
León, Guanajuato.- Edgar Francisco “N”, director del despacho jurídico Punto Legal, recibió una nueva sentencia de 238 años de prisión por defraudar a 28 personas mediante la supuesta venta de inmuebles en remate bancario en León. Esta condena se suma a otra de 1,018 años de prisión que ya había sido dictada en su contra.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, durante el juicio celebrado ante los Tribunales de Oralidad Penal de León, el Ministerio Público demostró que el sentenciado ofrecía propiedades a precios atractivos, bajo el argumento de que se encontraban en procesos de remate bancario.
Sin embargo, las investigaciones y pruebas presentadas establecieron que los inmuebles no estaban sujetos a litigios y que Edgar Francisco “N” carecía de facultades legales para comercializarlos, lo que ocasionó pérdidas económicas a las víctimas.
Deberá pagar más de 9.7 millones de pesos por reparación del daño
Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una multa de 248 mil 349 pesos con 60 centavos y ordenó el pago de 9 millones 719 mil 900 pesos por concepto de reparación del daño.
También determinó la suspensión de su cédula profesional por el mismo periodo de la pena privativa de libertad y estableció la obligación de reparar el daño moral, así como cubrir los perjuicios relacionados con afectaciones a la salud física y psicológica de las víctimas.
Aunque la nueva sentencia establece 238 años de prisión, el órgano jurisdiccional precisó que, conforme al Código Penal del Estado de Guanajuato, el máximo de prisión que podría compurgar por esta condena es de 40 años.
Hay otras 100 víctimas en espera de juicio
Con esta nueva resolución, la Fiscalía informó que se han obtenido sentencias relacionadas con 135 víctimas del despacho Punto Legal, mientras que otras 100 personas continúan en espera de los juicios correspondientes contra Edgar Francisco “N”.
La institución señaló que, además de las condenas obtenidas, mantiene acciones encaminadas a conseguir la reparación integral del daño para las personas afectadas por las operaciones del despacho jurídico.

