Guanajuato, Guanajuato.- La bancada panista del Congreso del Estado rechazó exhortos y decisiones contra la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro,
Los blanquiazules votaron por el archivo definitivo del punto de acuerdo que buscaba exhortar a la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que incluya al municipio de Irapuato entre aquellos municipios de intervención prioritaria en la estrategia de seguridad, así como en las acciones que despliegue el recién creado Escuadrón Antiextorsión.
El morenista Ramos Sotomayor pasó a oponerse y dijo que Irapuato es la segunda ciudad con la percepción más insegura en todo el país con un 88.2% y que el mismo municipio se ha mantenido en los primeros 10 lugares a nivel nacional en materia de inseguridad. De pasó se fue contra el por más de 170 millones de pesos por la renta de vehículos que aún siguen sin estar en funcionamiento en ese municipio. En Irapuato también concentra el mayor número de personas desaparecidas en la entidad de abril a junio del presente año, por lo que señaló como negativo el archivar la propuesta que busca tener un llamado respaldado por datos y la opinión de la ciudadanía para tener mejores condiciones de seguridad.
Lo mismo pasó con la propuesta de dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la solicitud de revocación de mandato de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, formulada por el ciudadano Ricardo Gómez Escalante.
El panista Juan Carlos Romero Hicks indicó que la revocación de mandato constituye la decisión para la posibilidad de que un funcionario electo continúe o no en su cargo, además de ser un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia.
Esa figura, procedió, tiene un impacto político y jurídico, así como que en la parte técnica se debe basar todo en las pruebas presentadas y que al revisarse se emitió un juicio de valor que se relaciona con el incumplimiento satisfactorio por no demostrarse la presunción suficiente para la causal de revocación.
Finalmente, señaló que las pruebas deben ser idóneas y pertinentes, junto a que lo presentado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, basado en principios políticos y jurídicos, no era atendible.
Ramos Sotomayor dijo que el dictamen era la demostración de quedarse en la penumbra, que lo que se presentaba era una denuncia ciudadana que incomodaba al poder y se le cerraba la puerta, además de negarle la posibilidad de ser analizada.
El dictamen protege a una presidenta de utilizar recursos públicos, manipular procesos internos y utilizar el aparato público para sus elecciones internas. Remarcó que votarían en contra porque aprobarlo era darle la espalda a las y los irapuatenses, concluyó.
