Guanajuato, Guanajuato.- La morenista Hades Berenice Aguilar exhortó al Fiscal General de Guanajuato para, realice una investigación exhaustiva respecto de la agresión presuntamente cometida por agentes del Grupo Estatal de Reacción e Intervención y/o de la Agencia de Investigación Criminal en contra del periodista Makario Mako Sierra a través de la Visitaduría General y de las áreas ministeriales competentes.
De igual manera, para que se determinen las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que correspondan, se apliquen las sanciones conforme a derecho, y se dicten, de ser procedente, las medidas provisionales necesarias para evitar impunidad y garantizar la no repetición.
También a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que inicie de oficio la investigación correspondiente por la probable violación a derechos humanos en agravio del periodista Makario Mako Sierra, derivada de actos y omisiones atribuibles a personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado, y emita la resolución que en derecho proceda.
Aguilar Castillo mencionó que el 20 de abril de 2026 el periodista Makario “Mako” Sierra fue agredido por elementos del Grupo Estatal de Reacción e Intervención GERI, adscrito a la Fiscalía General del Estado, mientras daba cobertura a un operativo en la comunidad de San Antonio de las Maravillas, en el municipio de Juventino Rosas, tras la agresión recibió atención médica hospitalaria, debido a presuntos golpes en diversas partes del cuerpo, despojo de su teléfono celular y amenazas.
De confirmarse estos hechos, dijo, no estarían sólo ante un probable uso excesivo de la fuerza, sino también ante una posible actuación institucional contraria al deber mínimo de protección y auxilio frente a una persona lesionada.
Señaló que era preocupante que, de manera previa, la Fiscalía General del Estado difundió un posicionamiento institucional el 18 de abril de 2026 en el que sostuvo que durante la diligencia no se vulneró la integridad física de las personas involucradas y que, por el contrario, quienes habrían sido objeto de intimidación y amenazas fueron los propios servidores públicos de la institución y negó públicamente cualquier afectación física a las personas presentes.
Con posterioridad y ante la difusión de los hechos, testimonios, videos y reportes médicos, indicó, la misma institución informó que se había radicado una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, además de que brindaría acompañamiento institucional al periodista afectado.
Finalmente, Aguilar Castillo mencionó que el Congreso tiene plena legitimidad para exigir que esa investigación no sea superficial, que se desarrolle con exhaustividad, imparcialidad y perspectiva de derechos humanos, y que llegue hasta sus últimas consecuencias.
