Colectivas feministas y organizaciones provida exponen argumentos a favor y en contra del aborto en el Congreso

Guanajuato, Gto.

Fueron tres mesas de trabajo para analizar iniciativas que proponen la despenalización del aborto. En la primera participaron integrantes de colectivas feministas, que expresaron argumentos a favor; en la segunda estuvieron las organizaciones provida, integradas por mujeres ligadas al catolicismo; en la tercera debieron asistir representantes de instituciones, que optaron por no hacerlo.

Las mesas estuvieron presididas por la morenista María Eugenia García Oliveros, presidenta de la Comisión de Justicia. La cobijaron su coordinador, David Martínez Mendizábal, y su correligionario Antonio Chaurand Sorzano.

Por el lado panista estuvieron Susana Bermúdez, Rolando Fortino Alcántar Rojas, Juan Carlos Romero Hicks, Ana María Esquivel Arrona y María Isabel Ortiz Mantilla. Movimiento Ciudadano contó con la asistencia de Sandra Alicia Pedroza Orozco.

En la primera mesa participaron colectivas feministas, organizaciones ciudadanas y defensoras de derechos humanos, entre ellas la Red de Acompañantes de Aborto León, la Red de Acompañantas León, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Sonoras y Rebeldes San Miguel de Allende y Católicas por el Derecho a Decidir. Las participantes exigieron al Congreso dejar de criminalizar a las mujeres que interrumpen un embarazo, señalando que los abortos ya son una realidad, pero se practican en condiciones de clandestinidad y riesgo.

Ahí expusieron que en 2024 hubo 366 homicidios dolosos de mujeres en Guanajuato, pero sólo 15 fueron tipificados como feminicidios. En enero de 2025 no se abrió una sola carpeta por ese delito, pero sí tres por aborto.

Integrantes de las colectivas advirtieron que el estado de Guanajuato se encuentra en desacato frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya ha declarado inconstitucional penalizar el aborto de forma absoluta. También desmintieron campañas de desinformación.

La emecista Pedroza Orozco expuso los argumentos jurídicos avalados por la Corte, resaltó que se fincó una jurisprudencia que debe acatarse y añadió que no basta despenalizar el aborto, sino que el Estado debe garantizar el servicio médico para que se realice porque es un derecho de las mujeres.

El diputado David Martínez Mendizábal dijo ésta no es sólo una lucha del feminismo, sino también de una izquierda institucional que la respalda. Su compañero Chaurand Sorzano afirmó que no es incongruente estar a favor de la vida y al mismo tiempo oponerse a criminalizar a una mujer que toma una decisión difícil. Advirtió que, de no aprobarse la despenalización, Guanajuato estaría incurriendo en ilegalidad, ya que la Suprema Corte ya resolvió el tema.

García Oliveros remarcó que la comisión no parte de cero, sino de un principio irrenunciable: el Estado debe garantizar los derechos de las mujeres, proteger su salud y su autonomía. Afirmó que no se tomará una postura simplista y que cada argumento será escuchado y analizado con el rigor que exige un tema de esta magnitud.

El panismo mantuvo su postura de que la vida empieza con la concepción.

Contra comunistas y consignas internacionales

En la segunda mesa se escucharon las posturas de colectivos que se oponen a la despenalización del aborto. Fue una sesión de vehemente rechazo al aborto. Las personas participantes acudieron con pancartas y fotos, así como con figuras de fetos que mostraron como ejemplo de que se asesinaba a un ser humano al haber un aborto.

También hubo posturas en contra del aborto por los daños físicos y psicológicos que su práctica generaban a las mujeres. A la parte legisladora que apoya la despenalización del aborto les prodigaron epítetos lo mismo de “zurdos”, “rojos” y “comunistas”, como de “capitalistas” y “progresistas” y los señalaron que responden a una estrategia de grupos internacionales.

Los morenistas sólo mantuvieron su postura de que se basan en la legalidad y apelaron al juicio ético de cada legislador. García Oliveros agradeció la participación y destacó la apertura con la que se desarrollaron los trabajos.

La tercera mesa se convocó para escuchar a instituciones públicas y autoridades estatales. Sin embargo, ninguna de las dependencias estatales invitadas acudió: ni el Supremo Tribunal de Justicia, ni la Fiscalía General, ni la Procuraduría de los Derechos Humanos, ni el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo, ni la CONAVIM. La única institución presente fue la Universidad de Guanajuato, representada por las investigadoras María Elena Sandoval Barajas y Jessica Ivette Cienfuegos.

Sandoval Barajas explicó que las reformas propuestas por Morena y otros grupos parlamentarios tendrían impacto administrativo, al obligar a las instituciones a garantizar el acceso al aborto; impacto presupuestal, al asumir los gastos de atención; e impacto social, al combatir el estigma que ha acompañado a esta práctica en la entidad. Señaló que el marco penal vigente responsabiliza exclusivamente a las mujeres, incluso cuando son víctimas de violencia, y que esto refuerza mandatos de género que violan sus derechos.

Cienfuegos señaló que abortar no es un crimen, sino un derecho que no debe ser sometido a votación. Explicó que el aborto inseguro es el que genera complicaciones, no el aborto en sí, y que la penalización actual puede constituir un agravio comparado, lo cual podría justificar una nueva alerta por violencia de género. Añadió que la criminalización afecta la salud mental de las mujeres, no por el aborto en sí, sino por el contexto de culpa y estigma que se les impone desde el aparato legal.

Ambas investigadoras coincidieron en que el dictamen debe construirse con base en evidencia científica, estándares internacionales de derechos humanos y principios de justicia social, no en juicios morales ni discursos ideológicos.

La diputada presidenta María Eugenia García Oliveros agradeció la presencia de la representatividad de la Universidad de Guanajuato y lamentó la ausencia institucional.