Guanajuato, Guanajuato.– Con voto en contra de la bancada morenista, el Congreso del Estado exhortó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que instruya la reversión de la determinación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre, mediante la cual no se considera el otorgamiento de estímulos fiscales a la gasolina y al diésel destinados a los sectores pesquero y agropecuario.
Asimismo, y en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5º de la Ley de Energía para el Campo se le solicita disponer que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinen las acciones necesarias para establecer precios y tarifas de estímulo aplicables a los energéticos agropecuarios, tomando en consideración las condiciones económicas y sociales prevalecientes, a fin de garantizar un marco de apoyo congruente, oportuno y acorde con las necesidades actuales del sector productivo primario.
El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor se opuso al dictamen. Dijo que el desarrollo del campo no debe depender de subsidios indiscriminados que han propiciado la concentración de beneficios en perjuicio de los pequeños productores.
Agregó que el modelo de apoyos directos implementado por el Gobierno Federal a través de programas como “Producción para el Bienestar” y “Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura”, ya atienden la desigualdad y la productividad de manera focalizada. Asimismo, sostuvo que no existen variaciones económicas que justifiquen nuevos estímulos fuera de los ya previstos en la ley.
El panista Roberto Carlos Terán Ramos habló a favor. Indicó que la problemática de los estímulos fiscales es que hoy siguen asfixiando al campo mexicano y no se trata de una predicción alarmista sino de un diagnóstico basado en la realidad cotidiana de miles de productores que enfrentan el encarecimiento progresivo de insumos esenciales como fertilizantes, combustibles y la energía.
Comentó que la Ley de Energía obliga a la coordinación institucional y a establecer una tarifa de estímulo que considere las condiciones socioeconómicas y subrayó que las complicaciones son graves, como la crisis de rentabilidad en cultivos como el maíz, el abandono de tierras, la dependencia alimentaria extrema, entre otros.
Añadió que todo se traslada inevitablemente al precio final de los alimentos afectando la economía de las familias guanajuatenses y agravando la inflación local, por lo que pidió votar a favor de la viabilidad, la soberanía y la justicia para los que nos dan de comer tres veces al día.
El morenista David Martínez Mendizábal señaló una contradicción en la postura de la oposición. Les acusó de haber privatizado históricamente el sector agrario, incluyendo el ejido, el manejo del agua y organismos como Fertimex y Conasupo, además de recalcar como incongruente que las mismas fuerzas políticas que priorizaron el mercado y beneficiaron a las grandes fortunas y propietarios en Guanajuato, ahora soliciten la intervención gubernamental para modificar las condiciones de un mercado que ellos mismos diseñaron.
Subrayó, finalmente, que estas políticas de privatización, encabezadas en el pasado por secretarios de agricultura vinculados a los grandes terratenientes del estado, han sido la causa raíz de la pobreza rural, por lo que instó a revisar la historia antes de proponer soluciones que contravienen sus propios principios ideológicos.
En rectificación de hechos, la morenista Plásida Calzada Velázquez indicó que los estímulos responden a factores inflacionarios de índice internacional y están en constante revisión semana por semana; que el gobierno federal sí está escuchando de manera constante al pueblo de México.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.
