Guanajuato, Gto.- El pasado 26 de julio, la ministra Lenia Batres acudió a una “asamblea informativa” para hablar de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la que las personas legisladoras de los partidos integrantes de la 4T no le cambiarán ni una coma.
En aquella ocasión fue invitado un grupo de trabajadores del PJF, quienes al escuchar cómo la ministra calificaba a ese órgano como corrupto, nepotista y nada austero, reaccionaron con gritos, consignas e insultos.
Martha Lucía Mícher Camarena y David Martínez Mendizábal, senadora y diputado local morenistas -respectivamente-, les aclararon: ésta es una asamblea informativa, no deliberativa.
Ahora la delegación guanajuatense de personas trabajadoras del PJF están en paro desde el miércoles en protesta contra la reforma; ahora acudieron diputados locales y federales morenistas a realizar “una asamblea informativa”; también fueron repudiados. Las descalificaciones de la sesión de julio pesaron en el ánimo parista.
La llegada
A la sede del PJF en Guanajuato llegó el diputado local Ernesto Prieto, así como los diputados federales electos, “a realizar #AsambleaInformativa para informar al pueblo acerca de las bondades de la #ReformaJudicial que aprobaremos en próximos días y escuchar en un ambiente de respeto, los planteamientos de los trabajadores del #PoderJudicial”, escribió en sus espacios digitales.
Prosiguió: “Acompañado de mis compañeros diputados federales electos #JuanaAcosta, #LuceroHigareda #MagdalenaRosales y #FranciscoEstrada”.
Y explicó:
“Lamentablemente se nos impidió el derecho a expresarnos y el derecho a la información que tiene el pueblo, por parte de integrantes de dicho Poder que en todo momento nos interrumpían e intentaban provocar y ofender, a pesar del compromiso de sus líderes de respetar nuestra asamblea informativa pacífica”.
Terminó con un “Hacemos un llamado al respeto y a la tolerancia” y “Seguiremos abiertos al diálogo y al intercambio respetuoso de ideas”.
Igual que en el Foro del 26 de julio, en el que no dejaron participar a ninguna persona del grupo inconforme, esta vez no permitieron que otros morenistas hablaran.
El precedente
Al llamado “Foro Reforma del Poder Judicial”, realizado el 26 de julio, llegó el grupo de personas que laboran en el PJF en el estado, con su dirigente sindical, José Luis Rangel Jantes, al frente.
En el acto había legisladores locales y federales electos, así como integrantes de la dirigencia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado.
Aquello se convirtió en una evocación de un partido mayoritario que tenía que tolerar –por imagen o conveniencia- voces disidentes.
Si desde el inicio los gritos de protestas de las y los sindicalizados confrontaba a la concurrencia morenista, el conflicto se intensificó cuando Lenia Batres Guadarrama, que parecía estar más en un mitin que en una exposición en su calidad de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasó a exponer su mensaje, en el que aseveró que el Poder Judicial era clasista, machista, misógino y corrupto. El grupo invitado reviró con gritos de protesta y los simpatizantes de la 4T los acallaron con “¡Reforma, Reforma!”.
Hubo momentos de ánimos encendidos cuando el morenista Ricardo Gómez Escalante, quien irrumpía en sesiones del ayuntamiento de León, esta vez se confrontó con Rangel Jantes. Batres expuso una numeralia para explicar que el Poder Judicial era caro e ineficiente. Recalcó los epítetos de clasista y discriminador y mantuvo encendidos los ánimos.
La misma postura, pero en un tono más conciliador, fue asumida por Karla Micheel Sala Ramírez –feminista defensora de los derechos humanos- y Citlali Hernández Mora –secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional morenista-.
La treintena de trabajadoras y trabajadores del PJF respondió con pancartas y gritos en contra de la reforma al Poder Judicial. “No más mentiras”, reclamaba el mensaje de una manifestante. Los manifestantes pedían intervenir y les respondieron: es un foro expositivo, no deliberativo.
Y esa postura se mantuvo en el encuentro con Ernesto Prieto, que cobró la afrenta y esta vez irrumpió ante quienes otrora irrumpieron.
La reforma al Poder Judicial enviada al Legislativo por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propone modificaciones relacionadas con los ministros de la Suprema Corte y que consiste en reducir el número de integrantes para pasar de 11 a 9 integrantes; recortar el periodo de su encargo de 15 a 12 años; eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y que sus remuneraciones se ajusten al tope máximo establecido para el presidente.
Para la SCJN, se establece que la primera y segunda sala del máximo tribunal de justicia sean eliminadas, y sólo sesione el Pleno y que las sesiones deberán ser públicas. En lo que respecta a la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se reducirá a magistrados, quienes durarán seis años y no cinco como actualmente marca la ley, y serán sustituidos de manera escalonada y no podrá ser electos para un nuevo periodo; asimismo se propone desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal y será suplido por el Tribunal de Disciplina Judicial.
La iniciativa establece que el primer domingo de junio de 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar, por medio del voto, a todos los ministros de la SCJN, a los magistrados de Circuito, a los jueces de Distritos y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
