El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó un punto de acuerdo para instruir al Auditor Superior del Estado de Guanajuato que incluya en el Programa General de Fiscalización 2022, la realización de una auditoría específica al municipio de San Miguel de Allende sobre la ejecución y cumplimiento del contrato de arrendamiento puro con las empresas Bercale Services, S.A. de C.V. y Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., número SSP-001-07-2019 del 22 de julio de 2019 y su modificatorio del 5 de agosto del mismo año.
Las operaciones y actos jurídicos que pretende se auditen, implicaron la instalación de 91 semáforos inteligentes que permiten, además del control del tránsito vehicular, el monitoreo de seguridad mediante cámaras conectadas con el C4 -Centro de Comando, Control y Comunicaciones- del municipio de San Miguel de Allende.
Al dar lectura a las consideraciones del documento, la diputada Katya Cristina Soto Escamilla puntualizó que la rendición de cuentas y la fiscalización superior representan un factor adicional invaluable para la gobernabilidad, la gobernanza y el desarrollo de las sociedades, ya que el ejercicio fiscalizador, era un tema sensible y fundamental para todos los servidores públicos.
“Constituye un instrumento de gran utilidad para que cualquier gobierno, haga un mejor uso de los recursos a su disposición y que, de ello. La fiscalización sirve a todos, es una inversión con alto rendimiento social que coadyuva a erradicar la corrupción, detonada principalmente por la discrecionalidad en el ejercicio público”, expresó.
Soto Escamilla, enfatizó que en la mayoría de los estados contemporáneos se puede encontrar un sistema de rendición de cuentas y sus correspondientes instituciones y ordenamientos jurídicos, el cual puede clasificarse en: controles de unos poderes públicos frente a otros; información pública; y responsabilidades y sanciones para los funcionarios públicos derivadas del incumplimiento de deberes y obligaciones.
En ese sentido, la congresista dijo que la rendición de cuentas sobre la gestión financiera pública y sus resultados eran la columna vertebral de todo funcionamiento de una sociedad organizada como estado democrático, debido a que el diseño jurídico de las instituciones encargadas del control y vigilancia de los recursos públicos estatales permiten observar el grado de desarrollo de las democracias y la salvaguarda del Estado de derecho.
“En un Estado con división tripartita de poderes públicos corresponde al Poder Legislativo, como órgano que representa la soberanía popular, aprobar el presupuesto público y controlar su ejercicio, a través del deber público de fiscalización superior; al Poder Ejecutivo la ejecución de tal presupuesto y el informe de sus resultados; el Poder Judicial actúa sólo si hay conflictos sobre la aplicación e interpretación de las normas que rigen esta relación de control y vigilancia entre los otros dos poderes” explicó.
Finalmente, la legisladora apuntó que la importancia de las entidades de fiscalización superior para los Poderes Legislativos radicaba en la información sobre el uso gubernamental de los recursos públicos.
“Consideramos que la vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos encomendados a las autoridades es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo”, expresó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
