Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado designó a J. Jesús Ricardo Santos Hernández como titular del Órgano Interno de Control de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, quien ocupará el cargo por el término de cinco años, que se contará a partir del momento en que rinda la protesta.
Al presentar el dictamen, el congresista Juan Carlos Romero Hicks manifestó que la guarda cuidadosa de las instituciones otorga confianza y que en un Estado de Derecho las contralorías son más que una instancia democrática; son órganos que sirven como el corazón de la ética y la integridad administrativa.
Asimismo, indicó que las cinco funciones principales de las contralorías son la prevención, la fiscalización, la investigación, la transparencia y las sanciones, siempre teniendo como eje el beneficio a la ciudadanía.
Finalmente comentó que la evaluación que tiene la comisión es que las tres personas tienen el perfil y cumplen con los requisitos señalados en la norma.
Además, se aprobaron dos dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de dos puntos de acuerdo. El primero buscaba exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que iniciara con el proceso de remoción del Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste.
Al hablar en contra del dictamen, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor comentó que lo más fácil y cómodo era archivar la propuesta, pero que la procuración de justicia en la entidad se encontraba en niveles críticos.
Apuntó que no se pretendía sustituir las facultades de la gobernadora, sino que estaban cuestionando la permanencia del citado funcionario, por lo que resultaba preocupante archivar la propuesta, ya que era un llamado para que ejerciera sus facultades.
En rectificación de hechos, la legisladora Susana Bermúdez Cano manifestó que esto se trataba de cuestiones legislativas, no fáciles ni cómodas, sino legales.
El segundo, pretendía solicitar a Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora del Estado, se abstuviera de litigar la garantía del derecho a la pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente, así como de llevar a cabo acciones para dilatar o impedir el ejercicio de este derecho; emita de forma inmediata las disposiciones normativas y administrativas necesarias para que las personas con discapacidad permanente menores de 65 años en nuestro Estado accedan a la pensión no contributiva a la que tienen derecho; e informe a este Congreso sobre las acciones llevadas a cabo por su administración en la materia.
Al hablar en contra, el diputado morenista Ernesto Millán Soberanes argumentó que se pretendía archivar un derecho con los pretextos de siempre, porque ya estaba reconocido en la Constitución local y por ello su voto sería en contra, porque se estaba archivando la justicia y dando la espalda una y otra vez a las personas con discapacidad en la entidad
Además, se aprobaron los Lineamientos en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo.
Mismo trámite tuvieron los dictámenes relativos a los informes de resultados de las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Moroleón, Purísima del Rincón, Salvatierra, San Felipe, San José de Iturbide, Uriangato y Valle de Santiago, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
Finalmente se turnó a la Comisión de Justicia la iniciativa de reforma a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato formulada por el Ayuntamiento de Manuel Doblado para establecer como causal de revocación del FIAT, que el notario público en forma dolosa o culposa coadyuve con su actuación en la función notarial a la comisión de un delito.
Asuntos generales
El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero manifestó que diversos acontecimientos recientes evidencian, a su juicio, una situación de crisis en el municipio de León, al tiempo que cuestionó que la presidenta municipal se encuentre enfocada en la construcción de su proyecto político.
Asimismo, se refirió a casos recientes relacionados con la asignación de contratos públicos y expuso uno adicional, al señalar que el arquitecto responsable de la construcción de la residencia campestre de la alcaldesa obtuvo, a través de su empresa, tres contratos de mantenimiento otorgados por el gobierno municipal durante 2023 y 2024, por un monto superior a los tres millones de pesos.
Por su parte, el diputado Ernesto Millán Soberanes habló sobre la situación de inseguridad en el municipio de Silao de la Victoria y las cifras de incidencia delictiva. Al respecto, sostuvo que el municipio enfrenta una problemática que, dijo, no corresponde a los indicadores promedio de la entidad, por lo que atribuyó responsabilidad a la autoridad municipal.
Asimismo, cuestionó que la presidenta municipal realizara viajes al extranjero con recursos públicos mientras el municipio enfrenta situaciones graves en materia de seguridad.
Finalmente, la emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco abordó el caso de Sandra, joven que fue atacada con ácido en el municipio de Celaya. Manifestó que ese tipo de ataques tienen como finalidad matarlas en vida, porque provocan cicatrices, incapacidades y largos procesos de rehabilitación que trastocan una vida, la salud, la autonomía y la forma en que las personas se relacionan consigo mismas e hizo un llamado para que las investigaciones se realicen con máxima diligencia y perspectiva de género, y se garantice el acceso a la verdad y la justicia de la víctima.
