La educación superior es un bien público. Los países que han apostado por la educación superior, la
ciencia y la tecnología como palancas de desarrollo, han logrado transformaciones profundas.
Uno de los más importantes y nobles objetivos de la presente administración, con el cual coincidimos
y apoyamos, es el aumento de las oportunidades educativas para los que menos tienen. La meta que
el Presidente de la República ha establecido para el 2024 es de lograr el 50% de la cobertura en
educación superior, lo cual implica incorporar al sistema educativo a alrededor de 1 millón de
estudiantes adicionales.
Ante ello, vemos con gran preocupación y desanimo las políticas presupuestales que se han
implementado y mantenido desde los últimos dos años de la pasada administración federal, y que se
han acentuado en lo que va de la actual.
Las y los que suscribimos, rectoras y rectores de universidades e instituciones públicas de educación
superior, nos preguntamos: ¿cómo vamos a lograr la loable meta de incorporar 1 millón de
estudiantes, con calidad y pertinencia, sin contar con los recursos ordinarios y los fondos
extraordinarios necesarios para ello?
En los últimos 20 años, nuestro país pasó de tener una cobertura de 20% en el año 2000 (2 millones
de estudiantes) a 40% en el 2020 (4.3 millones de estudiantes). Cabe señalar que el mayor
incremento de matrícula del subsistema público se ha dado, precisamente, en las universidades
públicas estatales (UPES). Ello gracias a políticas de financiamiento en las cuales los recursos
ordinarios crecientes, utilizados principalmente para el pago de salarios a nuestros docentes y
personal administrativo, eran complementados con bolsas de recursos adicionales sujetos a
concurso, que permitían nueva infraestructura, equipamiento, desarrollo científico, estímulos al
desempeño docente, movilidad académica, entre otros.
Paulatina pero sistemáticamente, estas palancas de desarrollo han desaparecido. Mientras en 2015
existían 11 fondos extraordinarios para las UPES (Ramo 11), con una asignación de casi 6,900 millones
de pesos, para este año solo hay tres fondos con 1,374 millones asignados. Más preocupante aún es
que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2021) solo sobrevive un fondo,
el PRODEP, con una asignación de apenas 102 millones de pesos.
Adicionalmente, del 2015 al 2020 el presupuesto ordinario federal para la educación superior no ha
crecido por arriba de la inflación, por lo que, en términos reales, las universidades públicas estamos
operando con menos presupuesto que hace 5 años. Ello sin dejar de mencionar que aún no se
entregan los recursos correspondientes al incremento salarial federal del presente año, compromiso
establecido en los Convenios de Apoyo Financiero signados con la Secretaría de Educación Pública.
En tales condiciones de creciente precariedad, las universidades estamos en riesgo inminente no solo
de incumplir con las metas presidenciales, sino de entrar en una espiral de inestabilidad financiera y
política. Mientras los presupuestos se reducen cada año, nuestra matrícula sigue creciendo y nuestros
profesores siguen mejorando sus indicadores y exigiendo, con toda razón y legitimidad, mejores
salarios y mayores estímulos a su desempeño docente.
La situación del Programa de Estímulos al Desempeño Docente (ESDEPED) es particularmente
preocupante. El sostenimiento de dicho Programa, fundamental para compensar los magros salarios
de nuestras y nuestros docentes, se basaba en dos premisas: El crecimiento constante del subsidio
ordinario por arriba de la inflación y la existencia de recursos adicionales por medio de fondos
concursables. Sin estos dos supuestos se vuelve inviable sostener la tendencia de crecimiento de los
estímulos docentes, afectando negativamente a nuestras comunidades académicas y científicas.
Cabe señalar que el Fondo Carrera Docente U040, que precisamente fue creado para compensar la
presión presupuestal de los programas de estímulos en las universidades públicas estatales, este año
tuvo una disminución del 30% y para el 2021 no tiene asignación presupuestal alguna. Asimismo, este
año la SEP no permitió sumar este Fondo a la bolsa general de estímulos, como se hacía desde su
creación en 2008, lo que está causando déficits y distorsiones en diversas instituciones educativas.
Ante el sombrío panorama descrito, las y los firmantes, hacemos un llamado a las y los Legisladores
para:
| Garantizar un presupuesto federal ordinario 2021 que crezca significativamente por arriba de la
inflación, recuperando el terreno perdido desde 2016.
| Rescatar e incrementar la asignación presupuestal para los fondos extraordinarios, sobre todo
para el Programa Carrera Docente (U040), el Programa para el Desarrollo del Personal Docente
(PRODEP) y el Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa.
| Asignar recursos suficientes para el Programa de Expansión de la Educación Media Superior y
Superior, que financia el Fondo para Garantizar la Obligatoriedad y la Gratuidad, establecida en el
Artículo 3ro Constitucional.
| Realizar un exhorto a la SEP para que permita que el Programa Carrera Docente (U040) pueda
seguir complementando los programas de estímulos de nuestro personal académico y,
adicionalmente, para crear un programa de regularización para que dichos estímulos pasen a
formar parte del salario de nuestras profesoras y profesores.
Respetuosa pero energicamente, exhortamos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
para que se corrigan las distorsiones del PPEF2021 y se asigne un presupuesto acorde con las
necesidades de desarrollo de nuestro país, sobre todo en un contexto de emergencia sanitaria y
social como el que vivimos.
De no corregirse el presupuesto y asignarse mayores recursos a la educacion superior, no se logrará
el anhelo establecido en el propio Programa Sectorial de Educación (PSE 2020-2024) de que “los
rezagos en la educación habrán quedado en épocas pasadas.” Por el contrario, dichos rezagos serán
mucho mayores y más apremiantes en un contexto de creciente inconformidad social.
