Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Justicia se aprobó el dictamen de dos iniciativas de reforma al Código Civil, a fin de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a pertenecer y vivir en familia mediante una adopción plena.
La panista Susana Bermúdez Cano indicó que garantizar la oportunidad de contar con un adecuado desarrollo, en un entorno amoroso y establece para las niñas, niños y adolescentes constituía una tarea a cargo de las instituciones judiciales, administrativas y legislativas, la cuales deben guiar el ejercicio de sus funciones, atendiendo el principio del interés superior de la infancia, así como el derecho a vivir en familia como ejes rectores en todas las políticas públicas, acciones y toma de decisiones que las involucren.
La institución jurídica de la adopción, agregó, era la oportunidad de integrar a las infancias que por diversas causas terminaron con el vínculo de su familia biológica a un ambiente armónico y protegido por el calor de una familia.
Manifestó que con esta reforma Guanajuato cumplía con el imperativo que estableció la ley general en la materia de reconocer la adopción como plena e irrevocable, y que con esta medida el adoptante adquiere ahora los mismos derechos, deberes y obligaciones propios del vínculo de parentesco que se tiene con los hijos consanguíneos.
También dieron seguimiento a las metodologías de análisis de seis iniciativas. La primera plantea reformas al Código Civil estatal con la finalidad de implementar el divorcio administrativo para ampliar las libertades de las personas que deseen por mutuo acuerdo no seguir en matrimonio.
Las otras cuatro plantean reformas al Código Penal para incrementar las penas de los delitos que sean cometidos contra personas con discapacidad; incluir el principio del interés superior de la niñez; incorporar una pena más severa en el tipo penal de violencia familiar y calificar como delito el desmonte, derribo o tala de árboles y la destrucción de la vegetación, siempre y cuando se realicen en zonas urbanas o en zonas de jurisdicción estatal o municipal.
Una más propone cambios tanto al Código Penal como a la Ley Orgánica de la Fiscalía genera para crear el Registro de Personas Agresoras Sexuales y constituir un sistema de información de carácter público que contendrá los registros de quien reciba sentencia ejecutoria por un juez penal por la comisión de delitos de carácter sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Finalmente, respecto a dos iniciativas de reforma al Código Penal para realizar una reforma integral al tipo penal del feminicidio, se investiguen con perspectiva de género, se reduzca su impunidad y se implementen estrategias y políticas para su prevención; así como homologar el tipo penal de feminicidio con el del Código Penal federal e incorporar otras razones de género que podrían facilitar la acreditación del delito.
Acordaron llevar a cabo mesas de trabajo para el 3 de diciembre, 14 de enero, 28 de enero y 4 de febrero. En la sesión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta), Susana Bermúdez Cano, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Karol Jared González Márquez.
Capacitación y estrategias de divulgación, principales propuestas para el Consejo Consultivo de la PRODHEG
Experiencias personales de discriminación sufrida y de trabajo profesional en apoyo a víctimas fueron la constante de las personas que aspiran a integrar el Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Capacitar a personal y funcionarios y divulgar principios fueron las principales coincidencias externadas ante integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, quienes entrevistaron a: Víctor Hugo Ramírez Nieto, María del Rocío Vargas, Ma. Isabel Llamas Andrade, Emilio Iván Serrato Alfaro, Francisco Javier Soto Tejeda y Ernesto Ramírez Balderas
El primero fue Víctor Hugo Ramírez Nieto, quien habló de la importancia de rescatar la dignidad de las personas y señaló que el Consejo Consultivo es un medio para construir puentes entre el organismo y la sociedad. Propuso capacitar a los funcionarios; implementar políticas públicas en caminadas a la concientización del servidor público; realizar campañas de difusión sobre los derechos humanos; conocer los contextos en donde se van a aplicar las medidas en materia de derechos humanos; revisar las recomendaciones que se han hecho en años anteriores para evaluar los resultados y la atención que se les ha dado; rescatar la educación cívica; poner siempre al centro la dignidad de las personas; vigilar los pozos de agua porque existe contaminación y afecta la salud de las personas, así como establecer mecanismos para hacerles llegar agua potable; que las autoridades competentes realicen verificación de horarios en cuanto al ruido; capacitación en las fiscalías y darles seguimiento a todas las carpetas.
María del Rocío Vargas León planteó que se deben generar estrategias y herramientas para la Procuraduría; la difusión de lo que hace la Procuraduría, ser embajadores de la institución; fortalecer la relación con las comunidades, visitándolas y hacer la difusión de viva voz, porque muchas personas carecen de los medios para acceder a esa información; por el momento no cambiaría el reglamento hasta conocerlo a fondo y solo le agregaría que la Procuradora tuviera más acercamiento con las personas.
