Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer el acoso sexual como una falta administrativa grave de las personas servidoras públicas.
Las modificaciones contemplan que se considere como acoso sexual a quien, con fines sexuales o lascivos, asedie, produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente a una persona, independientemente de que el comportamiento ocurra en uno o varios eventos e incluso si no existe una relación de subordinación.
También que se equipare como acoso sexual a las conductas que lleve a cabo la persona servidora pública en el que realice actos que impliquen violencia sexual hacia otra persona valiéndose de su empleo, cargo o comisión en el servicio público; permita, tolere o facilite la realización de conductas de acoso sexual; y grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma imágenes, textos, sonidos o la voz, de una persona, sea servidora pública o no, sin consentimiento y con propósitos lascivos o eróticos.
El morenista Antonio Chaurand Sorzano manifestó que la propuesta es un paso firme para prevenir, sancionar y eliminar conductas que atentan contra la dignidad de las personas y que no pueden tener cabida en un servicio público ético, además de que el dictamen discutido dota a las instituciones de herramientas claves y efectivas para actuar con prontitud ante un problema que ha sido minimizado en años anteriores.
La propuesta define con precisión lo que constituye el acto de acoso sexual, lo que permitirá sancionar y disuadir a quienes pretendan incurrir en este tipo y así con los cambios a la normativa el acoso sexual se eleva como falta grave por tener sanciones más significativas que representa un mensaje inequívoco de cero tolerancia para las agresiones en la administración pública, recalcó.
Comentó que el dictamen coloca al centro a quienes más han sufrido este tipo de violencia y que se les brinda una vía administrativa clara, accesible y eficaz para obtener justicia sin obligarlas a depender exclusivamente de los largos y complejos procesos penales, al ser atendida cada denuncia con perspectiva de género, sensibilidad y profesionalismo.
La panista Susana Bermúdez Cano externó que el acoso sexual es una forma de violencia que afecta a todas las personas, especialmente a las mujeres. Dijo que esa conducta constituye una violación a los derechos humanos y representa un obstáculo para la igualdad sustantiva, dado que impacta de manera desproporcionada a las mujeres por razones de género.
El dictamen propone la adición porciones normativas para tipificar el acoso sexual como falta administrativa grave cometida por personas servidoras públicas, indicó, y resaltó que considerar esa conducta como falta administrativa grave es indispensable para prevenir y sancionar el acoso en el servicio público, promover la cero tolerancia a la discriminación, y generar un efecto disuasorio y punitivo que evidencie el daño que implica, imponiendo consecuencias a quienes infringen la norma.
Por su parte, el ecologista Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentó una reserva a la fracción III del artículo 57 bis para fortalecer la claridad y precisión normativa con base en el principio de tipicidad administrativa que exige que las sanciones administrativas deben estar suficientemente descritas en la Ley, para dejar el apartado de la siguiente manera: Fracción III. Participe, directa o indirectamente, en la realización de conductas de acoso sexual, así como cualquiera de las referidas en el presente artículo.
El dictamen y la reserva fueron aprobados por unanimidad.
Aprueban por mayoría reformas en materia de masculinidades positivas e igualitarias
El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato para incluir la definición de masculinidades positivas e igualitarias.
La nueva disposición precisa que es el proceso reeducativo por medio del cual los hombres se construyen y relacionan desde el respeto y la plena expresión del ejercicio de los derechos, libertades y capacidades de las personas y en las relaciones de género, para la construcción de identidades libres de estereotipos y de violencia contra sí mismos y contra las mujeres y personas con quienes interactúan en la pareja, en las familias, en las escuelas y en general en todos los espacios.
Incluye dentro de las facultades de la persona titular de la Secretaría de Educación el diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo la promoción y el fomento de las masculinidades positivas e igualitarias.
De igual manera, realizar acciones formativas a todo el personal de los centros educativos en materia de derechos humanos de las mujeres, masculinidades positivas e igualitarias y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra estas.
Además, se precisa como facultad de la Secretaría de las Mujeres el diseñar y ofrecer, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz, programas que brinden servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos a la persona agresora para erradicar las conductas violentes a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia, tomando en consideración las masculinidades positivas e igualitarias.
Finalmente, se indica que la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Paz deberá tomar en consideración la promoción de las masculinidades positivas e igualitarias.
La panista Susana Bermúdez Cano habló a favor de la propuesta, en tanto que la morenista Maribel Aguilar González habló en contra. Dijo que se está a favor de la transformación de la masculinidad hegemónica, por tener una relación directa con la violencia de género que afecta a millones de niñas, adolescentes y mujeres, pero objetó que incorporar a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia conceptos centrados en procesos identitarios masculinos puede generar un desplazamiento del objetivo central del instrumento jurídico, proteger a las víctimas mujeres.
También comentó que no existe una definición universal o estandarizada sobre las masculinidades positivas, pues es un concepto que se aborda desde distintas corrientes teóricas. Es un concepto dinámico, que cambia constantemente y se transforma, porque no existe una sola forma de ejercer la masculinidad.
Finalmente, la congresista manifestó que miles de mujeres siguen esperando acceso real a la justicia y que, frente a dicha realidad, lo urgente no es redefinir identidades masculinas, sino fortalecer los mecanismos de protección, atención y sanción.
La panista Ana María Esquivel Arrona indicó que aceptar que los modelos masculinos hegemónicos son una expresión cultural que consolida la desigualdad de las mujeres, los obliga a las y los tomadores de decisiones a cuestionarlos y revisarlos y aseveró que “Deconstruir estos estereotipos e impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva constituye una tarea de todas las instituciones del Estado Mexicano” e instó a sus homólogos a sumarse a la estrategia de prevención de las violencias contra las mujeres en la construcción de entornos seguros.
El tema llevó a tribuna a más posiciones a favor y en contra. Agotado el debate, el dictamen fue aprobado por mayoría de votos de panistas y aliados.
