Guanajuato, Gto.- El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Guanajuato y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron un convenio de colaboración orientado a consolidar una agenda conjunta en materia jurídica, académica e institucional.
El acuerdo prevé el desarrollo de actividades de investigación, docencia, difusión y promoción de la cultura jurídica en áreas de interés común, dentro de sus respectivas competencias, con énfasis en gobernanza, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana.
De acuerdo con lo informado durante el acto protocolario, el convenio busca impulsar la aplicación efectiva de estas acciones como una práctica dentro del servicio público, mediante la generación de conocimiento y la formación especializada para fortalecer la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la integridad institucional.
Asimismo, se estableció una colaboración enfocada en la formación de servidores públicos, el desarrollo de conocimiento y la difusión de buenas prácticas a través de proyectos de investigación, programas académicos y de capacitación, además de publicaciones y acciones de extensión jurídica.
Según lo expuesto por ambas instituciones, estas acciones tienen como propósito contribuir al fortalecimiento de instituciones más eficientes y cercanas a la ciudadanía.
El acto protocolario fue encabezado por la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró, y la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, María Raquel Barajas Monjarás.
Por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM participaron Francisco Javier Galicia Campos y Miguel Alejandro López Olvera.
En representación del Tribunal de Justicia Administrativa asistieron Arturo Lara Martínez y Mauro Abraham Cuevas Alba.
Con este convenio, ambas instituciones señalaron que buscan fortalecer la vinculación entre la academia y la justicia administrativa, mediante la generación de conocimiento aplicado y la promoción de la cultura jurídica en el ámbito público.
También indicaron que este esfuerzo conjunto representa un paso para impulsar instituciones con mayores capacidades técnicas y administrativas, además de reforzar la colaboración entre el ámbito académico y la función pública.
