Guanajuato, Gto.- La mayoría “prianrdista” del Congreso local rechazó la reforma del Poder Judicial y la de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal; en contraparte, votaron a favor de las Minutas de Proyecto de Decreto por las que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar y de vivienda para las personas trabajadoras.
Reforma del Poder Judicial
Como se esperaba, fue el tema más debatido. El panista Juan Carlos Romero Hicks abrió la batería blanquiazul, con el respaldo de la también panista Susana Bermúdez Cano y su compañero Erandi Bermúdez, la formalmente perredista María del Pilar Gómez Enríquez y la priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.
Romero Hicks comentó que la reforma en comento ya fue publicada y su reglamentación está en el Congreso de la Unión. Asimismo, refirió que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido muchas modificaciones, a diferencia de la de otros países.
Apuntó que no se escuchó realmente a la población y que creían que de todos los poderes el que debe estar alejado de partido es el Judicial. Añadió que se reducen ministros de la corte, se elimina el Consejo de la Judicatura Federal, se crea un nuevo órgano de administración, se eliminan la salas de la Suprema Corte de Justicia, se crea un Tribunal, entre otros aspectos, pero que todo ya estaba en marcha.
También habló sobre la forma de elección, a través de tómbola y cómo se afectó la vida de muchas personas, además de subrayar que fue una destrucción constitucional que atenta contra la división de poderes, vulnera la independencia e imparcialidad judicial.
Finalmente, la reforma trajo consigo la vulneración de derechos, trastocó derechos adquiridos, y la respuesta ante su arbitrariedad se ha hecho visible a través de los más de 673 juicios de amparo que ha recibido este Congreso local contra la reforma.
Susana Bermúdez Cano expresó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la reforma al Poder Judicial es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, debido a que la independencia judicial en México ya no existe.
La reforma al Poder Judicial, agregó, hace realidad las amenazas de un régimen que pone en peligro el equilibrio de los poderes de México y que es el inicio de un autoritarismo que no busca justicia ni democracia por solo buscar el control total, el sometimiento y las decisiones en la cabeza del Poder Ejecutivo.
Alinear la administración judicial con los intereses del gobierno, se erosiona la capacidad del Poder Judicial para actuar como un contrapeso efectivo y proteger los derechos constitucionales de millones de mexicanas y mexicanos, concluyó.
María del Pilar Gómez Enríquez
Habló de los objetivos de la separación de los poderes públicos y subrayó que, la independencia judicial se creó como una garantía instaurada para asegurar la probidad en las actuaciones judiciales
Aseveró que la minuta en comento es regresiva en materia de derechos humanos, pues elimina las garantías de independencia judicial y del derecho humano al juez o tribunal independiente como pilares básicos de las garantías judiciales de acceso a la justicia y del debido proceso.
José Erandi Bermúdez Méndez indicó que se sometió a una tómbola el destino de diversas personas sin que importe su trayectoria académica, profesional, tampoco su antigüedad ni su entrega institucional, donde personas íntegras que no tengan demasiada popularidad no continuarán como garantes de justicia.
Mencionó que el Poder Judicial sí necesita una reforma integral pero no la que se propone porque los argumentos se basan en cumplir un régimen autoritario que atenta contra un Poder Judicial independiente y contra su funcionamiento por la forma en que se podrán adquirir los recursos para las campañas.
Se tiene la preocupación de los casos de corrupción que se podrían originar por la forma del proceso de elección, además de que existen mayores problemáticas las cuales no se podrán solventar con las modificaciones propuestas debido a que los delitos del fuero común son más comunes que los delitos del fuero federal, por lo que no se tendrá una intervención oportuna en materia de justicia, finalizó
El morenista David Martínez Mendizábal pasó al frente a defender la propuesta cuatroteísta y le debatieron Bermúdez Méndez y Bermúdez Cano, así como Tiscareño Agoitia.
La morenista María Eugenia García Oliveros entró al quite y cuestionó dónde estaba la preocupación por el Poder Judicial cuando se convirtió en un bastón de privilegios, un espacio donde los amparos eran moneda de cambio para proteger intereses particulares y los derechos de la mayoría quedaban relegados a un segundo plano.
Como el tema estaba ya mayoriteado y aprobado a nivel federal, el resto del morenismo optó por no desgastar. Martínez Mendizábal dejó el reto en la mesa: vamos a debatir cuando la reforma baje al Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
Inimpugnabilidad
Juan Carlos Romero Hicks, como autor del dictamen, insistió en que la reforma judicial representa un momento en el que el Poder Ejecutivo Federal desacata órdenes judiciales de manera sistemática bajo un argumento falaz de supremacía constitucional que violenta la misma Constitución, permite acciones retroactivas y vulnera el derecho de amparo.
