Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno de la Legislatura 66 del Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural para que amplíe la cobertura territorial del Programa Integral de Producción de Carne a entidades federativas que, como Guanajuato, han demostrado esfuerzos sostenidos en materia de sanidad y control zoosanitario.
El propósito es reconocer su compromiso, fortalecer la competitividad de la ganadería nacional y avanzar hacia una política integral que otorgue mayor resiliencia y proyección internacional a la industria cárnica mexicana.
También solicitan considerar la inclusión de aquellas entidades del país con producción ganadera, a fin de garantizar que los beneficios del programa se traduzcan en el impulso equilibrado para el sector pecuario de todo el país.
El panista Roberto Carlos Terán Ramos habló a favor del dictamen
Exhortan a municipios a garantizar derechos y consulta previa de pueblos indígenas y afromexicanos.
En la misma sesión ordinaria, el pleno del Congreso del Estado exhortó a los ayuntamientos de Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria y Xichú, que cuentan con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para que, en el ejercicio de sus competencias y bajo un estricto enfoque de derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de género y derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades cumplan con lo establecido en la Constitución Política federal y local.
También pide que garanticen la notificación previa a la autoridad indígena sobre sesiones del Ayuntamiento en las que se pretendan resolver asuntos que competan a los pueblos y comunidades, a fin de garantizar sus derechos, de conformidad con la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Guanajuato.
La morenista Plásida Calzada Velázquez presentó la propuesta y reafirmó la importancia del derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, subrayando la obligación irrenunciable de las autoridades de realizar consultas previas ante cualquier medida legislativa o administrativa que impacte su entorno.
Destacó que ese derecho, consagrado en el artículo segundo constitucional y fortalecido en las reformas hechas a la Ley estatal en la materia, busca obtener el consentimiento informado de las comunidades a través de sus instituciones representativas.
El derecho a la consulta pierde sentido si permanece únicamente en el papel, por lo que recordó que el cumplimiento de la Constitución y las leyes no está sujeto a interpretaciones discrecionales, por lo que instó a los integrantes de los ayuntamientos a honrar su protesta de ley y cumplir cabalmente con este mandato en favor de los derechos de los pueblos originarios, recalcó.
