Guanajuato, Gto.- Carmen María López Santillana y Juan Francisco Rocha Ruenes rindieron protesta al cargo de consejera y consejero del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Adriana de Santiago Álvarez, hizo lo propio como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Los nombramientos fueron formalizados ante el pleno del Congreso entre cuestionamientos de la oposición debido a que López Santillana es hermana de un panista y de Santiago Álvarez ha formado parte del equipo del Fiscal General, Carlos Zamarripa.
También aprobaron la designación de Edna Jessica Muñoz Escoto y Luis Gabriel Borja Rodríguez como magistrada y magistrado propietarios, respectivamente, en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quienes ocuparán su cargo por el término de siete años a partir del momento en que rindan protesta.
Como parte del orden del día, el pleno hizo la declaratoria de la Minuta Proyecto de Decreto aprobada por la LXV Legislatura, el 11 de abril del año en curso, en materia de derecho alimentario.
También aprobaron ocho dictámenes relativos a las iniciativas formuladas por el gobernador del estado, a efecto de autorizar, previa desafectación del dominio público del Estado, la enajenación mediante la figura de donación de diversos bienes inmuebles.
De seis bienes inmuebles en favor del municipio de Irapuato para destinarlos al funcionamiento de oficinas de direcciones municipales; a la obra pública denominada «Urbanización de la calle Camino a la Virgen, tramo: Boulevard Téllez Cruces-Acceso a la UCOPI»; a la «Escuela de Enfermería DIF Irapuato»; al funcionamiento y operación del pozo 119, utilizado por la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de dicho municipio; a la ejecución de la obra denominada «Proyecto Geométrico del Boulevard Villas, en el tramo del acceso a la Comunidad del Nido a la intersección del Camino a Cuchicuato con la vialidad Paseo del Altiplanicie del Fraccionamiento Villas de Irapuato, ambos cuerpos»; y a la ejecución de la obra denominada «Puente vehicular sobre la carretera federal 45-D, en el acceso al INFORUM».
De igual manera, de dos bienes inmuebles en favor del municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional para destinarlos a la construcción y desarrollo del proyecto de una plaza pública y a vialidades del municipio.
Entre los temas archivados destacaron dos iniciativas de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato que buscaban fortalecer el proceso de adquisiciones, a fin de asegurar que los procesos de compra favorezcan las mejores condiciones de contratación para el sector público; y fortificar los mecanismos para otorgar idoneidad y transparencia a los procedimientos de contrataciones públicas en la entidad; así como un punto de acuerdo que
pretendía exhortar a la titular de la Tesorería Municipal, al titular de la Dirección de Ingresos y al titular de Catastro, todos del municipio de Guanajuato, para que se apegaran a derecho los procedimientos jurídico-administrativos del cobro del predial a la ciudadanía guanajuatense.
El diputado Cuauhtémoc Becerra González y la diputada Yulma Rocha Aguilar hablaron en contra del archivo del primer dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El priista Alejandro Arias Ávila se pronunció en contra del segundo dictamen relativo a la misma norma jurídica sobre la iniciativa propuesta por su grupo parlamentario. Al respecto manifestó que en el país, las adquisiciones gubernamentales siempre han sido de interés para la opinión pública por ser en estas áreas de gobierno donde se debe tener especial cuidado en cumplir con los principios constitucionales referentes a la administración de los recursos públicos.
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se turnaron los expedientes que contienen propuestas para la renovación del Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas del Estado de Guanajuato.
A la Comisión de Justicia se remitieron tanto la propuesta en terna formulada por el gobernador del estado, relativa a la designación de un consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato e integrada por Eduardo López Mares, Fernando Martínez Saldívar y Raúl Núñez Durán; como las propuestas relativas a los nombramientos de magistrado y magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa estatal cuyos nombres son Vicente de Jesús Esqueda Méndez, Diana Arce Romero y Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís.
La propuesta de López Mares fue otro de los temas debatidos por la oposición al calificar el hecho de “premio de consolación” para compensar el fracaso que tuvo como dirigente estatal panista.
