Aprueban dictamen que rechaza que hospitales públicos realizar interrupción legal del embarazo
Guanajuato, Gto.- La Comisión de Salud Pública aprobó el dictamen que rechaza dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. Una buscaba establecer como obligación del Estado la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como de interrupción legal del embarazo; y la otra, reconocer el derecho a la autonomía reproductiva para establecer su garantía, a través de la obligación del Estado para la prestación de los servicios de interrupción del embarazo.
El morenista Antonio Chaurand Sorzano habló en contra del dictamen al señalar que, cada año en México se practican abortos, tanto legales como ilegales, y que las estadísticas muestran que la tasa de aborto inducido es aproximadamente 33 por cada mil mujeres, entre 15 y 44 años.
El aborto es un asunto de salud pública, añadió, y a pesar de que se puede prevenir, el aborto de riesgo es una de las principales causas de morbimortalidad materna y puede provocar complicaciones físicas y psíquicas, prejuicios sociales y económicos a las mujeres, las comunidades y los sistemas de salud.
Agregó que, el impacto del aborto inseguro o peligroso sería fácilmente prevenible si se implementarán leyes permisivas y servicios de salud accesibles, con personal capacitado y disponibilidad de los insumos adecuados, con los que se ahorraría una gran proporción de los costos derivados de las complicaciones por abortos practicados en condiciones de inseguridad.
Penalizar el aborto no evita su práctica, sostuvo; en cambio, contrastó, la restricción legal sí conlleva a abortos inseguros o peligrosos y, por ende, a un incremento en la morbimortalidad al no contar con proveedores calificados y condiciones higiénicas adecuadas.
Restringir legalmente el aborto no reduce su práctica, pero sí propicia que las mujeres recurran abortos inseguros, y que la imposibilidad de acceder a una atención para el aborto seguro es un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos; remarcó que no se trataba de tener una posición política o moral sobre el aborto, sino de una cuestión médica a la que había que responder.
Además, el diputado solicitó que tanto su posicionamiento como los argumentos expresados por sus homólogas en la comisión anterior se incluyeran en las consideraciones del dictamen.
Denunció que el dictamen omitía deliberadamente las posturas expresadas durante la sesión anterior, entre ellas la suya, la de la diputada Jenny García Oliveros y la de otra legisladora presente en los trabajos previos, a pesar de que otras opiniones sí fueron incluidas casi en su totalidad. Por ello, presentó una propuesta puntual para que se incorporaran de forma íntegra en las consideraciones del documento. La propuesta fue aprobada por mayoría, aunque no contó con el respaldo del PAN.
Finalmente, el dictamen “en sentido negativo” fue votado por la mayoría panista.
El dictamen aún no ha sido votado en el Pleno. Morena ha insistido en que se garantice el derecho a decidir y se legisle con base en evidencia científica y en la realidad que enfrentan miles de
mujeres en el estado. La discusión continúa abierta, y será en el Pleno donde se defina si Guanajuato avanza hacia una legislación que priorice la salud, la dignidad y los derechos humanos.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Noemí Márquez Márquez, Angélica Casillas Martínez, Luz Itzel Mendo González y Miriam Reyes Carmona; así como el diputado Antonio Chaurand Sorzano. Además, los acompañó el legislador Roberto Carlos Terán Ramos.
