Guanajuato, Guanajuato.- Con el voto de la mayoría panista y sus aliados y el debate con la bancada morenista, el Pleno de la 66 Legislatura exhortó a la presidenta de México para que, previo a la promulgación y publicación de la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, a las gubernaturas de las entidades federativas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, propicie un espacio de diálogo y escucha con las personas mexicanas con doble o múltiple nacionalidad, las organizaciones de migrantes y las comunidades mexicanas residentes en el exterior, así como un amplia revisión sobre la Ley de Nacionalidad, toda vez que durante el proceso legislativo no se generó un espacio específico para conocer y considerar sus planteamientos respecto de las implicaciones de la reforma en el ejercicio de sus derechos político-electorales, particularmente a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, igualdad y no discriminación, así como de los estándares nacionales e internacionales aplicables.
El dictamen fue presentado por la diputada priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, quien indicó que el dictamen se aprobó el pasado jueves cuando la minuta aún se encontraba en el Senado de la República y señaló la necesidad de escuchar, antes de su aprobación, a las personas mexicanas con doble nacionalidad, a las comunidades migrantes y a especialistas por tratarse de una reforma directamente en derechos políticos electorales, sin embargo, el Senado continuó con el procedimiento y lo aprobó.
El tema aún no queda sin materia, dijo, ya que el proceso legislativo continúa porque todavía falta pasar por la promulgación y publicación de la presidenta de la República. La congresista agregó que contar con otra nacionalidad no convierte a una persona en menos mexicana y que la doble nacionalidad forma parte del régimen constitucional desde hace décadas.
Comentó que el dictamen que se pone a consideración destaca esa realidad y la necesidad de considerar sus efectos antes de establecer nuevas restricciones a sus derechos políticos electorales.
De inmediato le reviró la morenista Martha Edith Moreno Valencia sostuvo que el exhorto propuesto para solicitar al Senado de la República la realización de foros de parlamento abierto ha quedado totalmente sin materia, toda vez que dicha cámara concluyó de manera integral el proceso de dictaminación el pasado 23 de septiembre y desahogó la votación de la reforma constitucional en el Pleno.
Argumentó que emitir un acuerdo extemporáneo sobre una fase procesal superada representa una ociosidad jurídica y una simulación que degrada la función parlamentaria y señaló que el fenómeno migratorio y los derechos político-electorales de las familias guanajuatenses con doble nacionalidad exigen una representación seria y no llamados ficticios destinados al archivo muerto.
Finalmente, dijo que la responsabilidad constitucional del Congreso local, en su calidad de integrante del Constituyente Permanente no consiste en enviar peticiones anacrónicas, sino en debatir de fondo la minuta constitucional correspondiente sobre los estándares de derechos humanos, la proporcionalidad de las restricciones y la vigencia del artículo 35 constitucional y los tratados internacionales.
La panista Yesenia Rojas Cervantes comentó que la lealtad a México se acredita con hechos y no con un pasaporte, rechazando que la soberanía nacional se utilice como pretexto para establecer barreras normativas que discriminan y consideran mexicanos de segunda a quienes, desde el exterior, sostienen el desarrollo del país mediante el envío de remesas y el fortalecimiento de lazos comunitarios.
Cuestionó el fondo del proceso legislativo por considerarlo una reforma con dedicatoria política que ignora la voz de la diáspora mexicana, contrastándolo con anteriores modificaciones normativas que eliminaron requisitos anacrónicos para permitir el acceso a cargos públicos.
Restringir el ejercicio de derechos políticos a personas con doble nacionalidad se asemeja a esquemas discriminatorios de control de movilidad humana y contradice los principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e igualdad, comentó.
Finalmente, presentó una propuesta de modificación al punto de acuerdo para dirigir un atento exhorto a la Presidencia de la República, donde se plantea que, previo a la publicación del decreto de reforma constitucional sobre doble nacionalidad para aspirantes a la presidencia, gubernaturas y jefatura de gobierno, se garantice un espacio de diálogo, escucha y parlamento abierto con organizaciones de migrantes, la diáspora en el exterior y personas con múltiple nacionalidad, a fin de realizar una revisión integral de la Ley de Nacionalidad conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Luego hicieron uso de la tribuna la emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco y Juan Carlos Romero Hicks. La primera comentó que su partido político votó en contra en el Senado de la República justamente porque es una reforma que significa un concierto de contradicciones, empezando porque en 2021 se reformó lo relativo al reconocimiento de la nacionalidad mexicana para personas nacidas en el extranjero que sean hijas e hijos de padres mexicanos, y ahora resulta muy contradictorio que se haya reformado. Resaltó que tener doble nacionalidad no determina su compromiso ni sus valores democráticos ni su lealtad en México, ni significa tener otros intereses. Añadió que no se puede convertir su condición migratoria o de doble nacionalidad en un estigma político y dijo que la discusión también debe considerar a las segundas generaciones de mexicanos en el extranjero, así como las implicaciones que ese criterio podría tener para otros espacios de representación política de las comunidades migrantes.
El proceso todavía no concluye, reiteró, y mientras una reforma no esté publicada en el Diario Oficial de la Federación, el proceso legislativo aún no concluye, por lo que se está a tiempo de escuchar y de hacer ese ejercicio de parlamento abierto.
El panista Juan Carlos Romero Hicks se pronunció a favor de la propuesta de modificación al punto de acuerdo, ubicando con precisión el momento procesal en que se encuentra la reforma constitucional e insistiendo en la importancia de abrir espacios de parlamento abierto para escuchar a la comunidad migrante antes de avanzar en las adecuaciones normativas secundarias.
Precisó que, aun cuando ambas Cámaras del Congreso de la Unión ya alcanzaron las dos terceras partes requeridas y más de 20 congresos locales han avalado la minuta, la norma aún requiere la declaratoria formal de constitucionalidad y no tendrá un impacto inmediato en los procesos electorales locales del próximo año, toda vez que existe el límite constitucional de 90 días para modificar reglas electorales antes del inicio de un proceso, por lo que su aplicación efectiva surtirá efectos a partir de las elecciones del año 2028.
Finalmente, comentó que la exigencia de un parlamento abierto orientado primordialmente a la futura revisión de la Ley de Nacionalidad es un ejercicio de respeto a la propia asamblea legislativa y a los más de 40 millones de mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero.
En rectificación de hechos, los morenistas Ernesto Millán Soberanes y David Martínez Mendizábal externaron su postura en contra, uno al decir que solo se busca escucharlos en lo federal y cuando se pide en lo local no se hace, y el otro, al indicar que los derechos están salvaguardados, que solo se pide ese requisito para quienes buscan los tres cargos comentados.
El debate continuó con distintas posturas en el que participaron las personas diputadas Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Jorge Arturo Espadas Galván, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Alejandro Arias Ávila, Rodrigo González Zaragoza, Yesenia Rojas Cervantes, José Erandi Bermúdez Méndez y Antonio Chaurand Sorzano.
La reserva y el exhorto se aprobaron por mayoría de votos.
