Guanajuato, Guanajuato.- Con la finalidad de despenalizar parcialmente el aborto voluntario hasta las doce semanas de gestación, el grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Estatal.
La propuesta, presentada por Sandra Alicia Pedroza Orozco, también contempla establecer penas menos severas para las mujeres y personas gestantes que aborte voluntariamente luego de las doce semanas de gestación y aumenta la punibilidad para quienes fuercen la interrupción del embarazo en cualquier etapa de éste sin consentimiento de las mujeres o persona gestante embarazada; así como ampliar las excusas absolutorias del delito de aborto.
Pedroza Orozco señaló que, en México, el aborto representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna sin cambios sustanciales en las últimas décadas, a excepción de la Ciudad de México desde 2007.
Existen múltiples razones por las que las mujeres interrumpen un embarazo y pueden asociarse con diversos motivos como de salud, calidad de vida, embarazos no deseados o no planeados, falla o falta de métodos anticonceptivos, ausencia de información en materia de educación sexual y reproductiva, dificultades económicas, entre otras, resaltó
En Guanajuato, dijo, al negarles el acceso a servicios de salud seguros y legales, profundiza la desigualdad y se condena a muchas a enfrentar procedimientos inseguros que puedan derivar en complicaciones graves, discapacidad e incluso la muerte.
Pedroza Orozco presentó algunas estadísticas y dijo que, en la entidad, del 2020 al 2022, la tasa de nacimientos registrados de madres con edades de entre 10 y 17 años por cada 1000 mujeres en ese grupo de edad, incrementó en un 29.4% al pasar de 10.2 al 13.2. Añadió que algunos colectivos feministas encontraron los casos de 30 niñas de entre 10 y 14 años que habían quedado embarazadas por hombres mucho mayores que ellas, y dijo que León fue uno de los municipios con más madres adolescentes en 2024.
Apuntó que regular el aborto en contextos donde el sistema penaliza a las mujeres en lugar de acompañarlas es una medida urgente de justicia social y de derechos humanos.
“Legislar la despenalización del aborto en el estado es un acto de justicia y de visión de futuro. Significa garantizar que el ISAPEG cuente con herramientas claras para actuar sin temor, con profesionalismo y humanidad para que se puedan ofrecer servicios de salud seguros, gratuitos y con protocolos claros, evitando que quienes necesiten interrumpir un embarazo se vean forzadas a recurrir a prácticas clandestinas que ponen en riesgo su vida y su dignidad”, enfatizó.
La despenalización no obliga a nadie a actuar en contra de sus creencias, simplemente abre una puerta de esperanza y de decisión para aquellas mujeres que, frente a un embarazo, saben que continuarlo significaría un sufrimiento o un daño mucho mayor que interrumpirlo, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