Manifestó que se está bajo un estado de indefensión, sin reflexión, sin análisis por cambios importantes que reinterpretan aspectos como derechos humanos y el juicio de amparo y se atenta contra la división de poderes y el derecho de la minoría de un Congreso por múltiples contradicciones internas.
Finalmente, indicó que hay dos límites en el Poder constituyente y el poder reformador de la Constitución que son los derechos humanos y la división de poderes, mismos que se están vulnerando toda vez que el amparo sirve para proteger a la persona frente a actos abusivos de la autoridad, pero que los cambios lo han desaparecido.
La determinación fue votar en contra y tuvo el apoyo de sus correligionarios Aldo Iván Márquez Becerra y Angélica Casillas, así como la oficialmente perredista María Isabel Ortiz Mantilla.
Finalmente, la diputada Rocío Cervantes Barba precisó que la minuta de reforma constitucional irrumpe en el sistema de control constitucional que protegía los derechos fundamentales, porque ahora textualmente la Constitución federal establece que son improcedentes los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esa Constitución.
La mayoría se impuso
Bienestar
La diputada Yesenia Rojas Cervantes hizo uso de la voz para hablar a favor de la minuta en materia de bienestar y habló de lo que significa ser parte de un grupo en estado de vulnerabilidad.
Señaló que vivir en vulnerabilidad no es solo una cuestión de carencias materiales, sino también de limitaciones para ser escuchado y tomado en cuenta en decisiones que afectan directamente la vida cotidiana.
Afirmó que enfrentar la vulnerabilidad requiere cambios que garanticen que todas y todos tengan las mismas oportunidades de desarrollarse y prosperar, sin importar sus circunstancias de origen, y dijo que con esta reforma se avanza en la ruta para combatir las condiciones que enfrentan personas con discapacidad, para promover acciones que mejoren la vida de la gente del campo, para la protección de pescadores, así como asegurar el derecho a la vivienda.
El morenista Ernesto Millán Soberanes expresó que la reforma puesta a discusión conlleva a poner como base los principios de universalidad y progresividad, procurar la igualdad y los apoyos para el bienestar social, el derecho a disfrutar de una vivienda digna, la entrega de una pensión a las personas con discapacidad menores de 65 años, la rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad menores de 18 años, derechos a las personas adultas mayores de 65 años a recibir una pensión y el un seguro permanente a campesinos.
Reveló que la importancia de la reforma es que los derechos mencionados ya serán obligatorios y no se tendrá que recurrir a la firma de convenios que en la administración pasada no fueron cumplidos, al igual que representa un avance en los derechos humanos de todos los sectores de la población por revindicar los derechos de las personas con discapacidad, adultos mayores y personas campesinas.
Vivienda para las personas trabajadoras
En lo que respecta a la minuta en materia de vivienda para las personas trabajadoras, el panista Juan Carlos Romero Hicks mencionó que ese es un derecho humano y que se reconoce a nivel
internacional de esa manera, además de estar clasificado como un derecho de segunda generación.
Agregó, que se protege la necesidad fundamental que requiere toda persona para vivir con dignidad, y se van a establecer esquemas para que las personas puedan arrendarla o adquirirla, así como implementar un programa para reducir costos.
Apuntó que hay un porcentaje alto de déficit de viviendas y que el 23.4% de las viviendas son arrendadas, por lo que se proyecta una construcción de 2 millones de viviendas a nivel nacional, mientras que en la entidad se proyectan 22 mil. Finalizó que hoy se busca tener una realidad distinta, más allá de utopías.
En su intervención, la legisladora Luz Itzel Mendo González refirió que de acuerdo con cifras del CONEVAL en el 2022 alrededor de 387 mil personas tenían diferentes tipos de carencias en su vivienda, en las que imperaba la mala calidad del uso de los materiales que tenía afectaciones directas a la salud, el bienestar y el desarrollo de las personas por aumentar los riesgos de enfermedades y accidentes en el hogar.
Comentó que la reforma puesta a discusión se traduce a uno de los pasos necesarios para erradicar las desigualdades sociales por poder acceder y tener una casa propia en condiciones dignas, además de que se cuenta con nuevos tipos de enfoques en los que sobresale el arrendamiento social que permitirá a los trabajadores rentar un espacio y eventualmente adquirir una propiedad, así como un enfoque de género que permita a las mujeres trabajadoras mejores oportunidades para el acceso de una vivienda digna.
Finalmente, indicó que es fundamental que se garantice desde las leyes locales los parámetros básicos para el acceso a una vivienda digna que cuente con servicios básicos como agua, electricidad y alcantarillado, así como estándares de construcción que obliguen a los constructores a cumplir con normas técnicas rigurosas en cada etapa de la construcción
