Guanajuato, Guanajuato.- Integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales analizaron la iniciativa que de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que establece calificar al acoso sexual como una falta administrativa grave de las personas servidoras públicas.
La propuesta fue analizada en una mesa de trabajo. Plantea establecer que comete acoso sexual quien, con fines sexuales o de lujuria, y asedie y produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la persona servidora pública, independientemente de que el comportamiento ocurra en uno o varios eventos, incluso si no existe una relación de subordinación.
Se mencionó que cuando se dio la Alerta de Género una de las recomendaciones fue dar el número de casos; fortalecer la exposición de motivos dado que las entidades federativas si tienen facultades para legislar en la materia; incluir la obligación de las autoridades de considerar la perspectiva de género en la investigación de los asuntos; considerar el lenguaje incluyente; que es una acción progresiva en favor de las mujeres.
La panista Susana Bermúdez Cano refirió que los índices de acoso sexual en México muestran una prevalencia significativa sobre todo hacia mujeres; que es el tipo de violencia más frecuente con un 42%; en espacios públicos el 45%, en el ámbito laboral 47%; que se pondere el tema de la aplicabilidad de la norma; revisar la tipificación normativa tanto del tipo básico como de las figuras equiparadas; entre otros puntos.
Su compañera Rocío Cervantes Barba manifestó que la mayoría de los casos no se denuncian; que las personas que sufren acoso viven un ambiente laboral con estrés, ansiedad, asilamiento, hostil; que el ciclo de impunidad hace que sea un delito continuado; que como autoridades no deben tolerar esas conductas en servidores públicos; que se deben eliminar esos actos y reforzar espacios laborales de respeto, integridad y seguridad.
El emecista Rodrigo González Zaragoza comentó que la intención de la propuesta va en la progresividad de derecho y deben respaldar todo lo que permita que las mujeres trabajen en un ambiente de respeto, sin acoso y violencia; mientras que la diputada María Eugenia García Oliveros se sumó al respaldo de la propuesta y externó que está a favor de la propuesta.
El panista Juan Carlos Romero Hicks comentó que se trata de la revisión de un tema sensible no resuelto, que no debe tener tolerancia alguna; que el Estado tiene libertad de configuración en la materia y coincidía con la intención de la propuesta, por lo que instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.
Finalmente, Alejandro Sierra, representante del gobierno del estado, remarcó que los comentarios emitidos son importantes para fortalecer las consideraciones del dictamen. Habló de la libertad configurativa del Estado, que no afecta que esté en la parte penal.
Además de las y los legisladores citados, participaron Alejandro Sierra, titular de la Consejería Jurídica de Gobierno; Yari Zapata, titular del Tribunal Estatal Electoral; Viviana Cifuentes Adón de la Secretaría de la Mujer; Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Carolina Gasca del Instituto Estatal Electoral; Isaías Arévalo del Tribunal de Justicia Administrativa; José Jafet Noriega Porras de la Universidad de Guanajuato; Paola Domínguez Virgen, titular del Instituto de Investigaciones Legislativas y personas asesoras parlamentarias.
Discuten iniciativa para generar mayor participación de los Congresos Locales
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de generar mayor participación de los Congresos Locales en las adiciones y reformas a la Constitución Federal, así como en la expedición de Leyes Generales y Nacionales.
Al emitirse las opiniones, se estimó que concurren iguales razones para que las cámaras del Congreso de la Unión den vista a las legislaturas de las entidades federativas cuando se aborden reformas constitucionales así como Leyes Generales y Leyes Nacionales; y que la iniciativa resulta positiva y viable, toda vez que con la misma se generaría un impacto jurídico, pero sobre todo un impacto social, ya que con ella se incita a una mayor participación de los Congresos Locales en el proceso de reforma.
En la reunión participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano, María Eugenia García Oliveros; así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente) y Rodrigo González Zaragoza. También se contó con la participación de integrantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; asesores de grupos parlamentarios; así como personal del Congreso del Estado de Guanajuato.
