Reformas en materia de prisión preventiva oficiosa, elección judicial, soberanía nacional y derecho al cuidado del medio ambiente

En la sesión ordinaria fueron aprobadas reformas a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, con la finalidad de ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, reestructurar las instancias del Tribunal de Disciplina Judicial, regular los procesos de evaluación, postulación y elección de personas magistradas y juzgadoras en la entidad, la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, soberanía nacional y establecer el derecho al conocimiento del cuidado del medio ambiente.

En los cambios se contempla que toda persona tiene derecho al conocimiento del cuidado del medio ambiente, junto a la ampliación del catálogo de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa, al incorporarse el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, la extorsión, el robo a casa habitación, el uso indebido de programas sociales con fines electorales, la corrupción en la modalidad de enriquecimiento ilícito y las conductas tipificadas en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

También se añade que no se aceptarán intervenciones, intromisiones o cualquier acto proveniente del exterior que sea lesivo de la integridad e independencia; en las facultades del Congreso del Estado se reduce el plazo para intervenir en la autorización de las licencias a más de un mes y se señala que deberán otorgarse de manera debidamente justificada y abriendo la facultad de concederlas sin goce de sueldo.

Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado; se elimina la intervención del Supremo Tribunal de Justicia como instancia de revisión de las resoluciones del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado o una Comisión Unitaria; que las personas Magistradas que aspiren a un cargo de elección distinto al que ostenten deberán separarse del cargo mediante renuncia expresa e irrevocable; y se precisa que la convocatoria para la integración del listado de candidaturas se publicará a más tardar el 30 de abril del año anterior al de la elección judicial.

Se elimina la exigencia de presentar un ensayo de tres cuartillas y cinco cartas de recomendación, así como la verificación directa de conocimientos dentro de esa fase inicial y se agrega que los mecanismos de evaluación y selección deberán ser de carácter paritario desde el origen; se modifica de forma sustancial la estructura del proceso al crear una nueva Comisión Coordinadora, integrada por las personas coordinadoras de los tres Comités de Evaluación de cada Poder, misma que asume la responsabilidad de verificar los requisitos legales, definir metodologías y exámenes homologados, y emitir los acuerdos regulatorios, dejando a los Comités la tarea de seleccionar a las personas mejor evaluadas bajo esos criterios unificados.

La reforma reducen los números de la preselección y selección final, pasando de un listado inicial de seis a cuatro personas mejor evaluadas, y ajustando la depuración por insaculación de un número indeterminado a solo dos personas por cargo; se robustece la regla de paridad de género al exigir que se garantice de manera obligatoria tanto en la lista previa a la insaculación por materia y territorio, como en el listado final resultante; y se detallan las reglas precisas de postulación de cada Poder, precisando que la Gubernatura postulará por el Ejecutivo, el Pleno del Congreso requerirá mayoría calificada de dos terceras partes por el Legislativo, y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia decidirá por mayoría de votos por el Judicial.

Las autoridades electorales no podrán modificar los resultados de la elección ni la asignación de cargos una vez que abra el primer periodo ordinario de sesiones y las personas electas hayan tomado protesta; para poder ser electa la persona juzgadora deberá haber residido en el Estado durante un año anterior al día de la publicación de la convocatoria; y finalmente se modifica la integración del Sistema Estatal Anticorrupción en el que se agrega la presencia del Tribunal de Justicia Administrativa.

Las reformas generaron un debate entre panistas y aliados y la bancada morenista. Finalmente, la mayoría se impuso.

Reformas a la ley de salud

Con las modificaciones se establece que el Sistema Estatal de Salud deberá brindar atención integral orientada al tratamiento y alivio del dolor, respetando en todo momento la voluntad y dignidad de la persona y garantizando su acceso a cuidados paliativos.

La reforma parte del reconocimiento de la dignidad humana como eje de la atención en salud, particularmente en una etapa en la que las personas requieren no sólo atención médica, sino también acompañamiento profesional y un trato respetuoso.

De esta manera, se busca que quienes atraviesan una enfermedad en situación terminal puedan recibir atención que contribuya a aliviar el sufrimiento y preservar, hasta donde sea posible, su bienestar y calidad de vida, respetando su integridad física, emocional y moral.

La modificación establece que la atención durante la etapa final de la vida debe desarrollarse bajo principios de respeto, dignidad, acompañamiento profesional y atención integral, con especial énfasis en el alivio del dolor y el acceso a cuidados paliativos.

Fortalecen derechos de las personas adultas mayores para una vida digna y libre de violencias

Con el propósito de que las personas adultas mayores accedan a una vida libre de violencias, a la la promoción, protección, goce y ejercicio de sus derechos y fomentar el envejecimiento activo y saludable, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a la   Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato.

Con estas reformas se incorpora al glosario el concepto de violencia contra las personas adultas mayores y se especifica que es cualquier acción u omisión que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

Asimismo, se incluyen los tipos de violencia contra las personas adultas mayores y su definición: violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica y violencia sexual, así como el principio de igualdad sustantiva, entendido como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Se establece como derecho de las personas adultas mayores a desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles sociales; así como a la información plural, oportuna y accesible. El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.

En favor de la mejora regulatoria, simplificación de trámites burocráticos y lenguaje incluyente

El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las reformas a Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica para El Estado de Guanajuato, a efecto de conservar y fortalecer aquellas disposiciones relacionadas con el impulso del desarrollo empresarial, la generación de empleo y atracción de inversiones, así como la celebración de convenios de colaboración y coordinación con autoridades federales y municipales orientadas a la simplificación y digitalización de los procesos administrativos, junto la incorporación de un lenguaje incluyente y no sexista.

Las modificaciones contemplan cambios en términos que resultan ser discriminatorios y que atentan contra los principios de paridad e igualdad sustantiva, además de que se añade una persona representante de la sociedad civil, con experiencia en simplificación administrativa, digitalización o eliminación de trámites burocráticos vinculados con la apertura, operación y desarrollo de actividades económicas al Consejo para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado, así como proponer acciones en la materia. El dictamen fue aprobado por unanimidad.

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Periódico Notus
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