Avalan dictamen que da carácter de “calificado” al homicidio contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos
Guanajuato, Gto.- La Comisión de Justicia aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal para considerar como calificados los delitos de homicidio y lesiones cuando se comentan contra personas defensoras de derechos humanos; así como precisar la descripción típica de conductas consultivas del delito contra la libre expresión y establecer aquellas que actualizarán el delito contra la promoción o defensa de derechos humanos.
La panista Susana Bermúdez Cano mencionó que es obligación del Estado establecer y aplicar todas las salvaguardas jurídicas y mecanismos institucionales necesarios para proteger a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, a fin de que no se obstaculice el derecho de la libertad de expresión e investigar, sancionar y procesar a responsables que atenten contra la integridad de estos grupos de la población.
La morenista María Eugenia García Oliveros precisó que la iniciativa tiene la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de las labores que realizan personas periodistas y defensoras de derechos humanos, las cuales tienen una participación importante en el Estado de Derecho por ser cruciales para la lucha contra la injusticia, desigualdad y la discriminación con el potencial de generar cambios sociales.
También se aprobaron las metodologías de diversas iniciativas.
Respecto a las modificaciones al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para garantizar el acceso igualitario a la justicia administrativa, se consultará al Tribunal de Justicia Administrativa, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo y a los Juzgados Administrativos Municipales de los 46 Ayuntamientos.
Lo referente a las propuestas de reforma al Código Penal; la primera, con el objeto de incrementar la sanción de los delitos de robo y despojo cometidos en detrimento de los bienes de las personas adultas mayores y con discapacidad; la segunda, en materia de robo en transporte público e individual; la tercera, para que sean imprescriptibles la acción penal y las sanciones en delitos sexuales cometidos en contra de menores o de quien no pueda resistir la conducta delictuosa; y la cuarta, a fin de proteger la libertad de las personas de decidir sus comportamientos en especial de aquéllas que asisten a eventos públicos.
Acordaron pedir opinión al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo; para la cuarta iniciativa se añade a la consulta al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso; mientras que, para las primeras tres propuestas se solicitará a la Unidad de los Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal.
Con relación a la metodología de análisis de dos iniciativas que buscan modificar el Código Civil; una, para crear la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Guanajuato; y la otra, con la finalidad de proteger el principio del interés superior de la niñez, regulando la incorporación de niños a un nuevo entorno familiar definitivo por medio de la adopción plena.
Se acordó enviarlas para comentarios al Supremo Tribunal de Justicia, a la Secretaría de Gobierno, a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Asimismo, se realizará un proceso de consulta.
Para la propuesta relacionada con la creación de la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, se contemplará a la Fiscalía General, a la Secretaría de Seguridad y Paz, al Instituto Electoral del Estado, al Tribunal Electoral del Estado, al Tribunal de Justicia Administrativa, al Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Y la iniciativa en materia de adopción plena añadirá a las autoridades al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a los Sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.
Finalmente, todas las iniciativas se subirán a la página web del Congreso del Estado de Guanajuato para consulta y participación ciudadana y realizarán mesas de trabajo con las autoridades consultadas.
El panista Rolando Fortino Alcántar Rojas solicitó que se agregara a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para la opinión de las propuestas en materia de delitos de robo y despojo a personas adultas mayores o con discapacidad; sanciones de delitos sexuales cometidos en contra de menores y protección de la libertad de las personas de decidir sus comportamientos en especial de aquéllas que asisten a eventos públicos. La propuesta fue aprobada.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta), Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como el diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas. También acompañó a los trabajos el diputado Roberto Carlos Terán Ramos.
