Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Hacienda y Fiscalización llevó a cabo una mesa de trabajo para el análisis de propuestas relacionadas con el gasto público en comunicación social y publicidad, transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos, traspasos presupuestales y reconocimiento al desempeño y productividad de servidores públicos, planteados por el Poder Ejecutivo para 2026. Los rubros más discutidos fueron el gasto en publicidad y la transparencia en el uso de recursos públicos.
Gasto público en comunicación social y publicidad
El primer análisis fue a la iniciativa de Ley de Comunicación Social para el Estado y los Municipios de Guanajuato y para reformar la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de crear un sistema público de registro y seguimiento del gasto en comunicación social y publicidad, así como una estructura de regulación en la materia.
Los asistentes consideraron como inviable la incorporación de un nuevo ordenamiento y de la derogación propuesta en la Ley de Contrataciones Públicas, toda vez que la vigente Ley General de Comunicación Social fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinarse que no se cumplía a cabalidad con el texto constitucional que debía reglamentar, además de no establecer los criterios a los que se debe estar sujeto el gasto de comunicación social.
El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor mencionó que diversas disposiciones de la normativa general retomaron su validez, por lo que no toda la Ley General de Comunicación Social quedó sin efecto. Agregó que a través del principio de libertad configurativa que tiene el Estado a través del Poder Legislativo de la entidad, se puede dar continuidad al trámite y estudio de la iniciativa.
Transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos
La segunda discusión correspondió a la propuesta que busca reformar la Ley para Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, a fin de reducir los márgenes de discrecionalidad por el Ejecutivo del Estado en el uso del presupuesto público, promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos, así como la regulación y claridad de las contrataciones relativas a los servicios adquiridos por comunicación y publicidad.
Los especialista señalaron que no se estiman convenientes las propuestas de modificación en alusión a que debe informarse al Congreso del Estado, una vez que se haya definido el destino, los traspasos a los montos presupuestales asignados en tratándose de los ramos de provisiones salariales y económicas y de deuda pública; que se estima que la figura del traspaso observa el principio de legalidad, al encontrarse prevista en la Ley, junto a cumplir con el objeto del gasto al orientarse a las actividades propias de la función pública y que se encuentra sujeto a la autorización de la Secretaría de Finanzas, como dependencia hacendaria competente.
Asimismo, se dijo que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
Traspasos presupuestales
La siguiente mesa de trabajo analizó la iniciativa de reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para que los traspasos presupuestales entre dependencias y entidades gubernamentales no rebasen en su conjunto el 5% de los presupuestos anuales de quien los otorga y de quien los recibe.
Los representantes manifestaron que no es adecuado efectuar el ajuste propuesto a la baja, ya que el mismo se ha establecido a propósito de su aprobación por parte del Congreso del Estado, para dar atención a las necesidades propias de la función pública, el cual solo muestra un margen de acción y se encuentra sujeto a la autorización de la Secretaría de Finanzas, además de que dichos movimientos presupuestales deben informarse en la cuenta pública al Poder Legislativo de la entidad.
Mejora y transparencia de finanzas públicas
La cuarta reunión fue para el estudio de la iniciativa de Ley de Austeridad, Ahorro y Transparencia en el ejercicio de recursos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, con el objeto de coadyuvar a mejorar las finanzas públicas, transparentar el uso de recursos públicos y generar economías que permitan financiar proyectos de inversión en educación y salud.
Se dijo que lo sugerido se encuentra comprendido dentro de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos y los Municipios de Guanajuato al establecer que los sujetos de la Ley serán responsables de la observancia de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para optimizar la aplicación de recursos en conceptos de gasto corriente.
Además de que, derivado de esta previsión normativa, se crean los Lineamientos Generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la administración pública estatal donde se señalan las disposiciones en materia de servicios personales, viáticos, alimentos, servicios de telefonía, combustibles, papelería, gastos de oficina, entre otros. Y que por lo anterior se cuenta con las bases para aplicar medidas de austeridad y transparencia que se han visto reflejadas en economías y ahorros mismos que han sido destinados en beneficio de las y los guanajuatenses.
Reconocimiento al desempeño y productividad de servidores públicos
Finalmente, se discutió la propuesta de modificación a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para reconocer de manera justa y transparente el desempeño extraordinario, así como los altos niveles de productividad de los servidores públicos.
Los asistentes precisaron que la propuesta resulta viable en cuanto a su intención de fortalecer la eficiencia, transparencia y racionalidad en los recursos públicos. Agregaron que su viabilidad depende de que se realice una armonización normativa integral, se evalúen con precisión sus repercusiones presupuestales y se garantice que los cambios no afecten negativamente el desempeño institucional.
En su intervención, el morenista Antonio Chaurand Sorzano comentó que espera que se haga un análisis de la posibilidad de los cambios sugeridos y que se dé un espacio para escuchar la opinión de los diversos organismos autónomos de Guanajuato.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Karol Jared González Márquez y María del Pilar Gómez Enríquez; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente), Antonio Chaurand Sorzano y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.
Todos ellos acompañados por representantes de la Consejería Jurídica del Estado de Guanajuato; asesores de grupos parlamentarios; y personal de las diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
Aprueban dictámenes del segundo bloque de iniciativas de leyes de ingresos municipales 2026, rechazadas las reservas planteadas por la oposición
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales analizaron el segundo bloque de iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal de 2026 y aprobaron los dictámenes correspondientes.
