Irapuato, Guanajuato.- Integrantes del Movimiento Social Organizado (MSO), que dice ser de Morena, informaron que presentaron diversas denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado, derivadas de los acontecimientos registrados durante la movilización realizada el pasado mes de mayo en el centro de la ciudad, en la cual sostienen que fueron víctimas de una supuesta represión por parte de la presidencia municipal de Irapuato.
De acuerdo con los representantes de la organización, durante la marcha que encabezaban se encontraron frente a la Presidencia Municipal con otro contingente conformado por comerciantes que también se manifestaban en la zona. La coincidencia de ambas movilizaciones derivó en una serie de empujones e intercambios verbales entre participantes de ambos grupos, situación que concluyó en un altercado que generó momentos de tensión entre los asistentes.
El Movimiento Social Organizado, vinculado políticamente a un grupo morenista encabezado por Aarón Cabañas, así como su esposa la regidora Elvia Aguado y el regidor Ignacio Morales, además del diputado federal José Aguirre, señaló que a raíz de estos hechos decidieron emprender acciones legales y administrativas.
Los integrantes del MSO de Morena argumentaron que fueron vulnerados sus derechos de libertad de expresión y audiencia, por lo que promovieron una queja formal ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, instancia a la que solicitaron investigar la actuación de las autoridades municipales durante el desarrollo de la manifestación.
Asimismo, informaron que ante la Fiscalía General del Estado interpusieron una denuncia por los presuntos delitos de abuso de autoridad y daños por incendio, esta última presentada contra quien o quienes resulten responsables de los hechos ocurridos durante la jornada de protesta.
Los representantes del movimiento manifestaron que esperan que ambas instancias realicen las investigaciones correspondientes para determinar si existieron violaciones a derechos humanos o conductas constitutivas de delito relacionadas con los acontecimientos registrados durante la movilización.
