Morena y ex ecologistas piden investigar presunta corrupción en León

Se exhortó a investigar contratos desde 2022 con empresas como Office and Publicity y Centro Publicitario TLGR, además de operaciones del DIF

Guanajuato, Guanajuato.- La morenista Hades Berenice Aguilar Castillo, y el expevemista Sergio Contreras demandaron investigar la presunta corrupción registrada en la administración municipal de León.

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional  (Morena) presentó un punto de acuerdo para realizar una auditoría financiera y de cumplimiento, por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a los contratos, convenios o cualquier instrumento jurídico suscrito entre la administración pública del municipio de León y las empresas Centro Publicitario y de Marketing TLGR S.A.P.I. de C.V. y Office and Publicity MDF, S. de R.L. de C.V., durante los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, y concomitante respecto del ejercicio fiscal 2026.

También pide al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de León y a su Órgano Interno de Control que investiguen los posibles conflictos de interés relacionados con la contratación de las empresas Centro Publicitario y de Marketing TLGR S.A.P.I. de C.V., Office and Publicity MDF, S. de R.L. de C.V. y cualquier otra persona moral vinculada con los hechos referidos; revisen el cumplimiento de las obligaciones en materia de declaraciones de intereses, deberes de excusa e imparcialidad de las personas servidoras públicas involucradas; y, en caso, de advertir posibles faltas administrativas o hechos que pudieran constituir delito, promuevan los procedimientos correspondientes y den vista a las autoridades competentes.

Aguilar Castillo recordó que el pasado 7 de abril presentó, junto con el diputado David Martínez Mendizábal, un punto de acuerdo relacionado con contrataciones realizadas por el Municipio de León con la empresa Office and Publicity MDF, S. de R.L. de C.V., en el que se planteaban posibles inconsistencias derivadas de adjudicaciones, capacidad operativa de la empresa y mecanismos de verificación.

Indicó que, de acuerdo con información periodística reciente, existirían nuevos elementos sobre contrataciones efectuadas por el Municipio de León con la empresa Centro Publicitario y de Marketing TLGR S.A.P.I. de C.V., presuntamente vinculada con la empresa anteriormente señalada, situación que, dijo, amerita una revisión institucional más amplia.

refirió que la propuesta busca que la Auditoría Superior del Estado realice una revisión financiera y de cumplimiento para verificar el origen, aplicación y comprobación de recursos públicos, así como la legalidad de procedimientos de contratación, adjudicación, recepción de bienes, integración de expedientes y registro de proveedores.

La diputada agregó que el exhorto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de León y a su Órgano Interno de Control tiene como propósito revisar la posible existencia de conflictos de interés, así como el cumplimiento de obligaciones relacionadas con declaraciones de intereses, deberes de imparcialidad y excusa de las personas servidoras públicas involucradas.

También el exverde

El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentó un punto de acuerdo para exhortar al Órgano Interno de Control del Municipio de León, para que, en el ámbito de sus atribuciones legales, investigue y, en su caso, amplíe las indagatorias relacionadas con la inscripción, contratación y operación como proveedoras del citado municipio de las personas morales: “Centro 14 Publicitario y de Marketing TLGR S.A. de C.V.”, “Office and Publicity MDF S. de R.L. de C.V.” y “García y Vaxkin Asociados S.A. de C.V.”, así como los posibles vínculos entre ellas y con “Impresos Alfacolor”, y determine, en su caso, las responsabilidades administrativas a que haya lugar.

De igual manera, para pedir a  la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que, en el marco de la fiscalización de la cuenta pública del mencionado municipio correspondiente a los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, revise de manera específica los procedimientos de contratación, adjudicación y pagos realizados a las personas morales de las empresas nombradas anteriormente, así como a cualquier otra persona física o moral vinculada con los hechos documentados, a efecto de determinar las irregularidades, responsabilidades y, en su caso, los daños y perjuicios causados al erario municipal.

Precisó que los hechos  expuestos no surgen de manera aislada ni constituyen un señalamiento enteramente novedoso respecto del funcionamiento de esas empresas proveedoras, sino que la nueva información no solo amplía el antecedente previamente denunciado sino que permite advertir, un patrón de contratación pública en el que distintas razones sociales, formalmente separadas, pudieron operar dentro de una misma lógica de vinculación material, de lo que se desprende una posible falsedad de los principios de competencia real, imparcialidad, transparencia y honradez que rigen el ejercicio del gasto público.

Añadió que la información pública que reporta domicilios sin actividad comercial verificable, representación coincidente en diversas empresas proveedoras, vínculos societarios cruzados, escasa trazabilidad comercial y concentración significativa de contratos mediante adjudicación directa genera dudas razonables sobre la existencia material, la capacidad operativa, la independencia real y la trayectoria efectiva de las personas morales vinculadas con estas contrataciones.

Finalmente indicó que si se confirma que distintas empresas con objeto social equivalente, representación coincidente, vínculos societarios cruzados o relaciones personales relevantes participaron de manera simultánea o sucesiva en procedimientos de contratación municipal, corresponderá determinar no solo si existieron condiciones reales de independencia entre ellas, sino si se  configuró un mecanismo de participación coordinada o simulada que distorsionó la competencia, fragmentó artificialmente la proveeduría y permitió obtener ventajas indebidas con cargo a recursos públicos municipales.

Ambas propuestas fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

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