Irapuato, Guanajuato.- A cuatro meses de finalizar su gestión como procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera detalló ante los medios de comunicación los avances en esta materia, así como cifras sobre quejas y recomendaciones emitidas.
El ombudsman estatal dijo que aunque no es competencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) sancionar sino solo emitir recomendaciones, han sido castigados más de 500 servidores públicos estatales y municipales, principalmente de las direcciones de Seguridad Pública, por violar los derechos humanos de los ciudadanos.
“Siendo obligatorias las recomendaciones y aún no sancionando nosotros, en este lapso se han sancionado a más de 500 servidores públicos por violaciones a derechos humanos”.
Señaló que la PDHEG ha ido mejorado en aceptación de recomendaciones; en su primer año de gestión se aceptó el 73 por ciento de las recomendaciones y en 2015 se aceptaron el 99.27 de ellas.
“En estos 8 años pudimos avanzar muchísimo en el marco normativo” y en la armonización legislativa aunque faltan algunos puntos como el tema de protección a los periodistas, comentó.
En cuanto a la capacitación y la información en el tema de Derechos Humanos creció exponencialmente, en el 2015 llegaron a 67 mil 500 personas en los 46 municipios, indicó.
La Procuraduría de los Derechos Humanos en el tema de Patrimonio propio avanzó, “todas las oficinas de la Procuraduría con un programa de austeridad son patrimonio de la Procuraduría, de las y los guanajuatenses”.
Rodríguez Junquera refirió “que en el tema de los Derechos Humanos no podemos estar satisfechos”.
Continúo informando que cada año se aperturaron un promedio de mil 050 expedientes, “la gente sigue yendo en buen número a la Procuraduría a levantar quejas, asesorías, atenciones psicológicas”.
Por ejemplo, subrayó que “el año pasado abrimos mil 158 expedientes, terminamos 1050 expedientes el año pasado. Tratamos de terminar lo más pronto posible, traemos un tiempo promedio de terminación de expedientes de 4 meses”.
Rodríguez Junquera destacó que cuando no es competencia de la Procuraduría resolver alguna inconformidad de las personas se trata de acompañarlos o canalizarlos a la autoridad competente para resolverles su problemática.
