Guanajuato, Guanajuato.- Diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano consideran que la mayoría panista del Congreso del Estado está obligada a acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de despenalizar el aborto, la blanquiazul Susana Bermúdez señala que la resolución emitida por el Poder Judicial federal debe revisarse y que las reformas que se hagan en Guanajuato deben garantizar que no haya un tercero que obligue a las mujeres a abortar.
Luego de que la SCJN notificara al Congreso del Estado de Guanajuato la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, relacionada con la invalidez de los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal estatal, que criminalizan el aborto, se generaron reacciones diversas en torno a la resolución.
El Congreso guanajuatense cuenta con un plazo constitucional de 90 días para derogar o reformar las disposiciones que sancionan el aborto. El plazo comienza el 15 de febrero y concluye en el mes de junio.
Al respecto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza, señaló que se trata de un logro producto del acompañamiento que ese partido ha dado a mujeres que han luchado por ese derecho, especialmente por parte de su compañera Sandra Pedroza.
Eugenia García Oliveros, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que aunque se espera resistencia de la bancada panista, espera que “toquen el piso y que vean que primero están las mujeres, que son la mayoría que quiere decidir sobre su propio cuerpo”.
Su correligionario David Martínez Mendizábal reconoció que esta resolución es fruto de la lucha del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Gracias a ellas, añadió, la Corte hace ver que el derecho penal no puede utilizarse para imponer una visión moral ni para castigar decisiones reproductivas.
La panista Susana Bermúdez, una de las más férreas opositoras a la despenalización del aborto, reconoció que hay una obligatoriedad a acatar la determinación de la Corte, pero en la resolución no se toca el artículo 161, que señala la sanción a quien obligue o haga abortar a una mujer.
La resolución de la SCJN plantea eximir de responsabilidad penal a médicos y enfermeras que contribuyan a la interrupción del aborto, pero se les debe sancionar si la obligan. En esos casos aplicaría la propuesta panista.
