Políticos de la 4T y empresarios “esconden fortunas en paraísos fiscales”

Una investigación periodística llamada Pandora Papers, reveló que al menos 3 mil mexicanos “han ocultado fortunas”, lo sobresaliente son funcionarios del gobierno de AMLO

México. “Pandora Papers” es una investigación periodística que reveló que al menos 3 mil mexicanos tienen fortunas en “paraísos fiscales”. Entre los nombres más destacables se encuentran: Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador por Morena, Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y publicada por Quinto Elemento Lab, reveló la larga lista de “ilustres mexicanos” que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales.

“Pandora Papers” dice que “ciudadanos mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios”.

Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia y hombres cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach.

En marzo de 2011, señalan los documentos, recibió las 50 mil acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, la cual controlaba a empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares.

Guadiana y otros

El senador por Morena y empresario minero, Armando Guadiana Tijerina, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.

Armando Guadiana Tijerina anterior a ser senador dijo que su ingreso anual rondaba los 600 mil dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones dólares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades, pero al tomar el cargo “desaparecieron”.

Jorge Arganis Díaz Leal actual secretario de Comunicaciones y Transportes, aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue creada en 1998 con el propósito de proteger su patrimonio.

En base a dicha investigación, dice que los documentos publicados, la compañía fue registrada en febrero de 1998, tan solo un mes después de que Arganis ingresara a la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México como director general de la planta de asfalto.

Desde ese año y hasta mayo de 2003, cuando se desempeñaba ya como director de Obras Públicas en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.

Julia Abdala, quien aclaran que no estuvo disponible para responder las solicitudes de comentarios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se convirtió en accionista de la offshore cuando Barlett, su pareja de 20 años, despachaba como senador.

La “concubina” de Barlett es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficinas, y cuyo primer accionista se mantuvo en el anonimato que garantizan las acciones al portador.

La empresa Roybell International Inc fue creada en diciembre de 2011 con un capital de 10 mil dólares a través de un despacho en Ginebra especializado en la gestión de grandes fortunas, que a su vez contrató los servicios de Alcogal.

Sabías que… La investigación de “Pandora Papers” detalla que, aunque tener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal.

En México no es ilegal tener “sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país”, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales.

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