Ma. Isabel Llamas Andrade manifestó que conoce la problemática de diversos sectores sociales, que a través de la asociación que encabeza, que atiende a mujeres, le ha permitido darse cuenta de las necesidades, así como tener contacto con diversas organizaciones no gubernamentales.
Se tienen que integrar a las personas para conocer cómo están, pero también a quienes las atienden; que tiene experiencia en la implementación de acciones para mujeres con discapacidad, así como integrar a las personas; una política pedagógica es trabajar con las escuelas y que no tengan miedo de atender la neurodivergencia, en primer lugar con los maestros para darles herramientas; vigilar que quienes están atendiendo estén capacitados en perspectiva de género y la haya aplicado, juzgadores, investigadores, ministerios públicos; conocer la rapidez con que se responden y atienden los asuntos, y con base en eso modificarlo, porque la atención a la violencia debe ser expedita. También dijo que se debe analizar cómo proponer la revisión y seguimiento de los casos para conocer el impacto; que se tenga mayor acercamiento de parte de las dependencias que dependen de la PRODHEG para vigilar que las visitadurías se hagan conforme a las normas establecidas; y revisar los resultados que tiene la PRODHEG para ellos aportar lo que se obtuvo de eso y del contacto de las personas para formularlo.
Emilio Iván Serrato Alfaro señaló que es psicólogo, que ha trabajado con niñas y niños que han sufrido abuso sexual; que es necesario que las personas se den cuenta de que, cuando se vulnera un derecho, se vulneran otros; que es importante el acercamiento con las personas y establecer un contacto cercano. La PRODHEG, explicó, tiene una propia área de capacitación y tienen especialidad en la materia, por lo que tendrían que estar capacitándose; que como Consejo tiene la obligación de acercarse, conocer el plan anual y revisar todas las acciones que se van a llevar a cabo en materia de discriminación; asegurarse del seguimiento que se esté dando a la violación de derechos humanos; revisar que el presupuesto se erogue de manera responsable, destinar buena parte a la capacitación del personal; y asegurarse que las personas que se acerquen a las financias estén formadas en cuanto a la sexualidad de las infancias.
Como Consejo, añadió, deben hacer trabajo de campo, acercarse con las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad para, a partir de la escucha, empezar a proponer; indicó que las infancias desde la parte legislativa están bien cuidadas; y establecer mecanismos para acercarse a las escuelas y promover capacitación en estas en materia de niñas, niños y adolescentes.
Francisco Javier Soto Tejeda manifestó que en materia de derechos humanos hay mucho por hacer y que su interés partió de su propia experiencia como papá de un niño con discapacidad intelectual. Puntualizó que si bien hay progreso en la materia siempre surgen nuevas ya que no es un tema terminado; se tiene que trabajar en consensos; que el principal derecho que se tiene que revisar es la dignidad de la persona porque de ahí parten el resto; darles acompañamiento a las familias de las personas privadas de la libertad, darles seguimiento; revisar la normativa en materia de personas con discapacidad para que de verdad se cumpla; la capacitación es importante en todas las instancias siendo cadetes y policías porque muchas veces van obligados; basarse en el costo-beneficio para hacer más con menos; hacer promoción de los derechos humanos qué son, cuáles son y para qué sirven; y que hace más falta a la difusión de los derechos humanos, la PRODHEG está apagada.
Ernesto Ramírez Balderas cerró las participaciones. Dijo que su incursión en los derechos humanos fue a raíz de su propia experiencia y la lucha por sus derechos de acceder a un trabajo, así como la discriminación que sufrió. Mencionó que fomentaría los derechos sexuales de las personas con discapacidad que muchas veces son invisibilizados; que son grupos vulnerabilizados no se les tiene que proteger sino darles las herramientas para que ellos puedan salir adelante; hay sectores como las personas trans, el aporte va desde la perspectiva grupal, ya que cada uno tiene una experiencia con distintos grupos; que está disponible, ya que por su labor ha trabajo en las noches porque atienden a trabajadoras sexuales, en fines de semana en anexos, etcétera; y reforzar el tema de educación sexual como iniciativa que promovería.
La morenista Calzada Velázquez, presidenta de la comisión, instruyó a la secretaría técnica para que elabore un dictamen que contenga hasta tres propuestas para cada puesto del consejo, que en este caso son dos lugares los que se ocuparán.
Como parte del orden del día, la comisión se dio cuenta de cuatro propuestas legales que analizarán en las siguientes sesiones.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta de la Comisión), Ana María Esquivel Arrona y Miriam Reyes Carmona, así como los diputados Jesús Hernández Hernández y José Salvador Tovar Vargas.