En este segundo bloque se revisaron las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios de: Salvatierra, Cortazar, Salamanca, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San Diego de la Unión, Huanímaro, Santa Cruz de Juventino Rosas, Comonfort, Cuerámaro, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, San José de Iturbide y Valle de Santiago.
La diputada Karol Jared González Márquez solicitó mover el municipio de San Luis de la Paz al tercer bloque y hacer una revisión en materia de Seguridad Privada sobre el término de revalidación, en todos los dictámenes.
Por su parte, la formalmente perredista María del Pilar Gómez Enríquez pidió mover el municipio de Yuriria; mientras que el legislador Antonio Chaurand Sorzano solicitó lo mismo para el municipio de Pénjamo y, finalmente, la diputada Rocío Cervantes Barba se pronunció también por cambiar el municipio de Jerécuaro para el tercer bloque.
Durante la revisión las diputadas y los diputados aprobaron en lo general los 14 dictámenes de las iniciativas correspondientes y en lo particular se reservaron varios artículos, los cuales fueron revisados con el apoyo del personal de la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.
El panista Víctor Manuel Zanella Huerta manifestó que se incluya en todos los dictámenes lo relativo al derecho de panteones y la referencia al artículo 42 de la Ley de Víctimas, y en materia de seguridad pública establecer de manera correcta la denominación de la revalidación de los prestadores de servicios de seguridad pública.
El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor indicó que desde su grupo parlamentario han buscado incorporar descuentos de 50% en consumo de agua doméstica para personas con discapacidad y adultos mayores, que si bien es cierto los ayuntamientos cuentan con libertad hacendaria también lo es que deben de priorizar a quienes más lo necesitan. Llamó a los municipios para que el próximo año se haga un esfuerzo colectivo para que ese descuento sea una realidad, e insistió en la propuesta para alcanzar el citado beneficio en las propuestas que restan por analizar.
Zanella Huerta externó que se debe trabajar y buscar con la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y Apoyo Parlamentario el cómo poder incluir esa facilidad.
La panista Angélica Casillas Martínez indicó que, si bien es importante analizar ese beneficio, no se está proponiendo cómo solventar ese apoyo, que se debe hacer una revisión integral porque para brindar el servicio se requiere infraestructura que cuesta y es cara.
El morenista Antonio Chaurand Sorzano planteó reservas para el municipio de Cortazar al indicar que las leyes de ingresos deben construirse bajo libertad hacendaria, pero también bajo una lógica de justicia social.
Habló sobre el impuesto de diversiones que se propone, el cual dijo que no está justificado; y sobre los cursos prestados por la Casa de Cultura solicitó que el municipio otorgue un descuento a niñas, niños y adolescentes, al remarcar que la cultura es un derecho. Las reservas no fueron avaladas.
Su correligionaria María Eugenia García Oliveros propuso reservas al municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. para que se respeten los elementos establecidos por el Congreso en cuestión de cuotas y tarifas, sobre diversos costos. Sus reservas no fueron aprobadas.
En su oportunidad, la priista Rocío Cervantes Barba se refirió al mismo municipio sobre los permisos de colocación de botargas por día, por lo que pidió que se elimine porque no está regulado en otros dispositivos, dijo; y respecto a la inclusión de derechos por eventos, fiestas particulares y en casa resulta invasivo para la propiedad privada, por lo que propuso un ajuste en la redacción. Ambas propuestas se avalaron.
Ramos Sotomayor presentó una reserva en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas sobre la tarifa de cobro de agua, a la cual se hicieron ajustes por parte de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, y fue avalada.
En una segunda intervención, Cervantes Barba habló sobre el municipio de Cuerámaro respecto a la improcedencia del cobro en materia de seguridad privada en lo relativo al otorgamiento de conformidad y revalidación anual, por lo que manifestó se tenía que revisar cómo hacerlo viable, porque se señala que no procede, pero es importante para tener un control sobre las empresas que brindan sus servicios en el municipio. La reserva fue aprobada.
En lo que respecto al derecho de expedición de certificados, certificaciones, constancias y cartas indicó que pedían que se elimine porque se invaden competencias que tienen delegadas otras autoridades. La propuesta se respaldó con un ajuste de redacción.
El ecologista Sergio Alejandro Contreras Guerrero se reservó en Tierra Blanca lo correspondiente a facilidades administrativas y estímulos fiscales, su propuesta fue aprobada.
El morenista Luis Ricardo Ferro Baeza planteó reservas al municipio de San José Iturbide respecto a la emisión de acuerdo de conformidad municipal y la necesidad de tener dos jueces calificadores y descuentos en materia de servicios de cultura para niños, niñas y adolescentes. Las reservas no fueron avaladas.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros, Karol Jared González Márquez, María del Pilar Gómez Enríquez, Rocío Cervantes Barba, Susana Bermúdez Cano, Angélica Casillas Martínez y María Isabel Ortiz Mantilla; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente de las Comisiones Unidas), Juan Carlos Romero Hicks, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.
Además, estuvieron presentes los congresistas Luis Ricardo Ferro Baeza, Antonio Chaurand Sorzano, David Martínez Mendizábal y Ernesto Millán Soberanes.
