Guanajuato, Guanajuato.- Personas diputadas integrantes de la 66 Legislatura presentaron en la sesión de la Diputación Permanente un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua para que realice de manera urgente visitas de inspección, monitoreo y verificación en el Río Turbio, identifique descargas irregulares, determine la calidad del agua y, en su caso, imponga las medidas de seguridad, sanciones o clausuras que resulten procedentes. El diputado Sergio Contreras propone una investigación sobre la responsabilidad del organismo operador de Agua Potable en León respecto a la contaminación de la zona conocida como Arroyo Hondo.
La propuesta plantea exhortar también al organismo operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y a los organismos operadores de agua de los municipios en los que se ubica el Río Turbio, para que informen el estado que guarda la infraestructura de alcantarillado, saneamiento, conducción y tratamiento de aguas residuales vinculada con la zona de influencia del Río Turbio, así como las acciones inmediatas que implementarán para evitar descargas contaminantes.
También para que establezcan una mesa técnica urgente y definan un plan de atención inmediata que incluya monitoreo permanente, limpieza del cauce, identificación de responsables, corrección de descargas, saneamiento progresivo y protección de la salud de la población e informen sobre las acciones realizadas, los puntos críticos identificados y el calendario de intervención para la recuperación ambiental del Río Turbio.
El documento enfatiza que las condiciones actuales del Río Turbio representan un riesgo latente para la salud pública y la seguridad hídrica y un desafío a los derechos humanos. Se precisa que los vertimientos industriales y las aguas residuales insuficientemente tratadas generan malos olores, proliferación de fauna nociva, deterioro grave de los ecosistemas y afectaciones directas a los suelos agrícolas de la zona. Advierte que la situación podría estar registrando graves incumplimientos de la Ley de Aguas Nacionales y de las normas oficiales vigentes en materia de límites permisibles de contaminantes en descargas.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y dictamen.
Llama a que se investigue la contaminación en Arroyo Hondo
El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentó un punto de acuerdo para exhortar a la persona titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato para que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, inicie una investigación respecto de las conductas que pudieran constituir infracciones a la legislación ambiental atribuibles al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).
Asimismo, practique la auditoría ambiental correspondiente para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental estatal, de las normas técnicas ambientales y de las demás disposiciones aplicables respecto de los años 2021, 2022, 2023 y 2024; y, de acreditarse irregularidades, presente las denuncias que en derecho procedan ante las autoridades competentes.
Al hacer uso de la voz, el legislador refirió que entre los años 2020 y 2023, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) ejecutó continuas descargas de aguas residuales con concentraciones tóxicas muy superiores a los límites permitidos por la normatividad ambiental, lo que generó un daño directo al ecosistema del Arroyo Hondo y ha quedado impune debido a negligencias administrativas.
Mencionó que las inspecciones realizadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales detectaron vertido de aguas negras prácticamente sin tratamiento, con niveles alarmantes de bacterias fecales, materia orgánica, grasas, aceites, nitrógeno y residuos sólidos, junto a que en una segunda revisión confirmó incumplimiento de los parámetros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996 y la NOM-001-SEMARNAT-.
Las multas por lo ocurrido ascendían a 1 millón 176 mil 317 pesos, pero que su anulación obedeció a fallas técnicas en las actas y a la prescripción de los plazos legales por parte de los funcionarios sancionadores, sin que ello borrara la veracidad de los dictámenes de laboratorio que comprobaron la toxicidad de las descargas y el daño ambiental, además de que actualmente existe opacidad respecto a la reparación del daño ecológico en el Arroyo Hondo, por lo que resulta necesario exigir rendición de cuentas y medidas de remediación, recalcó.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y dictamen.
