Guanajuato, Guanajuato.- Especialistas en temas de movilidad señalaron en mesa de trabajo de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial que la propuesta de gratuidad en el servicio de transporte para grupos vulnerables, planteada por la bancada emecista, carece de sustento jurídico suficiente.
Lo anterior fue expuesto en la sesión en la que analizaron tres iniciativas de reforma a la Ley de Movilidad del Estado y sus Municipios con respecto a garantizar la gratuidad a los adultos mayores en el servicio de transporte público, así como para las personas que ejercen labores de cuidado de personas con discapacidad y eliminar la obligación de renovar periódicamente la licencia de conducir tipo A.
En lo general, se comentó que la propuesta de gratuidad en el transporte público para adultos mayores modifica un artículo de manera aislada sin armonizarla con el resto del sistema tarifario previsto en la Ley de Movilidad, por lo que resulta contraria a su propósito. Se precisa que, al ordenar la gratuidad sin reformar las disposiciones correlativas, se produce una fragmentación normativa que genera inseguridad jurídica, dificulta la aplicación administrativa e impide que la autoridad pueda operar de manera coherente los nuevos supuestos.
La propuesta, añadieron los expertos, no realiza consideraciones respecto de otros grupos vulnerables, ya que la tarifa preferencial está sostenida por ingresos fijos, de igual forma no considera mecanismos de compensación para la sostenibilidad de dicho coste que pasa a ser absorbido por los concesionarios con repercusiones al resto de los usuarios, puesto que actualmente existen alrededor de 580 mil adultos mayores en la entidad con tendencia a una tasa anual de incremento del 3.5%.
Mencionaron que el diseño normativo planteado no incorpora los elementos jurídicos, técnicos, económicos y presupuestarios indispensables para garantizar que la medida pueda implementarse conforme a los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, legalidad, proporcionalidad, eficiencia del gasto público y seguridad jurídica.
También, que la propuesta mantiene un riesgo de trato desigual debido a la falta de integralidad sustantiva y en materia presupuestaria, representa un costo potencialmente elevado y recurrente, pues transforma un ingreso tarifario en un subsidio implícito que debería ser absorbido por el erario estatal.
Gratuidad de transporte público para cuidadores
Como comentario general, se indicó que aún se encuentra en trámite el procedimiento legislativo en el orden federal, relativo a la expedición de una Ley General del Sistema Nacional de Cuidados y ello permitirá ofrecer nuevos derechos y esquemas jurídicos para este sector de la población; y por otra, que el esquema propuesto genera un trato más favorable para la persona cuidadora que para la propia persona con discapacidad, lo cual resulta inequitativo y contrario a la lógica de priorización que debe regir las medidas de inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad.
También se indicó que la instauración de la gratuidad del transporte público para personas cuidadoras exige analizar si dicha medida implica una carga indebida para los concesionarios o permisionarios del servicio público de transporte en las modalidades de urbano, suburbano e intermunicipal.
En ese mismo sentido, se plasmaron algunas problemáticas que existen en los municipios como la infraestructura de transporte público digno y adecuado, tanto para los cuidadores y personas con discapacidad, para así garantizar la accesibilidad universal de los usuarios, la profesionalización de concesionarios en materia de operatividad de transporte y la renovación vehicular.
La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco mencionó que las propuestas visibilizan la problemática de la ciudadanía diaria, tanto adultos mayores y cuidadores, sin embargo, actualmente el sistema de transporte público en los municipios no garantiza una perspectiva de inclusión. Agregó que ambas iniciativas tienen cuestionamientos técnicos de duplicidad normativa que requieren armonización.
Rechazan licencia permanente de manejo tipo A
También analizaron la propuesta que tiene como objetivo establecer la expedición de la licencia de conducir tipo A con vigencia permanente. Al respecto, se indicó de manera general que no se considera viable, ya que se estima que la iniciativa presenta riesgos relevantes y vaguedad sobre mecanismos de verificación obligatoria.
Se precisó que tendría implicaciones no solamente de índole tributaria al dejarse de obtener ingresos por el pago por renovación, sino también causaría una falta de actualización de datos y, por ende, un impacto en la seguridad vial y pública al no mantener un control sistemático y renovación periódica.
Los proponentes comentaron que de ninguna manera la licencia vulnera las finanzas estatales derivado de la densidad población por rango de edad. Compartieron que no se niega una revisión periódica sino la tramitología para adquirir y renovar las licencias de conductor y los porcentajes de recaudación anual que aplica el estado.
Adicionalmente, se plasmó que se registran en promedio 600 muertes de tránsito por año y la renovación de la licencia es un sistema de prevención para evitar y reducir la siniestralidad, debido a que el 30 % de los guanajuatenses maneja automóvil.
Finalmente, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco recordó que la comisión se mantiene a la espera de la solicitud enviada a la Ciudad de México, en lo referente a la implementación de la licencia permanente para integrar al citado dictamen y emitir un sentido de este.
En los trabajos de la mesa participaron la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, así como funcionarios de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Finanzas, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Seguridad y Paz, de la Secretaría de Obra Pública, de la Secretaría de Gobierno y personas asesoras parlamentarias.
