Hace ya más de un año que la frontera de México con Estados Unidos deja a su paso un reguero de miles de migrantes esperando que se resuelvan sus peticiones de asilo en el país americano. El programa Protocolo de Protección a Migrantes, más conocido popularmente como el Plan ‘Quédate en México’, obligó a todas estas personas a esperar a que se resolvieran sus casos en territorio mexicano y la gran mayoría de ellos todavía aguarda a que el gobierno estadounidense se pronuncie. Una medida que ha traído mucha cola, que ha sido duramente criticada por organismos internacionales y que ha hecho que el país haya tenido que concentrar sus esfuerzos en ayudar a todas estas personas.
La idea era dotar a estos ciudadanos de un trabajo, brindarles la educación que necesitaban y llevar a cabo un esfuerzo porque gozaran de buena salud, sobre todo en su posterior regreso a Estados Unidos. Sin embargo, la medida no llegó en el mejor momento para México. La economía se sume en una recesión de la que aún están por ver los efectos duraderos y que está haciendo que los residentes estén encontrando dificultades para cubrir sus servicios mínimos. Si el populacho azteca se encuentra así, cómo estarán estos migrantes. No parecía el mejor plan posible tener que quedarse en la frontera mexicana.
Sin embargo, la República ha hecho un esfuerzo para habilitar esas estaciones migratorias en las que aun muchos habitan. No solo la administración central, también los estados han puesto de su parte para ello. Aunque, gran parte de esa labor que correspondía al Gobierno la han llevado a cabo las ONG, que se han mostrado siempre en defensa de los derechos de estas personas y han tratado de que llevaran una vida más digna durante todo este tiempo. Y eso que no se lo han puesto nada fácil, después de que a finales del pasado mes de enero el Instituto Nacional de Migración (INM) les restringiera la entrada a estos recintos. Algo que ya estaba denunciado con carácter previo a ese comunicado.
El INM dio como razón el incremento en el número de personas que estaban entrando en las estaciones y que la labor de las ONG podía entorpecer la acción de recolocación de migrantes. Algo que molestó mucho a las organizaciones, que se mostraron indignadas. En declaraciones a varios medios nacionales así lo reflejaba, el coordinador del área de incidencia política del Centro Fray Matías de Derechos Humanos, Salvador Lacruz: “Esto es algo insólito. Nos encontramos en un momento de mucha estupefacción. Es de un cinismo tremendo oficializar algo que ya llevaban haciendo meses y además alegar motivos de tipo logístico para anular el monitoreo independiente de la sociedad civil”.
“Accedíamos a las instalaciones dos veces por semana, unas pocas horas, de 10 de la mañana a dos de la tarde. Y además se hacía todo en áreas restringidas, como un despacho. Ahí nos traían a la gente. Aún así esta labor es muy valiosa para conocer lo que pasa ahí dentro y también para un trabajo preventivo de posibles violaciones a los derechos humanos”, comentaba Lacruz como queja formal al comunicado del INM. Posteriormente, el Estado rechazó dicha medida y afirmó que había sido tomada por la institución de forma unilateral y desmedida.
El propio INM ha respondido sacando datos relativos a 2019, indicando el número de veces que se dejó entrar a ONG a las estaciones, siendo en total unos 12.367 accesos. Según el informe, las asociaciones religiosas ingresaron en 131 ocasiones, las asociaciones civiles se fueron a 4.948 entradas, los organismos internacionales de diversa índole lograron 1.720 accesos y los dedicados expresamente a derechos humanos lo hicieron en 5.719 veces. Además, reiteraron su compromiso con todas ellas para salvaguardar el respeto a los grupos de migrantes y colaborar lo máximo posible para su bienestar. Algo que no termina de convencer a estas fundaciones.
Fundaciones que han estado muy pendientes de todo lo que ocurría en la frontera y colocándose siempre en primera línea de fuego para tratar de soportar la difícil situación. Hay que tener en cuenta que estas asociaciones trabajan también fuera de la frontera mexicana y apoyan a empresas dedicadas a la educación para que visiten y conozcan a ONG internacionales. El ejemplo más reciente lo tenemos en la visita del equipo de EF English Live a Imibala Trust, con el objetivo de dotar a niños con falta de recursos de materiales escolares y clases de inglés o matemáticas. Una labor similar a la que se está realizando en las fronteras mexicanas.
Las clases educacionales y el apoyo psicológico mediante charlas de planificación familiar han sido otros dos focos en los que se han centrado las instituciones. Ahora, con la llegada el pasado mes de una nueva ornada de menores a los refugios, están pidiendo más protección para ellos y están intentando estar alerta sobre posibles conflictos. Mientras tanto, se sigue esperando que las resoluciones desde Estados Unidos se agilicen.
