León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia histórica en contra de Édgar Francisco “N”, responsable de un fraude masivo que afectó a 107 víctimas en el municipio de León, quienes perdieron el patrimonio de toda su vida tras caer en un esquema de engaño relacionado con supuestos remates bancarios.
De acuerdo con la investigación ministerial, el hoy sentenciado operaba a través del despacho jurídico “Punto Legal”, mediante el cual ofrecía inmuebles sin contar con facultades legales para su venta y sin que dichos bienes estuvieran en litigio, lo que permitió consumar el fraude de manera sistemática.
Cada una de las denuncias presentadas por las víctimas activó el trabajo inmediato de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Región A, que concentró sus esfuerzos en la integración de pruebas científicas, documentales y testimoniales para acreditar el modus operandi del imputado.
La Fiscalía destacó que el objetivo central de la investigación fue la reparación del daño moral y económico de las personas afectadas, quienes confiaron en una oferta que resultó ser engañosa y que impactó directamente en su estabilidad financiera y patrimonial.
Durante el proceso judicial, el cúmulo probatorio permitió demostrar ante los tribunales que el acusado utilizó diversos mecanismos de engaño para defraudar de manera reiterada a las 107 víctimas.
Los días 26 y 30 de junio de 2026, los tribunales dictaron dos sentencias condenatorias en contra de Édgar Francisco “N”, con penas de 438 años con 4 meses y 580 años de prisión, respectivamente, lo que derivó en una penalidad acumulada de 1,018 años y cuatro meses por el delito de fraude.
Aunque la legislación penal estatal establece un máximo de 80 años de compurgación, la resolución judicial destacó por la imposición de la reparación integral del daño a favor de las víctimas.
El fallo obliga al sentenciado a la devolución de 29 millones 923 mil 100 pesos por daño material, además de 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por perjuicios ocasionados.
La Fiscalía General del Estado reiteró que dará seguimiento al cumplimiento de la sentencia, con el objetivo de garantizar la restitución de los derechos de las víctimas y la recuperación de los recursos obtenidos de manera ilícita.
